Subir impuestos para pagar pensiones . El plan suicida del PSOE secaría las arcas nacionales
Carlos Cuesta | 15 de enero de 2018
Nacional
El PSOE plantea costear las pensiones con dos nuevos impuestos sobre la banca y las transacciones financieras. La medida llevaría de la mano una subida generalizada de tributos que destrozaría el poder adquisitivo de los trabajadores. Un suicidio económico que provocaría la espantada de empresas, el encarecimiento de los costes de producción y el freno del crecimiento económico y de la competitividad.
El PSOE acaba de anunciar su fórmula para evitar la quiebra de las pensiones. Un combinado de dos impuestos -el primero sobre la banca y el segundo sobre las transacciones financieras– que debería generar una recaudación próxima a los 3.000 millones de euros anuales, según los cálculos del equipo económico de Pedro Sánchez. Y, con esos ingresos, se supone que los socialistas solucionan un problema que genera ya un déficit global anual casi siete veces superior -de 20.000 millones- y un déficit medido exclusivamente sobre cotizaciones sociales superior a los 30.000 millones -diez veces superior-.
La medida resulta difícil de explicar no solo en términos cuantitativos, sino también cualitativos. El gasto por pensiones ha crecido un 50% en diez años y, evidentemente, de seguir ese ritmo u otros parecidos, ningún impuesto podrá financiar su escalada sin destrozar el poder adquisitivo de los contribuyentes que el día de mañana aspiran igualmente a ser pensionistas. Ningún tributo podría hacerlo sin condenar a las familias a ser incapaces de serlo por carecer de capacidad económica para afrontar los gastos provocados por los hijos, a llegar sin el más mínimo ahorro al momento de la pensión o, sobre todo, a ser incapaces de mantener la productividad necesaria para generar empleo y nuevos cotizantes de la Seguridad Social por culpa de la carga fiscal.
Pero la ecuación imposible que plantea el PSOE va más allá. Y es que estos dos impuestos son tan solo una gota en un océano de subidas fiscales dentro de sus deseos. Porque el plan global de los socialistas pasa por elevar la capacidad recaudatoria en 30.000 millones de euros en total. Algo que afectaría a la práctica totalidad de los impuestos nacionales e incluso autonómicos y que supondría, literalmente, ahogar nuestro crecimiento económico y sacarlo de la competencia mundial en un momento en el que EE.UU. y Austria vuelven a lanzar la carrera por bajar impuestos.
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En primer lugar, los tributos anunciados por Sánchez incluyen un castigo a “la adquisición de participaciones en el capital [acciones]”, como recoge su propio documento -cosa que, sin embargo, olvidó mencionar el líder socialista en su exposición-. El impuesto se aplicaría “a las adquisiciones a título oneroso de valores de capital admitidos a negociación y emitidos por empresas residentes”, con una condición: “cuyo capital en bolsa exceda de mil millones de euros”. Es decir, que el impuesto castigaría, precisamente, a las empresas que más estabilidad y seguridad pueden ofrecer a los ahorradores.
Una subida de impuestos generalizada
Pero, además, llevarían de la mano una fuerte subida de impuestos para los trabajadores. En el IRPF, el golpe fiscal -de nuevo, según su propia documentación- supondría una subida de 4 puntos del tipo máximo, de manera que se situará de forma generalizada en el 49% y podría llegar hasta el 52% en autonomías como Andalucía, Asturias o Cataluña. Para el ahorro en general, la escala de impuestos sería aún mayor: llegará al 35%, tras subir 12 puntos. Y, evidentemente, a ese recargo habría que sumar el impuesto específico a la bolsa.
Por si estas subidas fuesen poco, el PSOE plantea recortar todos los incentivos y deducciones en el IRPF. “Existen multitud de incentivos fiscales que, o bien tienen carácter regresivo, o bien suponen un desincentivo para el trabajo o, finalmente, presentan una eficacia no contrastada. Su eliminación progresiva puede proporcionar una recaudación adicional de 2.000 millones de euros sin que se produzcan efectos redistributivos negativos”, recoge su propuesta.
