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La regla del fuera de juego . Las serias dudas sobre el ‘procés’ preocupan a los funcionarios

El referéndum en Cataluña, anunciado por los independentistas de manera unilateral, ha demostrado que no les importa ningunear el Estado de derecho con tal de perseguir sus ideales.

Una de las reglas más complejas de hacer entender a los que son profanos en el deporte del fútbol es el fuera de juego. Cuando el balón se pasa al atacante hallándose este adelantado por detrás de la defensa rival, el juez de línea levanta su banderola o, en su defecto, el árbitro decreta el fuera de juego. La consecuencia es que la jugada se invalida y saca el equipo contrario.

Pues bien, el aquelarre independentista del 12 de junio que inflamó Pep Guardiola en Barcelona puso en el foco, una vez más, la querencia de los ciudadanos catalanes favorables a la independencia de ningunear y proscribir el Estado de derecho. Pese al excelso conocimiento futbolístico del laureado entrenador de Santpedor, recurriendo al símil inevitable, en este momento se podría dar por abolida la regla del fuera de juego, de modo que en la petición de referéndum unilateral el atacante secesionista ha decidido no observar ni cumplir las reglas de un Estado democrático de derecho.

No se atiende ni al linier ni al árbitro… ¡Viva el fútbol de ataque!, ¡sí, señor! Pero claro, que uno de los contendientes en liza elimine una de las reglas más importantes del partido no solo anula el resultado, sino que deja en evidencia al propio infractor. Lo que se está proponiendo no es exclusivamente romper la baraja, es expresar con contundencia que solo una parte interesada tiene legitimidad para ganar el partido, sin límites que valgan y por goleada.

Totalitarismo en Cataluña

Realmente, lo que se dijo por los intervinientes en el púlpito separatista roza el esperpento, pero que los árboles no nos impidan ver el bosque. Tenemos que estar seriamente preocupados, sobre todo cuando se acerque el mes de septiembre y los funcionarios de la Administración pública, tanto estatal como autonómica, se vean impelidos a ejecutar una ley emanada del Parlament, que a buen seguro será declarada inconstitucional. Y, posteriormente, cuando se decrete la convocatoria del anhelado referéndum que traerá la independencia y, ya de paso, la paz y el amor libre.

Fuera bromas, se nos plantean muchas dudas por parte de quien se supone que va a protagonizar y liderar el sentido común, el actor funcionarial. ¿Quién va a protegerlos? ¿Qué se supone que deberán hacer aquellos servidores públicos no fanatizados por la causa? ¿Cómo podrán actuar ante una orden ilegal de un superior jerárquico? ¿Deberán objetar, por ejemplo, cuando se les obligue o invite a no aplicar el Estatuto de los Trabajadores o la Ley General de la Seguridad Social?

Ante la reclamación populista de la supuesta sociedad civil liderada por el gurú de las masas independentistas, es el Estado al que le toca mover ficha y, francamente, no lo tiene fácil. Cualquier reacción del Gobierno se va a entender como una agresión a los únicos demócratas del país que, por supuesto, ignoran y desprecian a una parte considerable de la población catalana. El iter secesionista sigue adelante en sus alocadas pretensiones, por lo que, volviendo al balón, el riesgo de la anunciada aprobación de la ley de Transitoriedad Jurídica va a suponer que, a partir de ese momento, no se va a pitar el fuera de juego porque no se reconoce por el equipo independentista una supuesta ley forastera, desmedida y poco demócrata.

En el supuesto de que a algunos las normas le parezcan injustas, para anularlas habría que recurrir al procedimiento acordado por todos para su discusión y decisión final. Los aficionados al fútbol podrían pedir que no existiera la regla del fuera de juego para que, de esa forma, Guardiola pudiese ganar algún título en Manchester; o se podría acudir al Parlamento a discutir sobre el estatus político de Catalunya, si los independentistas ofreciesen al conjunto de los representantes de la soberanía nacional un posible encaje jurídico constitucional o incluso una consulta nacional democrática.

El Gobierno tiene que adelantarse al desafío independentista

No obstante, la respuesta del Estado, sin ser desproporcionada, no admite dobleces ni atajos melifluos. El Estado es juez del partido y, aunque en las decisiones políticas se pueda errar, al igual que el árbitro en el terreno de fútbol, no puede tolerar que cualquiera de los actores menoscabe las reglas pactadas desde 1978, debiendo actuar y proteger a funcionarios y a todos sus ciudadanos.

Lo que no es concebible, a todas luces, es arrancar de forma abrupta e incondicional derechos políticos, sociales y cívicos a los catalanes y al resto de españoles, porque eso es como si en la jugada definitiva de la final de la Champions un equipo opta por saltarse la regla del fuera de juego en pleno partido. Resulta totalmente infantil, pero siempre hay gente dispuesta a hacer el ridículo por un ideal o por un sueño. El Estado no puede permitir que el fuera de juego de los independentistas acabe con la Liga de fútbol o, lo que es peor, destruya un pacto de convivencia social y democrático que nos ha beneficiado a todos durante tanto tiempo, también a los independentistas.

Imagen de portada: Pep Guardiola, entrenador del Manchester City.
Escrito por

Inspector de Trabajo y Seguridad Social. En la actualidad presta servicios como Consejero de Empleo y Seguridad Social en Francia

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