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La siniestralidad laboral en España . Prevenir es prioritario para todos los agentes sociales

Los últimos datos recogidos por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social muestran un notable aumento de la siniestralidad laboral en España, casi del 20% respecto del mismo periodo del año anterior. 

El pasado 28 de abril se celebró el Día Mundial para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Esta efeméride constituye una fecha señalada en el calendario para todos los actores implicados en la lucha contra la siniestralidad laboral. La OIT (Organización Internacional del Trabajo) proponía este año poner el foco en la optimización y compilación de los datos de seguridad y de salud. En definitiva, se trataría de generar indicadores que permitan un eficaz diagnóstico de situación, con objeto de facilitar a las empresas y a los poderes públicos la planificación, implementación y evaluación de programas dirigidos a la seguridad y al bienestar de los trabajadores.

Por otra parte, también el pasado 1 de mayo, las principales centrales sindicales en España tejieron parte de su discurso reivindicativo en el aumento de la precariedad laboral y, por tanto, en el incremento consecuente de los accidentes de trabajo. A juicio de los más altos representantes sindicales, los recortes sociales acometidos por el Gobierno y validados por los empresarios suponen peores condiciones de trabajo y, por ende, mayor siniestralidad e incremento de accidentes mortales o muy graves para los trabajadores. No obstante, la patronal considera que la recuperación económica patente conlleva, en gran medida, un repunte de la siniestralidad laboral en el país. El Gobierno, por su parte, insiste en la apuesta por las políticas públicas adecuadas de promoción y fomento de las medidas preventivas, así como el control y vigilancia de los incumplimientos por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Vemos, por lo tanto, que, en materia de siniestralidad laboral en España, la toma de posición en un asunto social o laboral con posibles repercusiones políticas depende en buena medida de la percepción subjetiva de cada protagonista, por lo que lo más sensato en este terreno será siempre acudir al sistema de información al que hacía referencia la OIT. En este sentido, el avance de enero a marzo de 2017 de las estadísticas de Accidentes de trabajo que ha elaborado el Ministerio de Empleo y Seguridad Social nos ofrece la foto fija más reciente y objetiva en materia de siniestralidad laboral en el país.

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Datos sobre siniestralidad laboral

A la luz del citado avance, se han registrado 142.004 accidentes de trabajo con baja durante el periodo enero-marzo de 2017, de los cuales 122.944 ocurrieron durante la jornada laboral y 19.060 fueron accidentes in itinere. Se registraron 903 accidentes graves en jornada de trabajo y 123 accidentes mortales, que representan un índice de incidencia de 277,6 accidentes por cien mil trabajadores al mes. Las fuentes de información nos indican a priori unas cifras muy gruesas, que para los no expertos pueden resultar abrumadoras pero, como en cualquier relación estadística, luego se debe profundizar y analizar en el marco de las políticas preventivas a fin de poder extraer conclusiones veraces y eficaces.

Si desglosamos los datos de los accidentes de trabajo mortales en jornada de trabajo del periodo de referencia (enero-marzo 2017), observamos que los 123 accidentes acaecidos suponen un aumento de casi el 20% respecto al mismo periodo de 2016. Sin embargo, ese repunte se concreta sobre todo en las patologías no traumáticas (infartos, derrames, etc.), pasando de 52 a 62. Si a este dato se añaden los accidentes de tráfico (18), se pueden computar los accidentes de trabajo mortales ocurridos en el primer trimestre de 2017 derivados de posibles incumplimientos de normativa de seguridad y salud: 40.

Es en este ámbito ya más acotado, donde se produce la intervención de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social como órgano competente para llevar a cabo la investigación que determinará posibles responsabilidades administrativas, recargo de prestaciones o posible remisión al Ministerio Fiscal. Y, en este sentido, cabe reseñar que, tal y como ya apuntaba el estudio elaborado por la propia Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre los accidentes de trabajo traumáticos y mortales (afiliados o no) de 2015, la caracterización de los mismos en España sigue sin modificarse. De los 40 accidentes mortales citados, 15 se producen como consecuencia de caída de altura y 15 por atrapamientos o aplastamientos. Además, el aumento porcentual se concentra en los sectores de la industria (17%) y notablemente en la construcción (120%).

¿Por qué han aumentado los accidentes laborales?

Por todo ello, más allá de la demagogia mediática habitual en el terreno de la “posverdad”, y en virtud exclusivamente de los datos objetivos disponibles, cabe concluir que ciertamente existe un claro auge de los accidentes laborales en España, pero la lógica de imputar esta tendencia a la crisis económica y a las reformas legislativas laborales de los últimos años parece que no se ajusta del todo a la realidad. Los mismos sectores donde se producían los siniestros que investigaban los inspectores de Trabajo hace más de una década vuelven a aflorar. Vuelven a reiterarse los mismos incumplimientos de la normativa de prevención. Las cifras son francamente poco digeribles, pero mal haríamos si nos excusáramos en la recuperación económica o si le echamos la culpa a las supuestas políticas neoliberales del Gobierno.

Desde la experiencia de la actuación sobre el terreno, podemos vislumbrar que los resultados objetivos actuales quizás tengan más que ver con una no asunción de la normativa de prevención de riesgos laborales, normas que se promulgaron en 1995 y que, tanto con bonanza económica como con vacas flacas, han sido apartadas de los núcleos de decisión de las empresas. Tampoco los agentes sociales han podido concienciar y promover la excelencia en seguridad y salud laboral.

El hecho insoslayable de la repetición ad eternum del tipo de accidente mortal en España nos hace pensar que no se ha conseguido integrar una verdadera cultura preventiva en el país. Para que esto suceda no puede fiarse todo al control y la sanción del poder público, sino que la prevención, con letras mayúsculas, debería entrar definitivamente en las prioridades de la empresa, de los agentes sociales y, fundamentalmente, en las pymes. Hay vidas en juego.

Escrito por

Inspector de Trabajo y Seguridad Social. Responsable de la Unidad de Seguridad y Salud Laboral de la Inspección de Madrid.

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