El Debate de hoy

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Que, a estas alturas, el principal motivo de inquietud política en el país sea si en Cataluña se celebrará o no un referéndum independentista no deja de ser un fenómeno por completo anómalo y, por tanto, preocupante. Angustioso. Sobre todo cuando el Tribunal Constitucional ha dejado muy clara la ilegalidad que supondría ese acto, inequívocamente rupturista, claro está, de la unidad territorial de España.

Un acto que el Gobierno central tendría que paralizar como fuese. ¿Habrá, pues, o no habrá, referéndum secesionista? Todo indica que no puede haberlo y a quien suscribe le consta que los propios dirigentes que se pronuncian por abandonar España saben de la imposibilidad de llevar adelante esa consulta aunque, en privado, insisten, pese a todo, en menudo argumento: “debe celebrarse, porque hemos prometido hacerlo”. Planteadas así, tan poco racionalmente, las cosas, ¿hay soluciones para evitar el choque de trenes? Las hay, a mi juicio.

La verdad, uno ya no sabe qué más tendría que pasar en esa Cataluña, llena de complicidades oficiales y oficiosas con la corrupción y con todo tipo de irregularidades jurídicas, para que las (muchas) gentes que obviamente no desean que progrese el ‘procés’, valga la redundancia, hagan oír su voz indignada.

La última campanada ‘legal’ no vino del Tribunal Constitucional ‘de Madrid’, sino del Consell de Garanties Estatutàries, que es un organismo a caballo entre el TC español y el Consejo de Estado, creado por la propia Generalitat para ‘velar por la adecuación a la Constitución de la normativa legal emanada del Parlament catalán’.

Y ese Consell ha sido tajante: no casa con la Constitución de 1978 el intento de dedicar una partida de los Presupuestos catalanes a financiar ese referéndum que Puigdemont planea celebrar de aquí a septiembre para saber si los ciudadanos a los que representa desean independizarse de España.

Claro que desde la Generalitat han minimizado el ‘palo’ jurídico recibido, alegando que el mismo dictamen del Consell autoriza otras partidas extraordinarias para “procesos participativos”, aunque no sea para el que nos ocupa en concreto. Se trata de una forma más de retorcer las decisiones jurídicas, algo a lo que ya están acostumbrados quienes acusan a los jueces que combaten la corrupción oficial y oficiosa de estar ‘al servicio de Madrid’ y de actuar, en función de la coyuntura, al dictado del Gobierno central, por más que las irregularidades económicas y, en definitiva, los múltiples casos de corrupción, sean flagrantes.

Claro que, ¿cómo explicar, si no es dudando de la independencia judicial, el cúmulo de sentencias contra latrocinios, así como suena, practicados desde instancias muy próximas a la Generalitat? ¿Cómo contraponer argumentos que no sean torticeros a las confesiones de gentes que tanta relevancia tuvieron en la vida pública catalana, como Millet y Montull? Una buena parte de la sociedad catalana está, nos consta a muchos, perpleja, aunque atemorizada a la hora de expresar su indignación: el clima no es favorable. Y ahora, encima, el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries…

La judicialización de la vida política catalana, la inhabilitación pura y dura de los actuales rectores de la política en Cataluña, no van a ser medidas excesivamente útiles para llevar la concordia

Ya no cabe decirlo de otra forma: con todo lo actuado hasta ahora, la Generalitat se ha situado irremisiblemente frente a la legalidad ‘española’, que es la única posible. No solo frente a un Tribunal Constitucional al que se cuestiona, ni frente a lo que digan el Congreso de los Diputados o el Senado, que son, dicen en el Govern, instituciones ‘no catalanas’: se ha colocado en contra de la normativa penal y civil, en general. Nada menos. Además, claro, de en contra de la propia Constitución.

Y ello crea un dilema no solamente para los rectores de la actual política catalana, sino, hay que reconocerlo, también para todo el resto de los españoles. Ante esta evidencia de confrontación legal, ¿qué hacer?

Quizá haya llegado el momento de desempolvar algunos artículos olvidados en nuestra ley fundamental. Por ejemplo, el famoso artículo 152

Porque así, claramente, no se puede seguir. Y no creo que la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que es excesivamente etéreo y, por tanto, presumiblemente no demasiado eficaz –nunca se ha aplicado hasta ahora–, vaya a servir de mucho. La mera utilización del ‘palo’, la judicialización de la vida política catalana, la inhabilitación pura y dura de los actuales rectores de la política en Cataluña no van a ser medidas excesivamente útiles para llevar la concordia a una Comunidad que hace diez años registraba una voluntad independentista de apenas un diecisiete por ciento, voluntad que ahora ha crecido hasta, según la mayor parte de las encuestas, un cuarenta y ocho por ciento.

