Hay jinetes de luz en la hora oscura
Juan Pablo Parra | 14 de febrero de 2017
El pasado 8 de febrero la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, sindicato de los estibadores portuarios de España, presentó un preaviso de huelga para los días 20, 22 y 24. Esta movilización se convoca, en palabras de la propia Coordinadora, «para protestar por la incidencia abrupta del Ministerio en el proceso de negociación de reforma de la Ley».
Una huelga continuada de estibadores pisando la manguera de las importaciones y exportaciones españolas puede tener unos efectos desastrosos en nuestra economía, así como dar lugar a violentas movilizaciones en las ciudades portuarias, pero… ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay hay una huelga? Recurriremos a un juego de niños para comprenderlo.
Existe un doble monopolio: mercantil porque las armadoras sólo pueden contratar con las empresas autorizadas en los puertos que sean accionistas de la SAGEP, y laboral porque sólo los estibadores de la SAGEP pueden coger las grúas
De La Habana ha venido un barco cargado de… ¿Y ahora quién me descarga el barco? Pues no cualquiera puede descargar la mercancía de un buque en un puerto. La Ley de Puertos del Estado dispone que la carga y descarga de los barcos, la estiba y desestiba, sólo puede ser realizada por empresas titulares de una licencia.
De La Habana ha venido un barco que me va a descargar una empresa con licencia, pero ¿qué trabajadores lo van a hacer? Una vez más, la Ley de Puertos no permite que estas empresas contraten a cualquiera para descargar el buque, sino que exige que en cada puerto las empresas con licencia constituyan una especie de empresa de trabajo temporal, llamada SAGEP (Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios) en cuya plantilla se encuentran los estibadores de cada puerto, quienes han ingresado en ésta conforme a los criterios de selección fijados en el convenio colectivo de aplicación y disfrutan de unas condiciones de trabajo muy pero que muy ventajosas. Esta SAGEP, cuyos socios son necesariamente las empresas con licencia para actuar en el Puerto, cederá a sus propios trabajadores bien con carácter estable bien con carácter puntual a las empresas con licencia para que descarguen los buques.
Es decir, las empresas portuarias necesitan una licencia para operar en el puerto y sólo pueden desarrollar sus trabajos mediante estibadores procedentes de la «ETT portuaria», la SAGEP, de la que obligatoriamente las empresas con licencia son socias y clientes a la vez.
Se produce así un doble monopolio: mercantil porque las empresas armadoras de los buques sólo pueden contratar la carga y descarga con las empresas autorizadas en los puertos que sean accionistas de la SAGEP, y laboral, porque sólo los estibadores de la SAGEP pueden coger las grúas para trabajar.
Como bien es sabido, a la Comisión Europea no le gustan los monopolios, tampoco el de los servicios de estiba y desestiba, contra los que actúa en todos los Estados de la Unión. La Comisión inició en su momento un procedimiento contra España ante el Tribunal de Justicia, solicitando que éste declarara que nuestro sistema portuario era contrario a la libertad de establecimiento reconocida en los Tratados. En diciembre de 2014 el Tribunal de Luxemburgo declaró contrario a la libertad de establecimiento contenida en los Tratados el exigir a las empresas que quieran operar en los puertos españoles en las condiciones expuestas.
Esta sentencia puso a España hacer los deberes de cambiar la Ley de Puertos, deberes que no se han hecho, entre otras cosas porque España ha estado un año sin Gobierno. Tal inactividad ha acabado con la paciencia de la Comisión Europea, quien ha avisado que, si no se realizan inmediatamente los cambios legislativos oportunos, iniciará otro procedimiento esta vez con multa.
Siendo el diálogo social un excelente ejercicio cívico y muestra de desarrollo, un proyecto de Ley de Puertos debe ser tramitado en las Cortes y no en una mesa de diálogo sectorial
Por su parte, desde el dictado de la Sentencia de 2014, patronal y sindicatos de la estiba han negociado un proyecto de Ley que, teniendo en cuenta los intereses comunes y privativos de estos agentes sociales, dudosamente dará una respuesta satisfactoria a Europa. Además, debemos recordar que, siendo el diálogo social un excelente ejercicio cívico y muestra de desarrollo, un proyecto de Ley de Puertos debe ser tramitado en las Cortes y no en una mesa de diálogo sectorial.
Las prisas de mal estudiante del Ministerio de Fomento, queriendo sacar in extremis una reforma del sistema portuario que ignora la propuesta de empresas y trabajadores de la estiba, ha sido considerada, recordemos, una «incidencia abrupta del Ministerio en el proceso de negociación de la ley», que motiva la convocatoria de una huelga en los puertos.
En todo caso, el conflicto está servido y la amenaza de bloquear los puertos por las buenas o por las malas es más que real. Qué harán los estibadores y cómo responderá el Gobierno, que en el conflicto los controladores aéreos de 2010 optó por tomar medidas contundentes de respuesta ante el colapso del tráfico aéreo, darán que hablar y que explicar.