Mariano Ayuso Ruiz-Toledo | 27 de agosto de 2018
La arbitraria actuación de los Mossos d’Esquadra en Cataluña de identificar a los ciudadanos que retiran los lazos amarillos, al parecer para proceder a sancionarles conforme a la Ley de Seguridad Ciudadana, está causando una conmoción -incluso indignación- en toda España. Esta polémica de los lazos amarillos requiere un cierto análisis.
https://twitter.com/interiorcat/status/1030886647548792832Los lazos amarillos objeto de la polémica no tienen ningún significado por sí mismos, pero en el contexto político actual suponen una proclama por la independencia de Cataluña, por la llamada república catalana y por la libertad de los presos preventivos catalanes a disposición del Tribunal Supremo. Por tanto, la polémica de los lazos amarillos viene de que estos tienen una significación neta de ensalzamiento de conductas criminales y debieran ser retirados por los propios Mossos d’Escuadra. Si se entiende que están dentro de la libertad de expresión, ello implicará que no se sancione a quien los porta o coloca en un lugar visible, pero no puede implicar que no sean retirados los lazos amarillos de los lugares públicos.
En consecuencia, la polémica de los lazos amarillos la produce la actual intervención de los Mossos d’Esquadra al identificar a los que retiran lazos amarillos de la vía pública, para -al parecer y según fuentes de la Generalidad- tramitar expedientes sancionadores conforme a la Ley de Seguridad Ciudadana, es de dudosa legalidad conforme al artículo 16 de la Ley de Seguridad Ciudadana, ya que no hay ningún delito que prevenir, ni se alcanza a comprender qué infracción administrativa se pudiera cometer con la retirada de los lazos amarillos en Cataluña.
Un lazo amarillo en Moncloa . Altanería independentista frente a un Gobierno débil
Pero la identificación de los que retiran los lazos amarillos por los Mossos d’Esquadra pasaría de ser una irregularidad administrativa de los Mossos o de quienes les hubieran dado instrucciones para ello (habría que analizar las circunstancias y motivación administrativa de las instrucciones para ver si llegaría a ser un delito de prevaricación administrativa), a un delito de detención ilegal, si realmente se hubieran producido detenciones de los ciudadanos que retiran los lazos amarillos, o en el caso de trasladarlos a dependencias policiales para su identificación y este traslado no estuviera justificado por su negativa a identificarse o la dificultad para ello, o la “retención” hubiera durado más de seis horas (tiempo máximo, conforme al citado artículo 16 de la Ley de Seguridad Ciudadana para la diligencia de identificación).
Este mismo precepto obliga a expedir a la dependencia policial un documento acreditativo de las razones de la identificación, de la duración de la permanencia en dependencias policiales y de la identidad de los agentes actuantes.
La justicia nos ha dado la razón.
— Societat Civil Catalana (@Societatcc) July 26, 2018
Si quieres denunciar los que hay en tu municipio, descárgate el formulario y hazlo llegar a tu ayuntamiento.
Entre todos conseguiremos recuperar Cataluña para la democracia y la libertad.
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Estamos en estos penosos incidentes de identificación -esperemos que no de detención- de los ciudadanos que retiran los lazos amarillos en Cataluña por los Mossos d’Esquadra con unas probables irregularidades administrativas por la práctica misma de la identificación, con una segura irregularidad administrativa (si es que no con una prevaricación administrativa) con las eventuales instrucciones a los agentes en ese sentido y con unos posibles delitos de detención ilegal si se confirman los rumores de que los ciudadanos fueron traslados a dependencias policiales de los Mossos d’Esquadra por el mero hecho de haber retirado lazos amarillos en Cataluña, y allí retenidos (figura que no existe en nuestro ordenamiento procesal, por cierto) por más de seis horas (tiempo máximo que puede durar una identificación en dependencias policiales y ello por causas justificadas).
Esperemos que -en aras del tan traído y llevado Estado de Derecho- cesen de inmediato estas actuaciones arbitrarias contra la disidencia política, en este caso acorde con la Constitución y las leyes, y que van a obligar, si se perpetúan, a una nueva aplicación del artículo 155 de la Constitución. La otra opción es dejar que siga escalando el enfrentamiento civil entre las dos mitades de Cataluña, con la circunstancia agravante de la utilización partidista de los medios públicos de la Generalidad por una de las facciones, y precisamente la que se opone a la Constitución y el ordenamiento jurídico.
Quim Torra ha ordenado descolgar los lazos amarillos de los edificios públicos. El presidente de la Generalitat dispara para seguir haciendo ruido y se esconde tras el humo. Sánchez no da la cara y es el Poder Judicial el que defiende el Estado de derecho.
