Carlos Cuesta | 30 de mayo de 2017
«Plurinacionalidad». Se trata del concepto que el nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha aireado en su campaña a las primarias del partido y que pretende introducir en el congreso de los socialistas. Un término descrito con más detalle en mítines como el reciente de Tarragona, donde señaló que su apuesta es la de una reforma constitucional que contemple que “España es una nación de naciones y Cataluña es una nación”.
“Yo defiendo el autogobierno ante el retroceso y ataque sistemático que ha hecho el Gobierno de Madrid con el de Cataluña, con la Lomce por ejemplo”. Porque, según Sánchez, “necesitamos a todos los catalanes progresistas y catalanistas porque hemos de regenerar la vida política y social en España, y lo hemos de hacer desde un catalanismo que nunca se desentendió de la modernización de Cataluña y de España”.
En mítines recientes como el de Tarragona, señaló que su apuesta es la de una reforma constitucional que contemple que “España es una nación de naciones y Cataluña es una nación”.
Nada dijo en aquel mitin sobre qué le parecen las constantes violaciones de la Generalitat de las sentencias judiciales en las que se confirma la marginación del castellano en Cataluña y la violación de los derechos de los padres a educar a sus hijos en la única lengua oficial de toda España. Tampoco dijo nada sobre si el supuesto «ataque» a Cataluña incluía la ayuda de más de 60.000 millones destinada en los últimos cuatro años por todos los contribuyentes a Cataluña para evitar su quiebra.
Pero ahí quedó expreso su plan. Una reforma del artículo 2 de la Constitución para albergar el concepto nación, no como mera mención terminológica, sino con alcance normativo y repercusión en los impuestos, inversiones, educación, etc.
Es posible que Pedro Sánchez ni haya pensado la gravedad de su afirmación. Porque su propuesta nada tiene que ver con que él sea o no separatista: su plan tan solo pretende favorecer una gran alianza con todas las izquierdas radicales de España más los separatistas, única forma de llegar a ser presidente Sánchez a través de una moción de censura o de unas futuras elecciones, a la vista de las encuestas. Pero lo cierto es que su plan desafía abiertamente la Constitución.
Julio de 2010: sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto Catalán. Una resolución en la que se encuentra, con fuerza de sentencia y doctrina constitucional, la respuesta al debate sobre si es posible o no una «nación de naciones» y una Cataluña nación, dentro de la nación española. Y la respuesta es breve: no.
«La Constitución no conoce otra que la nación española». El Tribunal Constitucional se posicionaba con esta rotundidad en un texto ampliamente razonado, de 881 páginas. La sentencia admitía el uso del término nación como legítimo, pero siempre que quedase claro que quedaba desprovisto por completo de alcance jurídico interpretativo.
Según el TC, el Estatuto no puede «desconocer» la «indisoluble unidad de la nación española» ni interpretar el rango de las normas con las que el Estado debe legislar sobre competencias compartidas
La sentencia extendía su explicación. El Estatuto no puede «desconocer» la «indisoluble unidad de la nación española» proclamada en la Constitución, apuntaba el TC. «El pueblo de Cataluña comprende al conjunto de los ciudadanos españoles que han de ser destinatarios del ejercicio del poder público de la Generalitat de Cataluña». Y ello, pese a la existencia de votos particulares de magistrados del Constitucional que consideraron, como Rodríguez-Zapata, que la sentencia se quedaba corta en limitar un Estatuto que colapsaba el sistema constitucional de fuentes del derecho y, con él, el funcionamiento mismo del Estado.
Sánchez ha prometido el control pleno en materia lingüística por parte de la Generalitat. Y olvida que aquella sentencia señaló que el concepto de «lengua propia» aplicado al catalán no puede suponer un desequilibrio en el régimen de cooficialidad: dado que el propio artículo 6, en su apartado 2, establece que el catalán y el castellano son lenguas oficiales en Cataluña y todas las personas tienen derecho a utilizar las dos, declarar la preferencia de una de ellas «implica la primacía de una lengua sobre otra». Por ello, declaró inconstitucional la pretendida primacía del catalán que hoy promete Sánchez desde el PSOE.
