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La donación de 320 millones de euros que anunció el pasado marzo la Fundación Amancio Ortega para la renovación de los equipos de diagnóstico y tratamiento del cáncer en los hospitales públicos españoles no se ve con buenos ojos desde muchas asociaciones de usuarios de la sanidad pública ni en las filas de Podemos, cuyo secretario general, Pablo Iglesias, la califica  de «limosna de millonario».

Según la información que leo en un periódico, una asociación de usuarios de la sanidad pública no ve con buenos ojos que Amancio Ortega asigne más de 300 millones de euros a la renovación de los equipos de diagnóstico y tratamiento del cáncer de los hospitales públicos españoles. Tal vez, lo vean mejor los hospitales privados y, como el cáncer ni entiende de hospitales ni se ceba más con los enfermos de la sanidad pública que con los de la privada, que vaya a uno u otros hospital dará igual para paliar los estragos que causa la enfermedad.

Sería lastimoso, aunque no improbable, que revierta a la fundación esa cantidad y no se aplique al fin que habían previsto sus gestores. Lo más importante no sería, en todo caso, esa marcha atrás, sino los motivos que la provocasen. Esta no es la primera asociación de usuarios recelosa de que el dinero privado pueda contribuir a la sanidad común. De aplicar a rajatabla ese criterio, deberían prescindir del alumbrado eléctrico, porque las bombillas fueron producidas por un inventor privado, de la informatización de los hospitales públicos y las líneas telefónicas, instaladas gracias a la industria privada, a la administración de la mayoría de los medicamentos, elaborados por las farmacéuticas privadas. Y mejor no seguir el recuento, porque quedarían los hospitales públicos desarbolados de mobiliario, de utensilios y de fármacos, y puede que de personal.

Lo que más perplejidad causa de esa filantrópica decisión de estas extrañas asociaciones es que se permiten el lujo de hablar en nombre ajeno

Lo que más perplejidad causa de esa filantrópica decisión de estas extrañas asociaciones es que se permiten el lujo de hablar en nombre ajeno. Leo la carta de un médico disidente de esos totalitarios de lo público:  «Los usuarios de la sanidad pública española rechazamos que el grupo político Podemos se erija en portavoz nuestro en relación con su actitud de no aceptar la donación de Amancio Ortega de equipos de tratamiento contra el Cáncer. Podemos no nos representa, ni es quien para rechazar, en nombre de todos, la generosa donación de Amancio Ortega que beneficia muchísimo a los enfermos de Cáncer”.

La @ADSPAragon respecto a la donación de la Fundación Amancio Ortega al Gobierno de Aragón #SanidadPública… https://t.co/dPVb1yL0Ze

— FADSP (@FADSPU) June 7, 2017

Estos apropiadores de lo público no necesitan mejorar la eficacia de los diagnósticos como medio imprescindible para avanzar en la curación del cáncer y desprecian destinar a ese menester una partida con la que no contaban, por una sola razón: que la donación desmiente su patraña ideológica. Beneficiarios de la humanidad universal, se proclaman defensores de la sanidad pública, mientras se permiten el lujo de no beneficiar a los enfermos para impedir que los beneficios de una gran empresa privada se apliquen filantrópicamente. Anteponen a las necesidades de los enfermos sus propios prejuicios, a fin de preservar su dogmático criterio de que lo privado es siempre pernicioso, mientras lo público se administra en nombre de una causa que la donación deja en entredicho.

 ¿Hay que aplicar solo dinero público a la sanidad pública para no contaminar a los hospitales públicos con el dinero privado? Para estos usuarios, lo que distingue a la financiación pública del patrocinio privado es que el dinero es contaminante cuando es privado. Pero no hay dinero público que no provenga de la exacción del dinero privado por parte de quien tiene poder para quitarlo. ¿Qué diferencia hay, para curar una enfermedad, entre ganar dinero y quitar dinero a los que lo ganan? Si el dinero sitúa a los poderosos en la situación de poder quitar dinero a quien lo tiene, también los sitúa en posición de quedarse para sí el dinero que quitan a los demás. Si no hay motivo para confiar en la benevolencia de los que más ganan porque son más listos, más eficaces o tienen más suerte, tampoco tiene que haberla para confiar en la redistribución de quien tiene poder para hacerlo a voluntad, quitando el dinero a quien lo ha ganado con su esfuerzo.

Estos apropiadores de lo público no necesitan mejorar la eficacia de los diagnósticos como medio imprescindible para avanzar en la curación del cáncer y desprecian destinar a ese menester una partida con la que no contaban por una sola razón: que la donación desmiente su patraña ideológica.

Estos usuarios de la sanidad pública están presos de un dogmatismo más enfermizo que el cancerígeno. No se detienen a consultar qué les importa a los enfermos de cáncer de los hospitales públicos y cuánto les preocupa que la procedencia del dinero que puede sanarlos sea privada, recaudada por la hacienda, o sea privada, por donación filantrópica. Lo que se niega a admitir el fanatismo de estos usuarios es la evidencia de que una institución privada pueda colaborar gratuitamente al bien común, sea por motivos de imagen o sea por generoso altruismo. Como ellos son los únicos poseedores y administradores del desinterés, están muy interesados en que nadie les quite la olla de la que se sirven a costa de los demás.

Imagen de portada: Amancio Ortega, propietario del grupo Inditex y responsable de la donación de 320 millones de euros para la renovación de los equipos de diagnóstico y tratamiento del cáncer en los hospitales públicos españoles. | Agencia EFE