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Alemania recurre al “no ofende quien quiere sino quien puede” para liberar a Puigdemont

La Justicia alemana deniega la extradición de Puigdemont por rebelión al considerar que su actuación ha carecido de virtualidad para doblegar la voluntad de las instituciones. No es probable que la Fiscalía recurra la decisión ante el Tribunal Constitucional alemán.

En la primera semana de abril, la noticia más relevante del caso Puigdemont ha sido la decisión del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein de denegar la extradición de este encausado por el delito de rebelión y dejar pendiente de mayor información la deportación por el delito de malversación.

Este último acto –por ahora- de la “tragicomedia del procés” (como ha calificado un erudito estudioso de la literatura castellana a la insólita aventura que vivimos desde el pasado mes de septiembre) exige un análisis jurídico, pues la mezcla de conceptos y de legislaciones hace confusa la noticia.

La euroorden de detención, más ágil que la extradición

En primer lugar, hay que dejar claro qué es una euroorden de detención, que es lo cursado a los tribunales alemanes por el Tribunal Supremo español respecto de Carles Puigdemont.

La euroorden de detención es un mecanismo de colaboración entre los sistemas judiciales de los países miembros de la Unión Europea, regulado por una Decisión Marco de 2002 del Consejo de la Unión Europea que tiene el fin de facilitar la extradición de los sujetos reclamados para ser juzgados o para cumplir condena (muy útil en un espacio sin fronteras interiores) y que es mucho más ágil que los procedimientos de extradición “normales” y sin mediación de los niveles políticos de decisión, sino directamente entre tribunales de justicia.

La euroorden tiene unos trámites sencillos y solo puede ser denegada por muy limitadas causas. La más importante de las simplificaciones es la de que no se exige en un extenso catálogo de delitos el requisito –normal en las extradiciones genéricas- de la doble incriminación (que el hecho perseguido o castigado esté tipificado como tal delito en las dos legislaciones).

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Y aquí viene el principal problema del caso Puigdemont: la rebelión no es uno de los delitos exentos de la doble incriminación. Por tanto, el Tribunal Superior regional alemán de Schleswig-Holstein tiene que analizar si hay un delito equivalente a la rebelión en el Código Penal alemán (STBG) y sí lo hay en el artículo 81 de este cuerpo legal germano: el delito de alta traición. No cabe duda de que los hechos imputados a Puigdemont entrarían en ese delito en cuanto al fin de alterar el orden constitucional, pero hay un requisito –el de utilizar la violencia o amenazar con la violencia- que el Tribunal de Schleswig-Holstein entiende que no concurre.

¿Por qué entiende que no concurre, si hubo evidente recurso a la coacción, incluso a la violencia callejera en el caso Puigdemont? Pues porque el Tribunal de Schleswig-Holstein utiliza para valorar la doble incriminación entre la rebelión del Código Penal español y la alta traición del STGB alemán el método de “comparación según el sentido” y valora conforme a un precedente alemán (una sentencia del Tribunal Supremo alemán de 23 de noviembre de 1983, en el caso de un activista que promovió concentraciones populares violentas para impedir una ampliación del aeropuerto de Fráncfort con choques violentos y heridos) en el que se consideró que la violencia –o su amenaza- debía ser directa sobre el órgano constitucional o, si era sobre terceras personas, con entidad suficiente para doblegar la voluntad del órgano constitucional. Y entiende que eso no ha concurrido en el caso español con Puigdemont.

Las maniobras de Puigdemont no tuvieron virtualidad suficiente

Dicho en términos castizos españoles, el Tribunal de Schleswig-Holstein viene a decir que “no ofende quien quiere, sino quien puede” y que las maniobras de Puigdemont no tuvieron -ni por su movilización de elementos de coacción violenta, ni por sus amenazas de movilización- virtualidad para doblegar la voluntad de las instituciones constitucionales y -por ende- entidad suficiente para ser un delito de alta traición en los términos de la jurisprudencia alemana.

Dicho lo anterior y de cara a la imputación por corrupción (en su modalidad de malversación de caudales públicos), que sí estaría amparada por la euroorden sin necesidad de doble incriminación, es muy preocupante que el Tribunal de Schleswig-Holstein, aun reconociendo la aplicabilidad en principio de la euroorden y rechazando el alegato de Puigdemont de persecución política, también condiciona su aceptación a la ampliación informativa por las autoridades españolas, cursada a través de la Fiscalía alemana, de si el millón seiscientos mil euros que habría defraudado Puigdemont financiando el ilegal referéndum ha llegado a ser detraído de las arcas públicas.

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Tendremos que esperar al siguiente acto de esta tragicomedia para poder analizar la eficacia final de la euroorden por la corrupción y si la información suplementaria que remitan las autoridades españolas convence al tribunal alemán.

Finalmente, dejar mi opinión acerca de que no creo que la decisión del Tribunal de Schleswig-Holstein vaya a ser recurrida ante el Tribunal Constitucional alemán por la Fiscalía alemana, ni que el Tribunal Supremo español llegue a plantear con éxito una acción sobre este asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Imagen de portada: Carteles a las puertas de la prisión alemana de Neumünsterre, en la que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont fue ingresado tras su detención | Agencia EFE
Escrito por

Abogado. Magistrado excedente de lo Contencioso-Administrativo. ​

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