Juan Pablo Maldonado | 27 de agosto de 2017
La política migratoria ha modificado su enfoque teniendo en cuenta no solo la situación concreta del mercado laboral interno, sino también la posible contribución al crecimiento económico del país.
Desde siempre –más en la economía mundializada de nuestro tiempo- la internacionalización ha sido sinónimo de prosperidad y creación de riqueza. La crisis económica ha puesto en evidencia la interrelación entre migraciones y riqueza, y el potencial de la inmigración para la recuperación económica.
Desde hace tiempo, en el ámbito anglosajón, países como Australia, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Reino Unido poseen normas migratorias dirigidas a atraer el talento, la inversión y el emprendimiento, y así alcanzar el progreso económico, científico y social.
Con la Ley de Emprendedores el Estado español viene a hacer lo mismo, lo que a su vez también están haciendo otros países europeos, que hasta hace poco seguían políticas inmigratorias eminentemente defensivas y que con la crisis han visto la necesidad de captar capital y talento extranjeros.
La política de inmigración es cada vez en mayor medida un elemento de competitividad
Tradicionalmente, la política de inmigración se ha enfocado únicamente hacia la situación del mercado laboral. Ahora corresponde ampliar la perspectiva y tener en cuenta no solo la situación concreta del mercado laboral interno, sino también la contribución al crecimiento económico del país.
La política de inmigración es cada vez en mayor medida un elemento de competitividad. La admisión, en los países de nuestro entorno, de profesionales cualificados es una realidad internacional que, a nivel global, se estima que representa el 30 por ciento de la emigración económica internacional.
Frente a la visión restrictiva de la política de inmigración, que veía en el emigrante un peligro para el empleo interno y para la cohesión social, se imponen perspectivas más abiertas que ven en la inmigración –a determinados niveles- una oportunidad.
Esa flexibilidad de entrada en el mundo activo español no es generalizada, sino selectiva. La Ley de Emprendedores, de 2013 es clara: Los extranjeros que se propongan entrar o residir, o que ya residan, en España verán facilitada su entrada y permanencia en territorio español por razones de interés económico, como es el caso de inversores, emprendedores, profesionales altamente cualificados, investigadores y trabajadores que efectúen movimientos intraempresariales dentro de la misma empresa o grupos de empresas. Son los llamados golden visa.
De entre ellos, destacan los compradores de inmuebles, a los que se requiere una inversión mínima de 500.000.-€. Según publica el portal inmobiliario Idealista.com (diciembre 2016), el Gobierno ha tramitado más de 24.500 visados a extranjeros procedentes de la llamada ‘Golden Visa’ desde 2013, que han movilizado un total de 1.708 millones de euros.
El 77% de esta inversión procede de la adquisición de cerca de 2.000 viviendas. Los ciudadanos rusos y chinos habrían sido los que más se han beneficiado de este permiso de residencia y trabajo a cambio de inversión inmobiliaria.
El tratamiento utilitaria de la política migratoria ha llevado a facilitar la entrada y permanencia de determinados perfiles de extranjeros
Con todo, los resultados no son los esperados. La tramitación del visado y de la residencia de los inmigrantes ha seguido siendo lenta, con trabas innecesarias.
Así, Portugal, nuestro principal competidor en este terreno, con un procedimiento más ágil y flexible, ha captado mayores inversionistas, a pesar de ser un destino menos atractivo. Ello obligó a relajar aún más nuestras normas inmigratorias en 2015, facilitando -por ejemplo- la entrada de familiares.
No es que la estrategia española y europea frente a la inmigración deje de ser defensiva. Esa sería –a nuestro juicio- una conclusión excesiva. Más bien, lo que ocurre es que el tratamiento utilitarista de la política migratoria ha llevado a facilitar la entrada y permanencia de determinados perfiles de extranjeros que pueden ser interesantes para el desarrollo y crecimiento económico de nuestro país, como son: inversionistas, compradores de inmuebles, emprendedores, trabajadores altamente cualificados y científicos. No nos engañemos, por definición, la política migratoria es defensiva. Ahora se vuelve elitista.
La política de inmigración ahora corresponde a ampliar la perspectiva y tener en cuenta no solo la situación concreta del mercado laboral interno, sino también la contribución al crecimiento económico del país
Ese tratamiento selectivo y utilitarista ya existía antes, al depender por regla general la entrada y residencia de la necesidad mano de obra para puestos de trabajo que no eran cubiertos por trabajadores nacionales.
Es el conocido condicionante de la situación del empleo en España, que según momento y actividad permite o no la incorporación de trabajadores extracomunitarios, por cuenta ajena y por cuenta propia.
Con la Ley de Emprendedores ese condicionante desapareció para inmigrantes especialmente cualificados, de alto potencial para la economía española. Se parte de la base de que extranjeros de ese perfil no “quitan” puestos de trabajo, sino que más bien los crean, directa o indirectamente, además de fomentar la internacionalización del mundo productivo español. Más que facilitar la entrada y permanencia, se trata de atraer y captar a extranjeros con esos perfiles.
La apertura a estos colectivos no obedece precisamente a motivos altruistas, sin embargo sea bienvenida en la medida en que contribuya a la mejora de la competitividad del sistema productivo español y, con ello, a reducir el desempleo interno.
Nos queda –eso sí- la duda sobre el valor moral de nuestra política migratoria a la vista del muy distinto tratamiento que dispensamos a unos y otros inmigrantes según qué criterios.
