Hay jinetes de luz en la hora oscura
Pedro González | 18 de agosto de 2018
La voracidad recaudatoria parece no tener límites, y así viene a demostrarlo la introducción por el Gobierno belga de una tasa para cumbres comunitarias, un impuesto de 50 euros que habrán de abonar todos los periodistas y técnicos residentes en el país, y que quieran acreditarse para cubrir cada cumbre europea de jefes de Estado y de Gobierno.
Los máximos dirigentes de los 28 países que aún componen la Unión Europea celebran al menos dos reuniones anuales de este tipo y, a veces, alguna más con carácter extraordinario si la urgencia y gravedad de algún asunto concreto lo requiriese.
Esta tasa para cumbres comunitarias supone una exacción fiscal y fue aprobada por el Parlamento belga. Ha entrado en vigor el pasado 1 de junio, y ya se exige a los casi 1.500 corresponsales y técnicos que cubrirán la información de la próxima cumbre, prevista para el 18 de octubre.
El pretexto que la propia ley aduce para imponer esta nueva tasa para cumbres comunitarias es el de “cubrir los gastos generados por los controles de seguridad impuestos en los accesos a lugares sensibles”. Una redacción que viene a reconocer que el paso bajo los arcos de seguridad, los rayos X con que se examinan todas las pertenencias, la composición del perfil biométrico e incluso el sueldo de los agentes que vigilan todo el proceso, deberán ser costeados, al menos en parte, por las “víctimas” de tan exhaustivos controles. Se abre así una peligrosa vía para que, además de los impuestos que ya se pagan para costear, entre muchas otras cosas, la seguridad de los ciudadanos, se impongan tasas especiales adicionales para los que ejerciten determinadas actividades y hayan de acudir, por lo tanto, a los “lugares sensibles” en que aquellas se realizan.
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Tanto el presidente de la Asociación Internacional de Prensa, Tom Weingaertner, como la propia Comisión Europea, por boca de su portavoz adjunta, Mina Andreeva, han criticado la decisión, enviando sendas cartas de protesta al Gobierno que preside Charles Michel. Reclaman en ellas abandonar inmediatamente esta tasa a las cumbres europeas, que “supone una violación de la libertad de informar”.
Desde los atentados de París (2015) y de Bruselas (2016), los controles y exámenes se han intensificado en todos los edificios oficiales de la capital belga, especialmente los que albergan las instituciones europeas, de manera que tanto los periodistas como los numerosos ciudadanos que los visitan a diario han de acudir con suficiente antelación a sus citas, además de armarse de paciencia por las largas colas que se producen ante los puntos de seguridad, todos los cuales han multiplicado tanto los agentes encargados de atenderlos como sus correspondientes dotaciones tecnológicas.
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Así, pues, cada informador y cada técnico deberá pagar al Estado belga 100 euros anuales adicionales, al menos, o más si hay alguna cumbre extraordinaria. Un gasto o impuesto que en el caso de los corresponsales de los grandes medios podrán ser asumidos por estos. No será el caso para los freelance, autónomos (o falsos autónomos), cada vez más abundantes en Bruselas, y en general en la profesión periodística, que se ganan la vida a tanto la pieza.
La capitalidad europea de Bruselas le supone a esta ciudad un impacto económico decisivo, tanto por el asentamiento de embajadas y delegaciones nacionales y regionales como por la implantación de la tercera colonia de corresponsales extranjeros en Europa. Según el Mapping Foreign Correspondence in Europe (Ed. Routledge), Bélgica (931) sigue al Reino Unido (1.700) y a Francia (945) en número de informadores extranjeros con domicilio permanente en Bélgica. El país en conjunto obtiene, además, al menos un 20% de su PIB a consecuencia de la instalación en su territorio de las instituciones europeas.
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Está por ver, sin embargo, que el Gobierno belga levante esta tasa para cumbres comunitarias, un nuevo e innecesario obstáculo al trabajo de los periodistas, cuya primera consecuencia será la restricción del acceso de los medios a eventos de gran interés público.