Hay jinetes de luz en la hora oscura
Ana Samboal | 06 de mayo de 2017
Los que hace no mucho nos las prometimos felices por la irrupción de dos nuevos partidos de ámbito nacional en la escena pública, augurando el fin del chantaje permanente de los nacionalistas a los gobiernos de España en minoría parlamentaria, acabamos de toparnos con la dura realidad. Para el PP, no hay margen de acuerdo con un Podemos que muestra más simpatías hacia cualquier tentativa centrífuga que ante otras que garantizan la unidad nacional. En el PSOE, bastante tienen con contar los avales. Y con Ciudadanos no dan los votos. De modo que, como la prioridad era sacar adelante el Presupuesto -con seis meses de retraso-, Mariano Rajoy se ha echado en brazos de Coalición Canaria y el PNV. Y, como antaño, la negociación de los apoyos parlamentarios se ha convertido en una subasta persa en la que lo de menos es el interés común o la eficiencia en la asignación de los recursos públicos.
Hasta que no ha asegurado los apoyos, el ministro de Hacienda no ha llevado las cuentas al parlamento. Y han sido caros, el precio de un escaño en el parlamento se está poniendo por las nubes… El coste del voto de Coalición Canaria ha sido de 1.362 millones de euros. Lo ha desvelado el presidente del ejecutivo autonómico. El de los cinco apoyos del PNV se ha llegado a cifrar hasta en 4.000 millones, pero tanto el Gobierno como los nacionalistas vascos lo han desmentido públicamente. Eso sí, se han negado a cuantificarlo. Lo único que sabemos es que Íñigo Urkullu se declara muy satisfecho. Solo queda un voto más y todo apunta a que será el del diputado de Nueva Canarias. A medida que se acerque la fecha de aprobación de la ley, por pura ley de mercado, se encarecerá. El espectáculo público está asegurado, porque no se trata tan solo de acaparar recursos, que también, sino además de rentabilizar en votos futuros la jugada escenificando el acuerdo con grandes alharacas en los medios de comunicación. La visión de Estado pierde valor a marchas forzadas. No solo ante los políticos, sino también ante los propios ciudadanos, a los que se les está demostrando con hechos fehacientes que si votan a un nacionalista atraen más recursos e inversiones hacia el territorio en el que residen. La dinámica es perversa, más si cabe cuando la transferencia se gira hacia una de las zonas más ricas de España.
El dinamismo económico del País Vasco está fuera de toda duda. Y a nadie se le oculta que ello se debe en gran medida al sistema privilegiado de financiación del que disfrutan. Son sus autoridades las que recaudan impuestos para después pagar un cupo anual al Estado español por los servicios que presta en su territorio. Un modelo que, al margen de crear agravios comparativos -y ahí está la queja permanente de los nacionalistas catalanes para confirmarlo-, ha generado continuos roces con el Gobierno de España de turno. Gracias a él, la financiación per cápita de los ciudadanos que residen en esa comunidad autónoma es mucho más elevada que la del resto de españoles. Disponen de más recursos que el resto para financiar sanidad, educación o servicios sociales. Y, ahora, al vincular su cuantía al apoyo del Presupuesto del Estado, hace más visible ese trato desigual: si los vascos pagan menos, el resto tendrá necesariamente que pagar más. ¿Cuánto? Esa es la gran incógnita de esta negociación que, como todas las que a esta cuestión se refiere, peca de falta de transparencia. Si el sistema de financiación autonómica es un sudoku difícil de entender, el cupo vasco y su forma de calcularlo parecen misterios insondables que casan poco con lo que debe ser una democracia sana.
El dinamismo económico del País Vasco está fuera de toda duda. Y a nadie se le oculta que ello se debe en gran medida al sistema privilegiado de financiación del que disfrutan
Con el acuerdo sellado con el PNV y los nacionalistas canarios, Mariano Rajoy sacará adelante sus cuentas. A costa de los servicios que recibimos el resto de españoles, se garantiza la continuidad del Gobierno, la venerada estabilidad política. De rondón, coloca en una posición complicada a Ciudadanos, su adversario en las urnas. ¿Dará su apoyo Albert Rivera a unas cuentas que no solo consagran la desigualdad, sino que la engrandecen? ¿Tiene alternativa?
Quim Torra ha ordenado descolgar los lazos amarillos de los edificios públicos. El presidente de la Generalitat dispara para seguir haciendo ruido y se esconde tras el humo. Sánchez no da la cara y es el Poder Judicial el que defiende el Estado de derecho.