El Debate de hoy

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El intento de secesión en Cataluña ha descubierto que la España de las autonomías sufre de una indefinición de competencias que dificulta la organización racional del Estado. La reforma de la Constitución puede abrir una Caja de Pandora cuyos resultados serían imprevisibles.

Tras la destitución del Gobierno de la Generalidad, llega el momento de sanar las heridas abiertas por la rebelión independentista. El Gobierno pactó con el PSOE la reforma de la Constitución como una de las medidas a adoptar. Como sucede con la palabra “diálogo”, a la que tantas veces se recurre como si fuera un bálsamo de Fierabrás, también la expresión “reforma constitucional” se arguye como si fuera una pócima de la que se espera el saludable efecto de sanar nuestra espiritualidad, enferma por el secesionismo. No hay remedios milagrosos y la prudencia debería refrenar el uso retórico de las palabras, ya sea “diálogo”, ya se trate de la reforma de la Constitución.

"#PP y #PSOE han renunciado a sus valores, pareciéndose entre sí cada vez más". #Reflexion de @FerLostaoCrespo #dbhttps://t.co/jpdBDMhLCk pic.twitter.com/2CO3tIwsOI

— El Debate de Hoy (@eldebatedehoy) October 26, 2017

La quimioterapia a veces puede ser necesaria, pero siempre tiene efectos traumáticos. La reforma de la Constitución puede ser tanto fruto de una cirugía sencilla como de una terapia más traumatizante que la enfermedad que se trate de sanar. Lo más sensato sería no jugar a aprendiz de brujo ni exponerse a abrir una Caja de Pandora. Es cierto que la Constitución del 78, como toda obra humana, es perfectible. Y parece obvio que el impreciso título octavo necesita algún remiendo que acabe con su ambigüedad. ¿Es necesario reformar la Constitución para subsanar un mal focalizado?

El intento de secesión catalana ha dejado en evidencia que la España de las autonomías padece de una indefinición de competencias que dificulta la organización racional del Estado. Hay bastante acuerdo en que el asunto más problemático se refiere a cómo frenar el endeudamiento de las administraciones públicas, sean centrales, autonómicas o locales. La Unión Europea ha sido laxa en la aplicación de un principio de estabilidad presupuestaria y financiera. Pero se ha suscrito un pacto de Estabilidad y Crecimiento que limita el déficit a un máximo del 3% y la deuda, a un sesenta por ciento respecto del PIB.

Jaime Rocha, ex CNI, explica cómo y por qué debe modificarse la #Constitucion. #dbhttps://t.co/K0yjUtyyCq pic.twitter.com/nz2k38qULN

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Para atajar este mal tan extendido, podría bastar cumplir con rigor los compromisos del pacto europeo, que ahora mismo se incumplen, y delimitar de una vez por todas el ámbito de las transferencias, para lo que puede ser necesario una Ley Orgánica. No hace falta más que voluntad política para hacerlo. Eso de lo que tanto se predica cuando se habla de “diálogo”, pero que no siempre concluye en avenencia. El diálogo no es por sí mismo un proceso generador de acuerdos. Pero, si un día fue posible una Constitución o el Pacto de Toledo, ¿por qué no puede haber un acuerdo rígido sobre fijación de competencias? Ahora que el PSOE y el PP han llegado a avenirse para resolver el problema de la secesión catalana, puede que sea el momento apropiado. ¿Qué podría impedir ampliar la actual concordia a curar una deformidad que especialmente ha servido de excusa a la desmesura nacionalista y al incesante chantajismo?

#SesiónDeControl @Adrilastra , del @gpscongreso, pregunta a @fatimaempleo sobre el dialogo social para el acuerdo en el Pacto de Toledo pic.twitter.com/pvgHyeoGJb

— Congreso (@Congreso_Es) October 18, 2017

Hay un aspecto de las competencias que siempre ha sido delicado en la autonomía catalana. Es el referente al descontrol de la educación. Los constituyentes lo habían previsto al establecer un sistema de inspección estatal. Ha sido la realidad política, impuesta a través de las cesiones al nacionalismo, la que ha venido desmantelando en la práctica el procedimiento de inspeccionar la educación. También podría ser este el momento de restaurarlo para asegurar su eficacia futura. No hace falta para esto la reforma de la Constitución, basta la decisión política de restablecerlo regulando las garantías que sean precisas para hacerlo efectivo. ¿Cómo es posible que un inspector educativo que denuncia el “adoctrinamiento” pueda ser hoy, no ayer, represaliado por la Generalidad por haber cometido una “falta grave”?

El profesor Emili Boronat, @UAOCEU, da soluciones para el #adoctrinamiento nacionalista. #educacion #db https://t.co/iRDlqYe4ky pic.twitter.com/plCa1FHixH

— El Debate de Hoy (@eldebatedehoy) October 13, 2017

Son muchos los dislates que pueden citarse. Entre otros, sentencias del Tribunal Supremo no ejecutadas. Quejas por abusos que se han convertido en castigos contra el disconforme. ¿No se ha impuesto una dudosa disciplina con el título de Educación para la ciudadanía? Pues que no se aplique como educación para el independentismo e instruya sobre la diferencia entre ser un pueblo o un país y ser un pueblo constituido como pueblo soberano. Y, ¿no hay una ley no menos dudosa de Memoria histórica? Pues que cuide al menos de que no se falsee la historia común convirtiendo una guerra de sucesión en guerra de secesión.

También produce un inquietante desconcierto oír hablar a los jueces y a los expertos penalistas de las dificultades para encajar en tipos penales conductas cuya intencionalidad delictiva resulta manifiesta al común de los mortales. Por supuesto, que no se trata de recortar el sistema de garantías, pero sí de ampliar la tipificación de los delitos. Que una presunta ley de transitoriedad no pueda encajar en un tipo penal no es un problema judicial, sino un problema legislativo que se resuelve con la reforma del Código Penal, por ejemplo. Que delitos como rebelión o sedición resulten tan restrictivos que haya dudas para subsumir conductas como las emprendidas desde mucho antes del 1 de octubre es algo más que indiciario de que el Estado se halla procesalmente desarmado. Y que haya que juzgar estas conductas bajo tipos penales menores, como malversación o desacato, evidencia la falta de protección del Estado frente a quienes atentan sin disimulos, pero impunemente, contra su autoridad.

🕊 "Lo preocupante es el peso político de los herederos de ETA en las instituciones". @_AVT_ @CovitePV @MemorialVT https://t.co/GOjFFVuXOp

— El Debate de Hoy (@eldebatedehoy) March 22, 2017

Si se abordaran o regularan con rigor legislativo o procesal estos tres aspectos, no haría falta recurrir a una reforma constitucional que lo mismo puede servir para remediar un roto que para causar el mayor descosido. Cierto, hay algunos que invalidan la Constitución del 78 porque, a su juicio, se hizo bajo la presión de las pistolas. Y puede que tengan razón. Pero las únicas pistolas que entonces funcionaron fueron las de los tiros en la nuca que ellos alentaron. En la dificultad de silenciarlas consistía la presión.