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El viejo asunto de la reforma de la Constitución y la invulnerable debilidad de Pedro Sánchez

El Gobierno de Pedro Sánchez representa la liquidez y ligereza de los tiempos. Al quedar prendido por fuerzas incongruentes, su credibilidad está en duda. La Constitución es lo que le da fuerza y no tiene posibilidad de reformarla sin contar con la oposición. 

Todavía se hacen quinielas para saber cuánto ha ganado el PSOE en este sutil arte del funambulismo político. ¿Es rehén Pedro Sánchez de los grupos que lo han votado? Que Sánchez quedaba a merced de esos grupos fue la idea dominante durante la moción. Quedar prendido por fuerzas incongruentes pone en duda su credibilidad y arriesga perder respaldo electoral. En estos momentos no hay un Gobierno fuerte que pueda asegurar su estabilidad ni la ejecución de un programa. Sin embargo, tampoco es un Gobierno vulnerable. Debilidad y vulnerabilidad son facetas distintas. No cabe duda de que es parlamentariamente débil, pues no tiene capacidad para ejecutar un programa. Pero ni sus socios ni la nueva oposición pueden revocarlo si no es recurriendo a elecciones, que, en la práctica, no pueden forzar.

La invulnerable debilidad del Gobierno de Sánchez

El Gobierno de Sánchez queda en una situación de invulnerable debilidad. A sus socios siempre les faltarán los 84 escaños socialistas para sumar una mayoría revocatoria. Si Sánchez acudiera a una cuestión de confianza, que no requiere mayoría absoluta, seguramente no la perdería.

Es un Gobierno parlamentariamente débil, pero sostenible aunque carezca de programa y expuesto a comprometer su credibilidad ante el electorado. Su indefinición es, paradójicamente, la raíz de su fuerza, ya que no es dependiente de los grupos que lo apoyaron. Podrían reprocharle que no cumpla compromisos que no figuran en ningún programa, firmados en el aire, cuya aplicación queda a merced de la oportunidad política sobre la que después decidirá el futuro juicio electoral. En el ambiente posmoderno, un mensaje indefinido no constituye necesariamente una desventaja. Fluye con la misma facilidad y ligereza con que se modulan las opiniones en la temporalidad líquida, que diría Zygmunt Bauman.

Sánchez y su Gobierno representan la liquidez y ligereza de los tiempos. Es tan aleatorio el escenario que podría ocurrir que el PP se viera en la opción de votar a favor del Gobierno para impedir que Sánchez satisficiera alguna de las condiciones que pactara a bassa voce para que sus socios lo respaldaran.

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Y ya ha saltado la principal por boca de la nueva ministra de discrepancias constitucionales, o como quiera que se titule su cargo. Ha dicho que la Constitución del 78 está “en crisis”. Lo dice de la Constitución que regula la moción censora que legaliza el ejercicio de su cargo. La incongruencia hace más irresponsable la irresponsabilidad. Porque ella puede sugerir una reforma constitucional, asunto que ha vuelto otra vez a la agenda, pero no porque la Constitución haya entrado en “crisis”. Un grupo de académicos independientes diseñó una propuesta hace ya casi un año. Ahora otro equipo de perfil claramente socialista insiste en la misma idea. La ministra y el PSC alientan esa propuesta removiendo el tema tan del gusto socialista del “federalismo”. Pero, palabras aparte, ninguna reforma puede basarse en reprochar que las normas a las que ha de ajustarse están “en crisis” mientras, a la vez, la vicepresidenta tranquiliza en la radio a los oyentes al decir que llevamos “cuarenta años de democracia que han salido muy bien” para consolidarla.

La ministra ha hablado para complacer a los socios de la moción destructora. O no ha medido bien sus palabras o no sabe bien qué ha dicho con el fin de complacerlos. ¿Habrá que recordarle que ha prometido su cargo con el diálogo en una mano y la Constitución “en crisis” en la otra? ¿Que cuarenta años de democracia la han consolidado, como dice la vicepresidenta?

La Constitución da fuerza al Gobierno

Pero vayamos al tema de fondo. Una reforma constitucional podría ser conveniente por diversos motivos. El principal para adaptar la Constitución a los cambios del tiempo. Pero no por conveniencia de un Gobierno de transición, no respaldado por el electorado y cuya fuerza procede de la suma de grupos inconexos. Tiene que hacer valer su capacidad ante esos grupos que no pueden derrocarlo, porque para temas de principio no puede ignorar a los representados por los mayoritarios de la Cámara.

Si Sánchez no es rehén de los que han votado la moción, tiene que mostrar que un problema de Estado no puede quedar supeditado a satisfacer a una minoría. Ofrecer una reforma para apaciguar a los independentistas que lo han aupado no es una prueba de que la Constitución se halla en “crisis”. Más bien al contrario, la Constitución es lo que da fuerza al Gobierno frente a los que lo han respaldado. Decir que está en “crisis” es una salida tentativa que debilita tontamente al Gobierno frente a los rebeldes. Además, es un flatus vocis sin utilidad, porque no hay posibilidad legal de reformarla si no cuenta con la oposición.

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Un oportunismo precipitado de un Gobierno en dificultades no puede ser momento para una reforma constitucional, que habría de integrar al menos tres pretensiones no fácilmente conciliables ante el electorado: que no ponga en peligro la estabilidad de la monarquía constitucional, esos cuarenta años a los que se refirió en la radio la vicepresidenta; que no suponga un retroceso en la descentralización autonómica y, por último, que no encubra una concesión para apaciguar el separatismo.

No es cuestión de palabras. “Nación de naciones” o “sistema federal” pueden ser solo palabras. Lo importante es dónde asienta la soberanía. Y ya pueden decir lo que quieran los independentistas y la ministra de no se sabe bien qué ramo en “crisis”: la única soberanía democrática procede de un referéndum constituyente. Las soberanías personales de los votantes no pueden subordinarse a discutibles o imaginarias raíces históricas. La soberanía constituyente procede de la aglutinación de ciudadanos que se constituyó en 1978 como nación soberana. Aunque medio arco parlamentario considerase la Constitución “en crisis”, el Gobierno no puede disponer de las voluntades que no representa, y menos sin contar con la otra mitad del Parlamento. La soberanía está constituida por la convergencia de las voluntades soberanas de los ciudadanos. Tanto en Barcelona como en Madrid.

Imagen de portada: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, se felicitan en el Congreso tras ganar la moción de censura | Flickr.com/PSOE
Escrito por

Periodista y escritor. Profesor emérito de la USP CEU.

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