Es de suponer que también, aunque no principalmente, por culpa de los desaciertos ‘de Madrid’. Reconozcámoslo y esperemos que del otro lado también reconozcan algún día sus errores y hasta sus desmanes. El resultado de la obcecación, hasta el momento, está siendo malo. Muy malo.

Hay que variar el rumbo. No, no es la hora de los ‘halcones’. Ni los de Barcelona ni los de Madrid. Anticipo, por el contrario, un futuro en el que la llamada ‘operación diálogo’ tendrá que jugar un papel decisivo, antes o después de las previsibles elecciones anticipadas en Cataluña.

Unas elecciones que, también previsiblemente, ganaría Esquerra Republicana y que colocarían, por tanto, a Oriol Junqueras al frente de la Generalitat, desaparecidos del panorama político personajes nefastos, por débiles y mesiánicos, como Artur Mas y Carles Puigdemont. Y esa, la de alguien como Junqueras, a quien hay que reconocerle que sobre política sí que sabe, sería la hora de la difícil negociación que acaso llevaría a un referéndum en Cataluña. Pero a un referéndum plenamente acorde con la Constitución, no al que ahora quieren los llamados independentistas.

La vía del 152

Piensan algunos estudiosos, entre ellos el ‘padre de la Constitución’ Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, que quizá haya llegado el momento de desempolvar algunos artículos olvidados en nuestra ley fundamental. Por ejemplo, el 152, que en su apartado 2 dice lo siguiente: “una vez sancionados y promulgados los respectivos Estatutos, solamente podrán ser modificados mediante los procedimientos en ellos establecidos y con referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes”.

Es decir, que el proceso negociador, en su parte dogmática, bien podría ser el siguiente: llegar a un Estatut ‘mejorado’, que contemple algunas reivindicaciones ‘políticas’ del nacionalismo catalán, entre ellas, reconocer que Cataluña es una nación (dentro de la nación española) y que este paso vaya acompañado de algunas medidas económicas convenientes a los intereses catalanes.

Podría ser un reconocimiento que bien pudiese figurar en una disposición adicional de la Constitución, como el propio Herrero de Miñón y Josep Antoni Duran i Lleida sugerían.

Hay que seguir conviviendo inteligentemente con los temas más espinosos día a día, conscientes todos de que el nacionalismo no es una doctrina, sino un estado de espíritu

Y ese ‘paquete de mejoras’ sería objeto de un referéndum en los términos del artículo constitucional antes mencionado; resultaría muy complicado para los futuros dirigentes de la política catalana, en general, y para un Oriol Junqueras agobiado por la evidencia de la corrupción de sus ‘socios’, en particular, decir ‘no’ a este mejoramiento del Estatut.

De la misma manera que pienso que al resto de los presidentes autonómicos les resultaría muy complicado seguir argumentando con la exigencia de la ‘necesaria igualdad’ en una España que pocas dudas caben ya de que es esencialmente heterogénea, qué le vamos a hacer.

No sé si, con ello, suponiendo que el camino negociador fuese bien, el problema quedaría solucionado o simplemente aplazado. Pero hay que recoger aquí la doctrina de Ortega y Gasset que, en sus lúcidos diagnósticos sobre las relaciones de Cataluña con el resto de España, recomendaba una ‘conllevanza’ de los problemas.

Es decir, hay que seguir conviviendo inteligentemente con los temas más espinosos día a día, conscientes todos de que el nacionalismo no es una doctrina, sino un estado de espíritu, y evitando un choque de trenes que a nadie, ni a los catalanes ni al resto de los españoles, conviene.

Llámelo, si quiere, seny. O sentido común. O vieja sabiduría. O espíritu de supervivencia. Pero todas las partes, las que habitan en Moncloa, en Ferraz, en la plaza de Sant Jaume, la propia sociedad civil, deben saber que esto es, simplemente, lo que hay. Son, como decía recientemente un político del Partido Popular, lentejas. Si quieres, las comes; y si no… no puedes, simplemente no puedes, dejarlas.

Foto de portada: Manifestación independentista en Cataluña. Agencia EFE.