Los Impuestos sobre el Patrimonio y sobre Sucesiones y Donaciones también subirían. “No queremos dejar pasar esta ocasión sin proponer la reforma”, dotándolos “de mayor equidad y capacidad recaudatoria en el conjunto del Estado. Por esta vía indirecta, además, se pueden reducir las aportaciones del Estado al sistema de financiación autonómica, liberando estos recursos de su Presupuesto”, añaden los socialistas en su propuesta. La subida recoge “el establecimiento de un tipo mínimo no revisable a la baja por las comunidades autónomas” -lo que acabaría con la mayoría de rebajas o exenciones regionales actuales-, “exclusión de la exención/reducción de las falsas empresas familiares, que encubren un patrimonio inmobiliario”, “limitación de la exención/reducción para las verdaderas empresas familiares, introduciendo un beneficio fiscal decreciente por cifra de negocios” y la “elevación del límite conjunto IP-IRPF”. Todo un conjunto de medidas que elevarían de forma notable el pago fiscal del ahorro acumulado, herencias y donaciones.
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Pero, posiblemente, la pieza más dañina de todo este plan de escalada impositiva ni siquiera se encuentre ahí. Porque en plena carrera internacional por bajar los Impuestos de Sociedades, a los socialistas se les ha ocurrido subir justo ese tributo. El PSOE pretende acabar con la posibilidad de las empresas de aplicar deducciones fiscales hasta quedar en pagos efectivos que pueden rondar tipos reales del 5% o el 7% de forma bastante habitual. El Partido Socialista quiere un tipo mínimo obligatorio del 15% para las empresas, tal y como refleja su documento. En concreto, quieren un tipo mínimo del 15% del resultado contable de los grupos multinacionales: “Parece obligado considerar como una posibilidad plenamente viable un impuesto mínimo del 15% sobre el resultado contable obtenido en España por los grandes grupos económicos”, dice literalmente el documento del PSOE.
Pero, además, pretenden incluir una rebaja de las deducciones de las empresas: “También hay que reconsiderar la exención de plusvalías interiores y de las exenciones por doble imposición que no respondan estrictamente a evitar dobles imposiciones”. Y buscan una “revisión de todos los incentivos y regímenes especiales con criterios de coste beneficio y equidad, considerando el derecho comparado, en particular, el régimen para entidades de tenencia de valores extranjeros”.
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La propuesta incluye la “publicidad de los beneficiarios de los incentivos -a partir de cierto importe- para explicitar los casos en los que son las mayores empresas las que acaparan los incentivos”. Y la “creación de un impuesto sobre beneficios desviados (existente en Reino Unido y Australia)” o “alternativamente, un impuesto sobre anunciantes en internet (gravamen indirecto de Google y similares)”, con lo que los socialistas castigarían a las empresas más demandadas y móviles internacionalmente: las digitales. “Del mismo modo, también debe apoyarse la reciente propuesta de creación de un impuesto sobre la cifra de negocios para las empresas que operan en la economía digital”, aclara.
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Pero con eso tampoco se calma el ansia fiscal del PSOE. Los hombres de Sánchez plantean elevar la presión sobre determinados consumos (alcohol y tabaco, carburantes) y sobre el impacto medioambiental. Todo lo que haga falta para seguir financiando el gasto porque, según el PSOE, no sobra gasto, faltan ingresos: “Hasta dar al erario español una capacidad recaudatoria extra en torno a 30 mil millones de euros para así situarse en el 41%” del PIB.
En resumen: un suicidio económico que, lejos de dar más recaudación a las arcas nacionales, las secaría: porque provocaría la espantada de empresas y el encarecimiento de los costes de producción hasta un nivel que haría imposible recaudar nada ni medianamente parecido a nuestras necesidades de gasto real.