El Ayuntamiento de Zaragoza amenaza la posesión de la Catedral de la Seo del Salvador y de otros edificios religiosos por parte de la Iglesia. El gobierno de la ciudad alega, de forma demagógica, que dichos monumentos pertenecen al pueblo, quien los construyó.
Una de las cosas más extrañas que han pasado en los últimos tiempos es que el Ayuntamiento de Zaragoza, gobernado por Zaragoza en Común (franquicia de Podemos), pretende demandar la propiedad de la Catedral de la Seo del Salvador y otras iglesias de la ciudad.
El ayuntamiento se basa en la nulidad de la inmatriculación de 1987 que hizo el arzobispo, y en la que, según dice su asesoría, se desconoce el título de adquisición originario y no está claro que se haya usucapido.
Antes de poner la demanda, la registradora de la propiedad Isabel de Salas dio una conferencia sobre la legalidad y corrección de las inmatriculaciones practicadas. La conferencia está en Youtube y a ella me remito porque no me atrevo a añadir nada sobre lo dicho.
Parece que el ayuntamiento alega nulidad de las inmatriculaciones porque, hasta 1998, la Iglesia estaba exceptuada de inscribir y, hoy en día, tras la oportuna reforma normativa, ya no lo está. Además, desde 2015, inscribe sin procedimiento especial alguno, como todos. Como todo el mundo sabe, el exceptuado de hacer algo puede hacerlo o no; pues bien, el ayuntamiento parece que interpreta excepción como prohibición.
Hubo, poco después, una carta abierta, publicada en el Heraldo de Aragón, de varios catedráticos de Derecho Civil de la Universidad de Zaragoza, donde explicaban que inmatricula el dueño y no que la inmatriculación crea el dominio. Explicaban también qué es la usucapión y que, sin perjuicio de que el dominio era ab initio de la Iglesia, esta habría usucapido hace muchísimo tiempo.
El alcalde de Zaragoza ignora la ley
El ayuntamiento, para dar el triple salto mortal a reclamar él la propiedad, utiliza el argumento demagógico y fácil de que fue el pueblo de Zaragoza quien construyó la catedral e iglesias demandadas y que el Ayuntamiento de Zaragoza reclama lo que debió ser suyo y no de una Iglesia que, como poder fáctico, siempre se ha apoyado en otros poderes fácticos, que son los que crean la legalidad. Quizá no lo digan tan groseramente, pero subyace que ellos representan a la gente y nadie más, jamás se emplea la expresión Iglesia como pueblo fiel, digo yo que la catedral e iglesias demandas pertenecen al pueblo fiel o Iglesia.
A esta absurda demanda se une una carta del alcalde al Papa, en la que lo trata de tú y le pide, cordialmente, las propiedades demandadas. Se ampara en la “amistad” que le ofertó el Papa cuando fue invitado en Roma a un encuentro (no recuerdo a qué). El Sr. Alcalde dice que monseñor Elías Yanes inmatriculó en base a una Ley franquista y, así, torticeramente, se hizo con la propiedad de lo demandado, que no era de la Iglesia. Son los mismos argumentos de MHUEL (Movimiento Hacia Un Estado Laico) y el Sr. Alcalde, que es abogado, sabe que son mentira.
Frente a tal cantidad de bulos, la defensa jurídica del Arzobispado ha actuado con rigor y decisión. Recurrió el acuerdo municipal sobre ejercicio de acciones, por falta o insuficiencia de informe de su asesoría jurídica, y pidió su suspensión cautelar por los gastos que esta acción absurda iba a conllevar a las arcas municipales.
El Ayuntamiento de Zaragoza reclama la titularidad de la catedral de La Seo https://t.co/mTxemWlcPu pic.twitter.com/T8TXB3RIAt
— lainformacion.com (@la_informacion) March 29, 2017
El exitoso auto del Arzobispado
El auto de 17 de mayo de 2017 del Juzgado de lo contencioso-administrativo 5 de Zaragoza accede a lo solicitado y suspende ese acuerdo. El auto repasa la doctrina sobre la suspensión, es muy claro y muy bueno, recomiendo su lectura, pero destacaré algunos puntos.
La tutela cautelar se da cuando hay una fuerte apariencia de buen derecho (fumus boni iuris) y ello sin entrar en el fondo del asunto, o sea, es complicado. Pues bien, en el caso que nos ocupa, señala el auto que la apariencia de buen derecho es “especialmente intensa”.
Además, señala la importancia del informe de la asesoría jurídica, que es básico para que el ayuntamiento sepa si lo que pretende es legal o ilegal y qué consecuencias tiene. En el caso de autos, informe hay, pero no se moja ni informa nada. Este “informe” recuerda que la función del asesor suele ser ingrata, pues se debe al derecho y punto. En ello confiamos los ciudadanos.
El auto señala los riesgos económicos que tiene para el ayuntamiento el ejercicio de esta acción infundada (entre ellos, las costas que, en materia civil, las paga el perdedor y suspende).
La estrategia del ayuntamiento es demagógica
La estrategia era demandar ahora contra toda razón y cargarse de argumentos de demagogia pura en la demanda y en el momento de su desestimación, porque son ellos los justicieros que demandan lo que es del pueblo y no se lo dan los llamados “poderes fácticos” españoles. Además, si hay costas, mejor para ellos, porque las vamos a pagar con el presupuesto municipal y será otra muestra de la injusticia del sistema.
Protección penal de los sentimientos religiosos
El ofensivo cartel del carnaval de A Coruña 2017, un nuevo escarnio a la religión católica que queda judicialmente impune y sin coste económico.Me acordaba de Goebels cuando decía que una mentira repetida hasta la saciedad se convierte en verdad. Y ese es el punto: miente, que desacreditas y algo queda. Y seguirán mintiendo, incluso ya hay gente de buena fe a la que les suscita dudas el hecho de que su alcalde se meta en este lío. Lo que pasa es que este auto ha cortado la discusión, es muy claro y el ayuntamiento debe cesar en este tipo de aventuras.
Lo que es cierto es que, al final, se hurta el verdadero debate que apuntó Javier Lambán, presidente de la comunidad autónoma, y en el que él tampoco ha entrado. El debate sería acerca de cuál es la razón para el empleo de fondos públicos en el mantenimiento y restauración del patrimonio de la Iglesia. Cuestionar la propiedad es demagógico, pero lo otro no, es serio y real, y hay que darle repuesta vía negociación y convenio, tal y como, por otra parte, manda el art. 16 de nuestra Constitución.
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