El Debate de hoy

Hay jinetes de luz en la hora oscura

Ya no parece ser el caso 3%. Según las últimas declaraciones de Jordi Montull, ex director administrativo del Palau, podríamos llamarlo, al menos por ahora, caso 4%. 

El hambre de los partidos crece y la voracidad financiera de CDC reclamaba más comisiones ilegales, según los testimonios en sede judicial. Pero, quizás, más allá del porcentaje concreto, lo importante sea discernir cómo un escándalo de semejante magnitud pudo institucionalizarse a lo largo de décadas sin que ningún mecanismo público de control reaccionase: ni Fiscalía, ni Policía, ni jueces, ni partidos de la oposición.

Una ausencia de respuesta que ni tan siquiera fue truncada después de que el propio responsable del PSC, Pascual Maragall, lanzase un 24 de febrero de 2005 –hace ya más de doce años–, y en sede parlamentaria catalana, la acusación explícita a Artur Mas de la existencia del caso 3%. Esta es la clave. La inacción en el control.

La falta de respuesta. Y, posiblemente, para sacar una conclusión acertada sobre este aspecto, sea conveniente echar la vista atrás. Hasta el inicio de los años 80. Hace más de tres décadas. Cuando una entidad llamada Banca Catalana se sumergía en uno de los mayores escándalos financieros de la Historia de España.

El banco procedía de la entidad originalmente creada en 1959 –en plena dictadura franquista– por Florenci Pujol, padre del ex president y persona que había acumulado patrimonio gracias al contrabando de divisa (según la confesión, en sus memorias, de Manuel Ortínez –ex conseller de la Generalitat con Josep Tarradellas–, en un libro que fue recomendado a los parlamentarios catalanes por el propio Jordi Pujol).

La acusación incluyó a Jordi, hijo de Florenci. Pero «solo ocho magistrados de los componentes del Pleno formulamos entonces Voto particular [frente al archivo], entendiendo que procedía el procesamiento de Jordi Pujol por hechos que treinta años después se han manifestado en los términos en que lo han hecho.

También por ello fuimos objeto de grandes críticas por lo que algunos consideraron ataques a Catalunya», tal y como resumiría lo ocurrido Margarita Robles, entonces magistrada en el caso. Porque ya por aquel entonces la sensación de impunidad dejaba entrever una especial capacidad de los Pujol y de CDC para esquivar las acusaciones.

Y porque desde aquellas fechas no han dejado de aparecer rastros y acusaciones de supuestas comisiones ilegales que hoy se relacionan directamente con las últimas anotaciones descubiertas por la Guardia Civil en la metódica agenda de Andreu Viloca, el que fuera tesorero de Convergencia Democrática de Cataluña y de CatDem, su fundación adherida.

¿Nadie sabía nada de todo esto? Es que la conveniencia de contar con los votos de CiU en el Congreso de los Diputados llevó a los dos grandes partidos, así como a todo el aparato institucional, a aprender a convivir con ello

Allí aparecen, por ejemplo, datos del Caso Urbaser. Datos relevantes que mencionan, entre otras cosas, un edicto del Ayuntamiento de Olot donde se plasma la adjudicación de servicios para la «Gestió dels serveis públics municipals de recollida de deixalles i neteja viaria».

Y donde se puede leer cómo, tras el anuncio de licitación de prestación de servicios de recogida de basuras, se llevó a cabo una reunión entre Viloca y Jordi Durán, de «Urbaser», justo el día siguiente al anuncio. Y cómo, una vez pre-adjudicada la prestación, se produjo una nueva reunión entre Viloca y Jordi Durán, que fue acompañada de un ingreso de 60.000 euros a la fundación CatDem.

En esa documentación se habla también del Caso TEC-4. Y se detalla, por ejemplo, otro anuncio de licitación, en este caso de un contrato de servicios «per al’assistencia técnica per a la redacció de l’estudi informatiu del projecte básic i del projecte constructiu de la nova estació a la L.A.V. Barcelona-Frontera Francesa per a l’aeroport de Girona».

Tras el anuncio de este contrato de asistencia técnica para la redacción del proyecto de la nueva estación del AVE, se produjeron dos reuniones entre Viloca y Antonio García Bragado, de Tec-4: una, de nuevo, justo antes de la adjudicación. Otra, inmediatamente después. Y, una vez más, la segunda de las citas fue acompañada de un ingreso de 50.000 euros a la Fundación CatDem, por parte de Tec-4.

