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La sentencia que lo cambió todo . La caída de Rajoy y las evidentes mentiras secesionistas

Una sentencia judicial ha sido el detonante de la moción de censura contra el Gobierno de Rajoy. Esta situación tumba las mentiras de Podemos y los independentistas contra la Justicia. Ambos han apoyado a un Ejecutivo que lo tendrá difícil.

La sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel provocó un terremoto político de consecuencias poco previsibles. El devenir es opaco, porque la incertidumbre se asienta en las posibilidades que tiene el nuevo Gobierno para mantener una política congruente con el legado constitucional. Es una minoría vulnerable a las exigencias contradictorias de quienes la han votado. El Ejecutivo ha de abordar los asuntos pendientes condicionado por fuerzas políticas rivales entre sí, cuando no anticonstitucionales, que desdicen del ideario socialista en un grado u otro.

La fragilidad retórica del argumento de los censores es de mayor debilidad aún que la fragilidad parlamentaria del Gobierno. No los aglutina un programa común, sino la estimulante tarea de preservar la dignidad de la institución, perdida por el Gobierno anterior a causa de la sentencia. Iniciativa de ejemplarización afianzada en los votos más indignos del hemiciclo: los prestados por el independentismo saboteador, el paraterrorismo y el travestismo de JxCAT, fideicomisario del tres por ciento.

Que sea la sentencia el móvil de la moción no es asunto secundario, aunque haya sido descuidado en la mayoría de los comentarios durante estos días. Mero instrumento oportunista de una nueva situación, no habría removido el sillón de Mariano Rajoy si una decisión judicial no firme no hubiera servido de argumento armonizador. El cambio gubernamental producido no ha sido por causa parlamentaria constructiva. Se debe a una motivación judicial. No sustenta un programa, que es el fin constitucionalmente previsto para una moción, sino que excluye al grupo mayoritario de la Camara. Se comprende que tan estrafalaria posibilidad ni siquiera fuera prevista por los constituyentes. Pero, prevista o no, ha sido la estricta aplicación de las reglas constitucionales lo que ha derribado a un Gobierno. No cabe duda de que la regla constitucional ha amparado un oportunismo destructivo. Pero la legalidad de la moción no es discutible. Se ajusta a las reglas de esa Constitución que muchas de sus señorías beneficiarias reprueban.

La sentencia de la Gürtel demuestra la independencia judicial

El pretexto de la sentencia pone de manifiesto las falacias esgrimidas por el independentismo para justificar su traición al pacto constituyente que los ciudadanos españoles, en virtud de su soberanía personal, aceptaron colectivamente en 1978 para constituirse en Estado democrático de derecho. Sin proponérselo (ya que es su presupuesto), la sentencia es una muestra ritual de la independencia de los jueces. La ciudadanía lo sabe. Los movimientos populistas fingen no reconocerlo. Los separatistas necesitan controvertir esta independencia, cuya obviedad queda hoy patente, para justificar la sedición.

Ni un paso atrás . Torra da al independentismo vía libre en la autopista de la radicalidad

Luis Bassets ha hecho una confusa referencia a este asunto. “Ha quedado obsoleto el lazo amarillo, inventado para dividir a la sociedad catalana entre quienes lo apoyaban y se sentían ofendidos y quienes con su oposición exhibían su sufrimiento. Son diputados con el lazo amarillo los que han convertido en presidente del Gobierno al líder de uno de los tres partidos responsables de su aplicación (del 155)”. Obvio. Pero llevado por la tentación de una equidistancia que tergiversa la actitud de los perdedores, añade que los populares “han echado mano de los argumentos de los populistas para defenderse de la moción de censura, de la sentencia y de la condena de la opinión pública…” pretendiendo “…que las urnas lavan a los partidos de sus pecados de corrupción”. Y matiza que “descalificar a los jueces cuando sus sentencias no convienen no es propio de un partido que dice defender el Estado de derecho, la división de poderes”. Pero nadie ha descalificado a los jueces ni cuestionado la división de poderes. Al contrario, se ha anunciado que se recurrirá la sentencia. No se ha dicho que las urnas laven la corrupción, sino que la credibilidad de un testigo no depende de lo que diga un párrafo de un texto voluminoso. Confundir la crítica de la sentencia, que contiene un voto particular, con el rechazo del ordenamiento jurídico y el cuestionamiento de la independencia judicial, como hacen los independentistas, es un despropósito que no debe permitirse la ecuanimidad de un comentario. ¿Habría que calificar de movimiento sedicioso a los manifestantes contra la sentencia de “La Manada”?

Lo relevante es que independentistas y podemitas se hayan acogido a una resolución de un órgano cuya autonomía niegan. Se adornan con el lazo amarillo para poner en duda la potestad judicial y denunciar que los presos lo son por motivos políticos. Han esparcido en medios de opinión, cancillerías y embajadas, la especie de que la Justicia española no es independiente. No se han detenido para denigrar las precauciones sobre prisión provisional del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional. Presentan a los encarcelados y fugados como víctimas de los tribunales. Lucen en el Congreso esos lazos para desacreditar a la Justicia ante la opinión internacional. La táctica infamatoria ha llegado a simbolizar con cruces amarillas la muerte de la democracia española en las playas catalanas. Y ahora callan que se sirven de esa independencia que cuestionan para echar al Gobierno. ¿Cómo se permite Bassets comparar a unos con otros?

Cierto. La liturgia rastrera del relato desleal queda en evidencia, por costosas que sean sus consecuencias políticas. Ha sido la audiencia, vilipendiada por la demagogia victimisma, el pretexto para asaltar al Gobierno saliente. Podemitas e independentistas han aprovechado la oportunidad facilitada por una decisión judicial que les ha permitido desnaturalizar la moción prevista en una Constitución que aceptan, si les es útil, pero injurian para justificar la fuga a Bruselas.

La sentencia del caso Gürtel . Una conspiración criminal para rentabilizar el poder político

La sentencia desmiente la hipócrita exhibición de las lamentaciones secesionistas. ¿Dónde sustentar ahora su solicitud de excarcelacion? El engaño urdido para pastorear el presunto agravio a los sentimientos queda desenmascarado por el torticero uso de la sentencia. Si las decisiones normativas que llevan a la cárcel a miembros relevantes del partido que gobierna son las que se usan para una moción de censura que acaba con el Gobierno, ¿qué cabe argüir para no llevar a la cárcel a los nacionalistas por aplicación de esas mismas reglas?

Esperan de la Justicia que sea independiente, proclaman. Pero no dicen que a jueces independientes hay que exigir la aplicación de las reglas a las que han de ajustar sus decisiones.

Nada de esto puede equipararse a los comentarios críticos de una sentencia que, como tal, está abierta a la libre opinión. El problema ahora es que la Constitución queda expuesta a la acción sediciosa de partidos que pretenden desbaratarla aprovechándose del texto que reprueban. Afortunadamente, el nuevo Gobierno ha dado ya pasos solventes para frustrar esa pretensión. Hay que confiar en que el juicio electoral también tenga en cuenta que la fortaleza de la sociedad abierta puede ser vulnerable a la demagogia. Lo deseable sería que populares y socialistas llegaran a encontrarse en el objetivo común de salvaguardar el Estado constitucional. Y es lamentable que comentaristas como Lluis Bassets echen leña a esa hoguera infamante.

Ilustración de portada: La representación de la Justicia con los ojos vendados por el color amarillo, símbolo de las reivindicaciones independentistas | Pixabay y Pablo Casado
Escrito por

Periodista y escritor. Profesor emérito de la USP CEU.

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