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Una “investidura a través del plasma” no es viable . Límites en el surrealismo institucional

La débil mayoría secesionista ha provocado una divergencia estratégica en torno a quién ha de ser el candidato “indepe” a la Presidencia. Para unos, la continuidad del nacionalismo pasa por la recuperación de la Generalitat, mientras que la “internacionalización” del conflicto es la prioridad para otros. La actividad parlamentaria exige la presencialidad, por lo que la “investidura a través del plasma” no es jurídicamente viable.

La frágil mayoría parlamentaria que el secesionismo tiene en el Parlament de Catalunya se ve atenazada estos días ante una divergencia estratégica: el secesionismo ¿debe recuperar la estrategia de confrontación seguida hasta la aplicación del artículo 155 de la Constitución y, para ello, recuperar el “Gobierno legítimo” bajo la presidencia del Sr. Puigdemont, o más bien debe buscar una legislatura larga, en la que se despliegue una orientación política más moderada que evite una nueva intervención y dé ocasión y tiempo para ampliar su base social? Esa divergencia sobre la estrategia se dobla y visibiliza en torno a la cuestión de quién debe ser el candidato “indepe” a la Presidencia y, en función de ello, mediante qué procedimiento.

Pro forma todo esta claro: todos los partidos “indepes” con representación parlamentaria aspiran a reponer el “Gobierno legítimo” y, por ello, su posición inicial es volver a elegir presidente al Sr. Puigdemont. Pero eso es fachada, por debajo de la cual la divergencia estratégica opera: mientras que el Sr. Puigdemont y la mayoría de los independientes de la lista de Junts per Catalunya, en unión de los diputados de la CUP, son partidarios de la estrategia de confrontación, ERC y el sector de Junts per Catalunya vinculado más directamente al aparato del PDeCat son partidarios de una estrategia de consolidación y ampliación de la mayoría, lo que exige políticas moderadas.

Dos posiciones divergentes

En buena medida, la divergencia de fondo se ve disimulada por la cuestión personal. Teóricamente todos respaldan la candidatura del Sr. Puigdemont, la práctica dista de ser tan unánime. A diferencia del Sr. Junqueras, que se quedó y ha afrontado las consecuencias de sus actos, en unión de una parte de los miembros del Govern destituido, el Sr. Puidemont y otra parte del Govern optaron por la fuga. No es casual; para unos, la continuidad de la mayoría nacionalista pasa por la recuperación de la Generalitat y una política de atracción que recupere primero y aumente después apoyos sociales, y para eso hay que estar en Barcelona; para los otros, la prioridad es la radicalización dentro para forzar una nueva intervención que pueda ser explotada al efecto de la “internacionalización” del conflicto, mediante la cual la UE acabe por forzar al Gobierno nacional a una negociación con una Generalitat “indepe”. Mientras que para los primeros la continuidad del artículo 155 o su nueva aplicación es una catástrofe, para los segundos es el medio necesario para, aumentando el victimismo y el ruido, procurar llegar a una negociación en posición de fuerza.

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Tanto unos como otros recurrieron a los recursos propios de la política emocional y, a tal efecto, incluyeron a investigados, fugados y presos en sus listas electorales. Como recurso momentáneo está bien, pero tiene un precio: con una mayoría “indepe” reducida a 70 escaños hay nada menos que ocho escaños correspondientes a fugados y presos. Si no cambia nada, los “indepes” bajarían a 62 escaños, en tanto que el conjunto de partidos que no son partidarios de la secesión sumarían 65. Malo. De los ocho diputados privados de libertad o fugados, tres están en prisión en territorio nacional y, a la vista de los precedentes, podrían contar con permisos judiciales para poder intervenir en al menos algunas de las sesiones del Parlament y, en particular, en la investidura; pero los cinco fugados, precisamente porque lo son, no pueden volver a Cataluña, porque serían detenidos ipso facto y no es fácil que se les dieran facilidades para poder votar. La salida es que renuncien y corra la lista, pero como para ser Molt Honorable hay que ser diputado, el Sr. Puigdemont no puede ni venir, ni dimitir. Y es entonces cuando aparece la solución “investidura telemática”.

