Es ineludible repensar la financiación de la Seguridad Social . Turno para los técnicos
Gil Ramos | 14 de junio de 2018
Sociedad
La Seguridad Social sufre un déficit estructural que obliga a revisar los planes de sostenibilidad. Es importante dejar trabajar a los técnicos en el marco del Pacto de Toledo y no descartar medidas como la creación de un impuesto especial y progresivo.
El último informe del Tribunal de Cuentas sobre Seguridad Social llama la atención por la cifra de patrimonio neto negativo de 176 millones de euros, es decir, en términos contables, la quiebra técnica. Debe resaltarse que el informe que se ha hecho público se refiere al ejercicio de 2016, con lo que el estado actual del patrimonio podría haber mejorado sustancialmente por vía empleo en los últimos meses, añadiendo el matiz del propio órgano fiscalizador que menciona específicamente la significativa aportación de las entidades colaboradoras (mutuas) con un patrimonio neto positivo de 4.906 millones de euros. Ello puede determinar un saldo más aproximado del patrimonio de la Seguridad Social en fecha actual.
Con las pensiones nos jugamos el mañana . Se necesitan reformas sin ventajismo electoral
Sin perjuicio de los llamativos titulares sobre la eventual quiebra financiera del sistema de Seguridad Social, lo que no ofrece ninguna duda es que nuestro sistema alcanza un déficit por un importe aproximado de 18.000 millones de euros, y esta cifra significa que nuestro sistema adolece de falta de ingresos con gastos crecientes, debido a la disminución de población activa (trabajadores cotizantes), por una parte, y al aumento de la esperanza de vida y de la inversión de la pirámide demográfica, por otra (incremento de pensionistas). Nihil novum sub sole, esta es una tendencia archiconocida que ha supuesto adoptar por los Gobiernos desde 2010 medidas para la reforma de la Seguridad Social con la Ley 27/2011, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, que prolongaba la edad y periodo de carencia para acceder a la pensión, y la Ley 23/2013, reguladora del famoso factor de sostenibilidad, puesto en barbecho recientemente, y del índice de revalorización de las pensiones, que puede tener los días contados con el acuerdo para volver al IPC como referencia. Sea como fuere, la debilidad de los ingresos por cuotas, así como el exceso de bonificaciones financiadas por esta vía, junto con todo el impacto de la crisis económica y el subsiguiente desempleo, han conllevado que desde 2010 hasta 2016 se hayan perdido 76.000 millones de euros de patrimonio y que actualmente exista el referido déficit estructural. Estos son datos objetivos irrefutables.
No es descartable un impuesto especial
Vistas las significativas manifestaciones de primavera por parte de los pensionistas y teniendo en cuenta la reacción de los partidos políticos, con un presupuesto que el nuevo Ejecutivo va a respetar lo lógico es que el déficit aumente a final del ejercicio y que se resienta también el patrimonio de la Seguridad Social. Para hacer frente a este desafío, más allá de los titulares, constituye un factor indispensable que se deje a los técnicos trabajar en el marco del Pacto de Toledo, a fin de obtener un diagnóstico compartido en cuanto a la sostenibilidad del sistema. De este modo, se podría llegar a aplicar medidas consensuadas, pero ante todo eficaces, transmitiendo a los ciudadanos el mensaje de asunción de la realidad de los hechos con las posibles soluciones para salvaguardar el sistema público de reparto de pensiones, no solo para los más mayores sino también para los futuros pensionistas.
Ya en 1995, en el Parlamento, ante la amenaza de quiebra de la Seguridad Social en España, se discutió la opción de implantar en el sistema de reparto una contribución especial para financiar las pensiones, tal y como Alain Juppé había establecido en Francia. Este impuesto no se contempló en nuestro país por el riesgo de aumentar la presión fiscal y, sobre todo, el desgaste político. Sin embargo, en Francia sí se instauró una figura impositiva específica universal y progresiva, que reporta a las arcas del sistema de Seguridad Social francés unos recursos de gran magnitud para el sostenimiento de la protección social.
Primeras palabras de Magdalena Valerio como ministra de Trabajo, Migraciones y #SeguridadSocial. https://t.co/7c2IbjMWyj
— Revista de la Seguridad Social (@RvstaSegSocial) June 8, 2018
Dicho mecanismo, en principio, no parece trasladable directamente al sistema de Seguridad Social español, ya que adolece de algunos inconvenientes notorios, debido sobre todo a sus efectos sobre el incremento de la carga fiscal y correspondiente pérdida de poder adquisitivo que afecta no solamente a las rentas del trabajo sino también a las de sustitución. No obstante lo anterior, para evitar la pérdida crónica del patrimonio de la Seguridad Social y con objeto de garantizar el futuro del sistema, puesto que con los recursos derivados del empleo actual no es suficiente para disminuir el déficit, el Pacto de Toledo, con sus técnicos a la cabeza, tendrá ineludiblemente que repensar las vías de financiación de un sistema, más allá de dar satisfacción a la reclamación popular por medio de la actualización de las cuantías de las pensiones al IPC.
En la discusión irremediable de la sostenibilidad, tan solo una pista: el sistema implantado en Francia en los albores de los años noventa del siglo XX se inició con tan solo un tipo del 1,1%; por ello, no convendría descartar que al final se implante un nuevo impuesto como el modelo francés, progresivamente y con sujeción a rendimientos quizás no vinculados a rentas de sustitución, sino al capital, patrimonio, o del juego, de modo que el recargo de solidaridad con estos parámetros podría ser mejor digerido por la sociedad.
La Seguridad Social sigue siendo un sólido pilar del Estado del bienestar, que no se halla en ningún caso en peligro debido a la situación contable, pero resulta indefectible solventar y ordenar de modo urgente las fuentes de financiación del sistema para que la sostenibilidad sea creíble y duradera.