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Quienes no creen en los sindicatos se frotan las manos . Pero nuestra sociedad los necesita

La verdadera fuerza de los sindicatos- los más representativos- no está hoy en la calle ni en la sociedad. La alta competitividad que la mundialización de la economía impone hace infructuosa la medida de conflicto colectivo típica de los sindicatos, al menos en el sector privado: la huelga.

 A fin de cuentas, sobre los sindicatos también recae la responsabilidad de mantener el trabajo y la huelga, en muchos casos, no hace sino deteriorar la situación de la empresa y acelerar la destrucción de empleo. El enfado que parte importante de los trabajadores tiene con los gobiernos que han introducido las inevitables reformas laborales flexibilizadoras se extiende también a los sindicatos que no han podido evitarlas. El poder de los sindicatos está hoy en su integración institucional, muy especialmente en la negociación de los convenios colectivos.

Una singularidad del sistema español de relaciones laborales es lo genuino de su formación histórica, monopolizada mucho tiempo por el poder normativo del Estado, con escasos episodios de autodefensa de los propios trabajadores.  A diferencia de lo ocurrido en otros ordenamientos jurídicos europeos, la primera legislación social española no está alumbrada por el movimiento obrero, sino por la confluencia del pensamiento reformista krausista y del pensamiento católico español.

Ni el respaldo social ni los afiliados ni los votos son los que hoy sostienen a los sindicatos. La realidad es que los sostienen el Estado y la ley

En nuestro país, el sindicalismo propiamente dicho solo triunfó bien entrado el siglo pasado, lo que hizo coincidir en el tiempo el advenimiento de un nuevo régimen político, republicano y burgués, con el crecimiento del movimiento obrero. Extraña amalgama esta que desdibujó tanto al primero como al segundo, con la consecuencia para el sistema de relaciones laborales de que este se afianzase más adelante en el seno de un régimen autoritario que desconfía de la autonomía laboral, bajo el paradigma de la norma estatal y sin libertad sindical que hiciera posible una auténtica negociación colectiva laboral.

Cuando llegó la Transición, los sindicatos gozaban de gran prestigio. Eran una de las ansiadas novedades de la Democracia: libertad y pluralismo sindical. Los sindicatos fueron protagonistas de aquel tránsito político y colaboraron en los Pactos de la Moncloa. Siendo parte necesaria del consenso democrático, los emergentes sindicatos se integraron pronto con naturalidad en el sistema institucional. La vieja organización sindical franquista fue reemplazada por los nuevos sindicatos. Sindicatos que disponían, además, tanto del recién proclamado derecho fundamental de huelga como de otras medidas de conflicto colectivo. No solo había nuevos sindicatos, sino que estos era fuertes porque ahora tenían el derecho de huelga.

La reforma laboral

Manifestaciones de esa fortaleza fueron no solo huelgas generales que paralizaban el país, sino también la concertación social, con la que se quería que las leyes laborales fueran fruto del consenso con los interlocutores sociales. Eran tiempos en que los sindicatos tenían una deslumbrante capacidad de convocatoria. Todo ello fue afianzando cada vez más la integración de los sindicatos en el sistema y la atribución legal de mayores competencias y derechos: representación institucional de los intereses generales de los trabajadores, negociación y celebración de convenios colectivos de eficacia normativa, participación en sistemas no jurisdiccionales de solución de conflictos de trabajo, promoción de elecciones sindicales, cesiones temporales del uso de inmuebles de titularidad pública y subvenciones del Estado a través de los Presupuestos Generales.

Con el fin de determinar qué sindicatos debían gozar de ese elenco de capacidades, se hacía preciso establecer un criterio de medición de la representatividad de cada uno. Enseguida se desechó el criterio de implantación, es decir, el número de afiliados. A la dificultad de comprobar los datos de afiliados, se sumaban la inexistencia de una cultura de pluralidad sindical y el resquemor a divulgar las opciones políticas y sindicales de cada cual.

Se prefirió el criterio de la audiencia electoral. En realidad, no existen elecciones sindicales en sentido estricto. En cada empresa o centro de trabajo, al vencer el mandato del comité de empresa –en su caso, delegados de personal–, los sindicatos con la representatividad precisa convocan, si lo estiman oportuno, elecciones para renovar dicho comité. Indirectamente, cada vez que se elige a un miembro del comité de empresa o a un delegado de personal, este computa a favor del sindicato que respaldó su candidatura. La suma total de puestos a nivel estatal, de comunidad autónoma, incluso en territorios y sectores muy variados permite determinar en cada momento la representatividad de los sindicatos en cada uno de esos ámbitos.

Sobre los sindicatos también recae la responsabilidad de mantener el trabajo y la huelga, en muchos casos, no hace sino deteriorar la situación de la empresa y acelerar la destrucción de empleo

Este mecanismo, al medir la representatividad por ámbitos muy variados, permite además dotar a los convenios colectivos de eficacia normativa, de manera que obligan no solo a los afiliados a los sindicatos y asociaciones empresariales, sino a todos los trabajadores y empresarios incluidos en su ámbito de aplicación. Este es el principal cometido de los sindicatos más representativos: negociar y celebrar convenios colectivos de eficacia general.

El Estado y la ley, únicos sustentos de los sindicatos

Sin embargo, en las empresas de menos de seis trabajadores no se celebran elecciones. Esto afecta al 15,2% de los trabajadores, pero el porcentaje aumenta en la misma medida en que lo hacen las pequeñas empresas. Además, según el informe La representación sindical en España (2015, Fundación 1º de Mayo), dos de cada tres asalariados en empresas de seis o más trabajadores no votan en las elecciones sindicales; el 75% de ellos, por no tener posibilidad de hacerlo, al trabajar en empresas en las que no se han convocado elecciones, que son tres de cada cuatro. Eso sí, en las empresas en las que se celebran elecciones, la participación media sería –según ese mismo informe– muy elevada: 67,7%. Si hacemos números, el volumen de trabajadores a los que se aplican condiciones de trabajo negociadas por sindicatos en cuya elección no han podido participar es muy grande.

Ni el respaldo social ni los afiliados ni los votos son los que hoy sostienen a los sindicatos. La realidad es que los sostienen el Estado y la ley. Los que no creen en los sindicatos estarán frotándose las manos. Pero los trabajadores y la sociedad necesitan sindicatos sólidos. Hay que preguntarse si no será tiempo de replantearse el mecanismo de medir la representatividad de los sindicatos y el tipo de eficacia que los convenios colectivos deban tener.

Foto de portada : Los secretarios generales de los sindicatos de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo (izquierda) y Ugt, José Álvarez (centro) durante una manifestación (Agencia EFE).
Escrito por

Profesor de Derecho del Trabajo en la USP CEU.

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