La presencialidad, deber y norma

Vaya por delante que los diputados electos no necesitan presencialidad para recoger su acta, cumplimentar los requisitos de orden administrativo y hallarse en disposición de tomar posesión del cargo sin tener que personarse en el Parlament (art.23 RPC, Reglamento del Parlamento Catalán); ahora bien, el reglamento mismo impone la presencialidad a la hora del ejercicio del cargo. Aquí no cabe duda razonable: el reglamento impone al diputado el deber de asistir a las sesiones del Pleno y a las de la comisión a la que esté adscrito, adscripción que es asimismo obligatoria (art.4 RPC). Tal deber de presencia, cuya omisión es sancionable en sede parlamentaria (art.231 RPC), trae causa de la naturaleza misma del Parlamento: este es ante todo un foro de debate, en el que todo gira en torno a la deliberación pública, una deliberación que tiene una estructura dialogal que hace posible la formulación de opiniones y votos diversos, en la forma de un debate contradictorio. Por eso, la presencialidad es esencial a la actividad parlamentaria.

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Siendo la presencialidad un deber y una norma general, solo cabe admitir excepciones en supuestos puntuales. En el caso del Parlament, no caben otras que las derivadas de las obligaciones propias de la maternidad o las que se puedan seguir del estado de salud de un diputado, únicos casos en los que se admite, puntual y transitoriamente, que quepa la posibilidad de votar por delegación (art.93 RPC; el Reglament no registra posibilidad alguna de voto telemático que, a título excepcional, sí se contempla en otros reglamentos parlamentarios). Si eso es así, con mayor motivo la exigencia de presencialidad será mayor cuanto más relevante sea la materia objeto del debate y no cabe duda de que el de investidura del president es de la mayor relevancia. Vistas así las cosas, se comprende que tanto la redacción de la ley catalana 3/08 como la del Reglamento del Parlament den por supuesto que el candidato a presidente se halla presente en el debate, pues de otro modo no se ve cómo podría interactuar eficazmente con los portavoces de los grupos parlamentarios, ni como podrían desarrollarse con normalidad los turnos de réplica y dúplica, e incluso los debidos a alusiones. Ni como se podría negociar sobre la marcha, en caso necesario.

La investidura a través del plasma

Lo dicho no impide la candidatura a la Presidencia del Sr. Puigdemont. Este podría estar presente si retorna a España y, tras ser detenido, ser autorizado por el juez para participar en el debate de investidura, esto es, si se situara en la misma posición en la que se halla el Sr. Junqueras. Otra cosa es que un Molt Honorable en prisión difícilmente podría ejercer las funciones propias del cargo, con el agravante de que el ordenamiento jurídico catalán impide que se deleguen en un conseller en cap o en un consejero determinado facultades presidenciales cuyo uso puede ser imprescindible para gobernar efectivamente. Y es que el surrealismo institucional tiene límites que la pasión no entiende.

Vistas así las cosas, me parece claro que la “investidura a través del plasma” no es jurídicamente viable. No solo porque no resulta compatible con este o aquel precepto reglamentario, sino porque no lo es con la naturaleza propia de la institución parlamentaria. Claro que, a la vista de los precedentes, no parece muy aventurado pensar que al menos a una parte de los “indepes” las instituciones en general, y las instituciones catalanas en particular, les importan un ardite. Es cierto que de ese lado se ha usado el argumento de que Cataluña es la Dinamarca del Sur, pero también lo es que el que el Folketing solicite a la reina el nombramiento como primer ministro de un diputado encausado fugado de la justicia no se les ha ocurrido ni al más lunático de los guionistas de Borgen.

Imagen de portada: El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en una de sus intervenciones por videoconferencia desde Bruselas. | Agencia EFE
Escrito por

Jurista y analista político. Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad CEU Cardenal Herrera. Fue senador por el CDS.

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