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Prisión permanente revisable, un debate moral . El “derecho a la esperanza” es determinante

El conflicto sobre la prisión permanente revisable se ha politizado en exceso. Se echa de menos una discusión sobre la adecuación de los límites temporales y sobre soluciones más flexibles. La esperanza de libertad puede ser determinante .  

Es muy difícil pensar que los crímenes más horrendos son castigados como merecen, especialmente en la perspectiva de quienes son sus víctimas, y víctimas son también los familiares o las personas próximas a la persona asesinada. Cuando hago esta afirmación, no renuncio a mi convicción de que la pena es, en sí, castigo para el culpable, y de que la exigencia constitucional de la reinserción implica solo -pero siempre- racionalidad del Estado: mientras cualquier condenado permanece privado de libertad, el Estado tiene el deber moral de procurar su cambio de vida y de actitud, en lo que no es sino una manifestación del bien común, como también es exigencia del bien común la imposición del castigo requerido por el hecho. Pero la pena, como tal, no es sino castigo y expiación social por la infracción cometida.

Sin embargo, esta perspectiva no es tan simple, porque el merecimiento de la pena no es un juicio único ni estable, como no lo es la valoración sobre el sufrimiento que la pena causa. No son infrecuentes las reflexiones que aluden a una mejora en las condiciones en las cárceles como privilegios para los delincuentes y, en demasiadas ocasiones, la pretensión de penas más duras se apoya en la idea de que, en ese modo, existirá menos riesgo de nuevos delitos. En ese marco, se aborda el debate sobre la prisión permanente revisable que, en realidad, se transforma en una reclamación de que las penas sean efectivas en un sentido que no es sino una hipótesis no demostrada: que penas -y especialmente penas muy graves- evitan nuevos delitos.

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Con frecuencia, los juristas intentamos resolver la cuestión sobre la base de formulaciones constitucionales, y no carece de sentido hacerlo cuando incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre la cuestión. Particularmente, y aunque de una forma no siempre clara, se habla de un “derecho a la esperanza” y sobre la exigencia de respetarlo si no quiere convertirse la pena en un trato inhumano o degradante, proscrito por casi todas las declaraciones de derechos nacionales o internacionales. Este “derecho a la esperanza” del penado puede concretarse: una pena de prisión permanente con escasas posibilidades de revisión o una pena de duración tan extensa que supere, en general, las expectativas de vida de quien cometió el delito a mediana edad implican, desde luego, la imposibilidad de mantener la esperanza de vivir fuera de la prisión después de haber cambiado de actitud ante el derecho y ante la comunidad que lo sancionó.

Prisión permanente revisable, un debate jurídico y moral

En esa dirección, creo que la discusión sobre la prisión permanente revisable no debe quedar reducida a si debe o no ampliarse a otros casos, especialmente si se considera su origen histórico en el modelo de referencia que casi siempre se utiliza. En Alemania, tras la derogación de la pena de muerte en la Ley Fundamental, aquella se sustituyó en 1949 por la cadena perpetua en el delito de asesinato. En 1977, el Tribunal Constitucional federal alemán indicó que, para ser constitucionalmente admisible, debía excluir su carácter absoluto y permitir la posibilidad de revisión. Esta limitación a delitos que, en sí, se entienden como los hechos más graves, no debería ser compatible con cambios frecuentes de los casos a los que ha de aplicarse. Por otra parte, tampoco creo que, a partir de estos antecedentes, deba centrarse el debate sobre si debe o no existir como tal, especialmente cuando sobre este tema está pendiente una decisión del Tribunal Constitucional. Se trata, en realidad, de un brindis al sol para mostrar alguna arista de progresismo en un momento en que los espacios políticos se solapan en muchos aspectos.

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Echo en falta, por el contrario, un debate sobre si los límites temporales son o no los adecuados y una discusión de ideas sobre las alternativas que permitirían soluciones flexibles que pudieran adaptarse de forma adecuada a casos en los que, en efecto, el cambio del sujeto penado respecto al derecho y a la sociedad fuese efectivo.

La razón es, a mi juicio, clara: un debate jurídico excesivamente politizado se convierte en improductivo. En este caso, además, el dilema es moral -y no estrictamente jurídico-, si es que el derecho puede separarse de la moral tan fácilmente como algunos frívolamente pretenden. Por esto, no es suficiente con acudir a un razonamiento binario entre delito y pena; es preciso también considerar que un sujeto moral es el sujeto de la pena y que se trata de un sujeto totalmente distinto a otros, en su historia y en su futuro. Esta es la razón por la que la esperanza de libertad tiene sentido, en la medida en que puede ser el factor determinante del cambio del sujeto moral, que en todo caso ha de sufrir, en retribución del hecho cometido, una pena concreta que explique la restauración del derecho como orientación de la conducta de las personas. Pero un debate centrado en los efectos de prevención de la pena, que nunca nadie ha comprobado, solo puede generar confusión.

Escrito por

Catedrático de Derecho Penal. Decano de la Facultad de Derecho de la USP CEU. Ha sido letrado del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.

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