Sánchez ha anunciado igualmente que acabará con el «ataque» a las competencias catalanas. Y, de nuevo, olvida que aquella sentencia rechazó ya, de plano, las pretensiones de la Generalitat y declaró inconstitucional buena parte del artículo 111 del Estatuto. Según la sentencia, un Estatuto no puede interpretar el rango de las normas con las que el Estado debe legislar sobre competencias compartidas. Si las bases son «principios» o «normación mínima no es asunto a dilucidar en un Estatuto, sino solo en la Constitución». «Ello es así, […] porque el concepto, el contenido y el alcance de las bases no pueden ser, como regla general, distintos para cada comunidad autónoma, pues en otro caso el Estado tendría que dictar uno u otro tipo de bases en función de lo dispuesto en cada Estatuto de Autonomía».
Sánchez también promete una mejora de la financiación autonómica de Cataluña. Especialmente, para reducir su aportación al sistema de solidaridad nacional, pretensión clásica del nacionalismo. Y ya entonces el TC aclaró que solo el Estado puede establecer el esfuerzo fiscal que debe realizar cada comunidad y que esa pretensión vulneraba la «autonomía financiera» del resto de las comunidades.
Sánchez no duda en ofrecer a Cataluña capacidad para regular y recaudar tributos en su territorio. Y, una vez más, tendría que pisotear la doctrina al TC, que dejó claro en aquella sentencia que la potestad de «establecer y regular los tributos propios» de, por ejemplo, las entidades locales es «exclusiva y excluyente» del Estado.
Y Sánchez habla de una federación con autogobierno autonómico casi pleno, cuando aquel mismo texto constitucional señaló que, en materia de Justicia, por poner otro ejemplo, el Estatuto catalán cometía un «evidente exceso» al crear un Consejo de Justicia de Cataluña como «órgano de gobierno del poder judicial» y desconcentrado del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). «Ningún órgano, salvo el CGPJ puede ejercer la función de gobierno de los órganos jurisdiccionales integrados en el Poder Judicial, exclusivo del Estado, ni otra ley que no sea la Orgánica del Poder Judicial puede determinar la estructura y funciones», concluía la sentencia. Es decir, que cualquier intento de aumentar las competencias por esa vía chocaría con la Constitución.
Entonces, ¿qué competencias piensa transferir Sánchez en su plan plurinacional? ¿Qué supuestos derechos normativos o históricos, si todos han sido ya aclarados por el propio Constitucional? ¿O qué dinero pretende darles a cambio de su alianza política?
Porque los votantes socialistas deben saber que, si en lo que está pensando es en enviar aún más fondos a la Generalitat, solo cinco territorios aportan más de lo que reciben al esquema de solidaridad territorial: Madrid, 17.591 millones de euros, el 9% de su PIB. Cataluña, 8.800 millones, el 4,5% del PIB (la mitad que Madrid). Baleares, 1.511 millones, el 5,8% de su PIB. La Comunidad Valenciana, 1.416 millones, el 1,48% del PIB. Y Navarra, 176 millones, el 1% del PIB. Y solo dos por un volumen suficiente como para atender las necesidades del resto de CC.AA.: Madrid y Cataluña. Es decir, que si uno de esos aportantes sale del sistema, lo pagarán inmediatamente los receptores, que verán recortados sus fondos de una manera drástica.
¿Quiénes son esos receptores? La primera, Andalucía, que cada año recibe 6.154 millones, un 4,4% de su PIB, y es el gran caladero de voto socialista. También Extremadura, que logra cada año 2.730 millones, y donde, de nuevo, gobierna el PSOE. Asturias, que obtiene 2.060 millones, y donde también gobierna el PSOE. O Castilla La Mancha, se hace con 2.465 millones anuales y, una vez más, es otro de los grandes viveros de voto del PSOE.
¿De veras Sánchez está dispuesto a provocar la quiebra del sistema de solidaridad regional del que viven buena parte de sus caladeros tradicionales de voto? ¿Piensa provocar la imposibilidad de financiación de la sanidad, educación o servicios sociales en la mitad del territorio español? ¿O sencillamente es que ni lo ha pensado?
La última opción parece la más probable a la vista de la forma de actuar del nuevo secretario general del PSOE. Porque, para él, lo importante es llegar al poder. Y ahí es donde entra su propuesta de plurinacionalidad: una barbaridad inconstitucional e insensata que lo ha enamorado, simplemente, porque cree que le permitirá llegar a La Moncloa. Por supuesto, con el respaldo o el voto de la extrema izquierda y el separatismo.
Quim Torra ha ordenado descolgar los lazos amarillos de los edificios públicos. El presidente de la Generalitat dispara para seguir haciendo ruido y se esconde tras el humo. Sánchez no da la cara y es el Poder Judicial el que defiende el Estado de derecho.
