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La aparente irracionalidad del president . Sueña con los tanques bajando por la Diagonal

El referéndum programado por el president Puigdemont para el 1 de octubre no se va a celebrar porque no es viable. Admitir el derecho a decidir significaría el suicidio de la democracia y del Estado. Los separatistas piensan que la suspensión de la autonomía daría lugar a una protesta civil masiva. La finalidad del Gobierno es que el ‘procés’ haga el ridículo.

A estas alturas, me parece que está claro que el Govern de la Generalitat ha optado por el rumbo de colisión. De colisión con la Constitución, con el Estatut (del que el propio Puigdemont trae causa), con el Gobierno de la Nación, con los partidos de la oposición, con la legalidad y con al menos la mitad de los catalanes realmente existentes. Tal parece que el Molt Honorable haya asumido como propio el viejo dicho germánico “muchos enemigos, mucho honor”. Como no es posible celebrar una consulta electoral sin administración, sin censo, sin garantías de respeto del pluralismo, sin papeletas, sin urnas y, así sucesivamente, se sigue lógicamente que el referéndum programado para el primero de octubre (que todavía no ha sido convocado y que no cuenta con marco legal alguno) no es viable y que, por ello, no se va celebrar. Para un observador razonable, la conducta del Sr. President y de su Govern resulta ininteligible por irracional. Pero eso solo resulta serlo si se da fe a las palabras del Carles Puigdemont cuando anuncia que habrá referéndum “sí o sí”. Esa es la razón por la que el observador razonable se equivoca. Aquí no se trata para nada de votaciones, consulta, referéndum o “derecho a decidir” (versión .cat del timo de la estampita).

Por si en el plano legal las cosas no estuvieren claras, basta consultar los sondeos que se han realizado últimamente en el ámbito catalán. Con unos u otros matices, todos vienen a coincidir en que el bloque soberanista se halla en regresión electoral, en que los partidarios de la secesión menguan y los contrarios ascienden y que, de celebrarse la consulta en debidos tiempo y forma, los secesionistas y, a su cabeza, el Sr. Puigdemont, perderían. Ni el Sr. Puigdemont, ni Oriol Jonqueras son tontos ni suicidas. Juegan con una carta de triunfo: la consulta no se puede celebrar, no solo y no principalmente por que se halle al margen de la Constitución y las leyes, no se puede celebrar porque admitir el “derecho a decidir” significaría el suicidio de la democracia y del Estado. Con claridad lo ha acabado por decir el Molt Honorable: “Catalunya es una nación y, por ello, tiene derecho de autodeterminación “.

El Gobierno cerca a los secesionistas

El referente de Companys

Si el referéndum se puede convocar, pero no se puede celebrar, y si se celebrara en condiciones, se perdería, ¿a qué propósito obedece la estrategia del Govern? En el muy cargado ambiente político catalán, circula un fantasma: el del 6 de octubre de 1934. En aquella ocasión, el president Lluís Companys y su gobierno se alzaron contra la República y su Constitución, la intentona duró menos de un día, el Gobierno de la República encarceló y procesó a los miembros del gobierno catalán y los tribunales los condenaron. Al mismo tiempo, el gobierno de la República suspendió la autonomía, congeló sus instituciones y las sustituyó por un gobernador general. En marzo de 1936, el Tribunal de Garantías declaró inconstitucional la suspensión de las instituciones catalanas, se amnistió a los condenados por el 6 de octubre y Companys volvió a Barcelona aclamado por las masas, reafirmando la hegemonía de la Esquerra. Ese es el modelo de referencia.

En otras palabras, en un escenario de erosión y retroceso de los apoyos del ‘procés’, se juega al juego de la provocación permanente, al efecto de provocar una reacción excesiva y, a ser posible violenta, del Estado. De este modo, se piensa que una suspensión de la autonomía, especialmente si va unida a alguna clase de acto de fuerza, daría ocasión para una protesta civil masiva que paralizaría Cataluña, deslegitimaría al ordenamiento constitucional ante los catalanes, revertiría la tendencia menguante de los apoyos al ‘procés’ y, como guinda del pastel, desacreditaría a España ante la opinión europea. Y la conjunción entre la movilización desde abajo y la presión desde arriba conduciría a una negociación en la que los soberanistas estarían en posición de fuerza. No me parece desencaminada la observación de un colega catalán: “el president sueña por las noches con los tanques bajando por la Diagonal “.

Es más, si la reacción interna, la externa o ambas no funcionaran, queda en reserva el cartucho de la convocatoria de elecciones autonómicas, en la que los soberanistas podrían comparecer bajo la bandera del “derecho a decidir” y argumentar, plausiblemente, “lo intentamos, como dijimos, pero no nos dejaron”. Porque el riesgo de ir a cuerpo gentil a unas autonómicas es que de las urnas salga un escenario parlamentario con una mayoría alternativa.

La rebeldía de la Generalidad

¿Ven ustedes cómo el comportamiento del Govern no es irracional cuando busca el “choque de trenes”?

Vistas así las cosas, se entiende mejor la estrategia de los pequeños pasos que está siguiendo el Gobierno. Porque su objetivo último no es impedir la consulta, eso es necesario, pero a la postre instrumental, de lo que se trata es de llevar la estrategia de la confrontación que sigue el bloque soberanista al fracaso, porque la finalidad que se persigue no es derrotar al ‘procés’. Es que el ‘procés’ haga el ridículo. Y eso sí que da miedo a un lado de la plaza de S. Jaume.

Imagen de portada: El president, Carles Puigdemont, durante una reunión en el Palau de la Generalitat | Agencia EFE
Escrito por

Jurista y analista político. Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad CEU Cardenal Herrera. Fue senador por el CDS.

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