Ese mismo día, aparece reflejado un correo electrónico en el ordenador de Viloca en el que se le informa de la llegada de la donación de 50.000 euros a CatDem. También aparece allí el rastro del Caso Constraula (TEYCO)-Grupo Soler y Copisa TEC-4. Con documentación de un anuncio oficial del Consorcio de Educación de Barcelona donde, una vez más, se licita otro contrato: de obras para el mantenimiento en los edificios escolares públicos de la ciudad de Barcelona por un «importe total presupuestado de 4.574.483,05 euros».

La agenda de Viloca vuelve a aportar información: constata todo un listado de reuniones con los constructores, Jordi Sumarroca y Jordi Soler y cómo, justo después de la adjudicación de la obra pública, se produjeron diversos ingresos de dinero por parte de ambos constructores en forma de donaciones a CatDem.

O podemos encontrar nutridas referencias al que acabó siendo el Caso Grupo Soler – OPROLER. Con una copia de una carta oficial para la publicación de una licitación de un contrato de obras consistente en la construcción de un Centro de Atención Primaria en Mataró. Y, cómo no, tanto antes como después del anuncio de licitación del concurso volvieron a producirse reuniones entre Viloca y los constructores adjudicatarios de la UTE, por parte del Grupo Soler (Jordi Soler) y por parte de OPROLER (Sergi Lerma y Josep Manel Basols).

Así se ha escrito esta historia. Contrato a contrato. Año a año. Mientras, se veía cómo las cifras crecían y cómo las contrataciones quedaban reflejadas en agendas de tesoreros del partido.

Por supuesto, se registraron simultáneamente pagos en concepto de donaciones de una de las empresas adjudicatarias (Grupo Soler) a la Fundación CatDem. Y más documentación sobre, por ejemplo, el Caso Sant Fruitos (Grupo Soler), con la adjudicación de un contrato de obras de un Centro Cívico de la localidad, por un valor sin IVA de 1.136.387,27 euros. O del Caso ROGASA, donde se relata la adjudicación de un contrato de Gestió d’lnfraestructures SAU (GISA) relativo a la ejecución de las obras de construcción del nuevo Centro de Atención Primaria en Prats de Lluçanés (Osona).

Porque así se ha escrito esta historia. Contrato a contrato. Año a año. Mientras, se veía cómo las cifras crecían y cómo las contrataciones quedaban reflejadas en agendas de tesoreros del partido. Y cómo, por desgracia, surgían relaciones con nombres que en un estado de derecho nunca deberían haber rondado estas noticias.

Un militante histórico de CDC, que fue alcalde del municipio de Anglès, se convirtió, casualmente, en delegado en Cataluña de Oproler, constructora cuyas aportaciones al partido también han sido analizadas por la lupa judicial

Me refiero, simplemente por citar un asunto más, al Caso Adigsa, paradigma de esta triste novela donde las denuncias por el cobro de comisiones se elevan no hasta el 4%, sino hasta el 20%. Un asunto que, sin embargo, no ha tenido mayores consecuencias políticas: de hecho, la magistrada del TSJ de Cataluña Núria Bassols archivó la causa abierta contra el diputado de CiU Ferran Falcó y, tres meses después, la propia magistrada era nombrada por Mas como responsable de Transparencia de la Generalitat.

Un cierre del escándalo medianamente cómodo que volvió a la memoria de muchos cuando, en octubre 2015, el marido de la jueza, Josep Manel Bassols, se convirtió en uno de los detenidos por la Guardia Civil en el marco del caso 3%. Un militante histórico de CDC que fue alcalde del municipio de Anglès (Girona) entre 1995 a 2003, propietario de un estudio de arquitectura y promoción y que, tras finalizar su etapa política, se convirtió, casualmente, en delegado en Cataluña de Oproler, constructora cuyas aportaciones al partido también han sido analizadas por la lupa judicial.

¿Nadie sabía nada de todo esto? ¿Nadie se enteraba de que las peticiones de pagos surgían en todos los sectores a lo largo de tres décadas? ¿Nadie se enteró ni siquiera tras mencionarlo públicamente Maragall –y retirarlo inmediatamente, ante la amenaza de Artur Mas de no negociar el nuevo Estatuto Catalán–? ¿O es que la conveniencia de contar con los votos de CiU en el Congreso de los Diputados llevó a los dos grandes partidos –PP y PSOE–, así como a todo el aparato institucional a aprender a convivir con ello?

Foto de portada:  Los exresponsables del Palau de la Música Fèlix Millet(1i) y Jordi Montull (2I); el arquitecto Carles Díaz (3i); el ex teniente de alcalde del ayuntamiento de Barcelona Ramon García Bragado (3d) y Enric Lambies (2d) en el banquillo de los acusados en la Audiencia de Barcelona, durante el juicio por el fallido proyecto de construir un hotel de lujo junto al Palau. Agencia EFE.