El Debate de hoy

El primer diario móvil de opinión de España

El narcotráfico se ha convertido en un serio problema en el Estrecho. Las fuerzas de seguridad se enfrentan a las mafias en inferioridad de medios y en la zona exigen medidas que eviten convertir la región en la Sinaloa andaluza. 

En una democracia, el Estado es el único poder legitimado para usar la violencia en defensa de la ley. Por eso no se entiende que las fuerzas de seguridad que luchan contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar y en otras partes de España lo hagan con las manos atadas a la espalda, mientras los narcotraficantes y sus poderosas organizaciones lo hacen con toda clase de medios tecnológicos y hasta con chulería, mofándose por tierra, mar y aire de la Policía, de la Guardia Civil y de la Agencia de Aduanas.

Y no solo se burlan de quienes los persiguen, es que hasta los acorralan y embisten con lanchas y vehículos pesados, hiriendo a los agentes y escapando a la carrera hasta el bar de la esquina. No cabe en cabeza humana que las fuerzas del orden no utilicen armas de guerra para combatir unas batallas que ganan cada día los delincuentes y pierden las fuerzas de seguridad y los ciudadanos, acogotados e indignados cuando presencian la jactancia de los narcos y la impotencia, cuando no indiferencia, de un Estado en el que han depositado su confianza y al que pagan impuestos para que los proteja con eficacia frente al bandolero.

Así se la han jugado los guardias civiles del #ServicioMarítimo de #Ceuta persiguiendo tres lanchas de narcos

Han logrado intervenir más de 4000 kg de #hachis en una narcolancha de más de 1000 cv de potencia#Grandes 💪💪💪pic.twitter.com/TdnBZ9P0G5

— Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) May 22, 2018

No resulta difícil perseguir por mar y aire a las lanchas de los narcotraficantes, darles el alto tres veces y a la cuarta disparar a proa para destruir la embarcación, detener a los delincuentes o recoger lo que quede de ellos, si es que han elegido este final para no entregarse ni dar su brazo a torcer. Puede parecer duro, pero es la medicina que entienden estos malhechores. La que no entienden es la de ir a la guerra con caramelos y globos de colores, que es lo que se deduce del proceder de los que tienen la obligación de restituir la legalidad en esas zonas y evitar que ese tráfico ilícito se convierta en una industria en la que hay codazos por entrar por su impunidad y rentabilidad. Algunos, los buenistas, dirán que es una barbaridad y que lo que hay que hacer es crear empresas y puestos de trabajo para toda esa gente. Sí, también, pero primero dotar de medios humanos, armamento potente y reglas letales de enfrentamiento a los cuerpos de seguridad para luchar contundentemente contra estas mafias nacionales e internacionales que se ponen al Estado por montera, corrompen a la juventud con salarios diarios de mil, tres mil y hasta 20 mil euros (¿acaso se puede competir con estipendios similares en trabajos honrados?) y luego comentan sus fechorías en bares y barrios, mientras alardean de lujosas casas-fortaleza, coches de alta gama y “pelucos” (relojes) y abalorios que lucen con descaro.

En algunos países de Norte, Centro y Sudamérica hay Estados fallidos por culpa de la violencia de los cárteles, las maras y las bandas, y la inacción de las instituciones, muchas de ellas corrompidas y fusionadas con los delincuentes y el narcotráfico. Si no queremos seguir ese camino o que muchos ciudadanos y policías se tomen la justicia por su mano y volvamos a la ley de la selva, los poderes democráticos del Estado deben reaccionar con prontitud y luchar sin tregua y con toda clase de recursos, incluidos los más fuertes, contra esa delincuencia organizada que crece y se fortalece cada día, provocando la perplejidad del común, que constata cómo se “mexicaniza” y “colombianiza” el Campo de Gibraltar.

Violencia en México . La corrupción convierte al país en el ‘narcorreino’ de la impunidad

Todo va a peor en esa zona. En el informe de 2016 de la Fiscalía Antidroga de la zona se decía: “Se viene detectando el incremento de los actos violentos ligados al narcotráfico”. Llevan mejores armas, hay más ajustes de cuentas entre bandas y ha aparecido una nueva modalidad, los “paleros”, especialistas en suplantar a la Policía para robarse entre narcos. Quienes trabajan sobre el terreno advierten que en abril de 2017 hubo un punto de inflexión. Fue cuando apareció la Policía en una playa de La Línea de la Concepción para abortar la descarga de un alijo y los delincuentes no huyeron, sino que hicieron frente a los agentes a pedradas. Es lo que pasa cuando se va con flores para enfrentarse a violentos transgresores. Ahora la moda son las embestidas. “La sensación de impunidad se acentúa cada día mucho más”, declaró a El Confidencial el secretario provincial de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en Cádiz, José Encina. “Cuando vamos a interceptar un vehículo cargado de droga aparece un vehículo lanzadera que nos embiste directamente y nos corta el paso con violencia porque les da todo igual. Estamos hartos de pedir que esas embestidas no se castiguen como un choque fortuito sino como un atentado contra la autoridad con todos los agravantes posibles. Necesitamos muchas condenas ejemplarizantes”. ¿A qué esperan los fiscales y los jueces para remangarse los manguitos, dejar de cogérsela con papel de fumar y defender al ciudadano con la misma diligencia con la que lo hacen en otros tipos de delitos menos corrosivos para la sociedad pero más mediáticos y menos peligrosos para ellos?

En la última memoria de la Fiscalía General del Estado se dice que en 2016 se incautaron 361.754 kilos de drogas, el 40% en Cádiz y Algeciras, un 14% en Málaga y un 12% en Almería. De hachís fueron 324.379 kilos, que junto a la marihuana suponen el 95% de los alijos interceptados. En ese mismo ejercicio, los procedimientos por tráfico de drogas bajaron un 10,56% en la Fiscalía Antidroga de Cádiz-Ceuta, con 1.338 tramitaciones, frente a 2.954 de 2012. Este descenso de las actuaciones de la Fiscalía está directamente relacionado con los recortes en las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado. Desde 2011 y según la Junta de Andalucía, esta comunidad cuenta con mil policías nacionales y mil guardias civiles menos. En 2017, la Unión Federal de Policía (UFP) cursó 69 peticiones de medios y personal, y el Ministerio del Interior o no pudo o no quiso atenderlas.

Grande-Marlaska asegura en La Línea de la Concepción que se aportarán “los medios que sean necesarios y precisos” para luchar contra los narcotraficantes. Y apunta un nuevo frente: atacar “sus fuentes de financiación y sus cuentas de beneficios”. pic.twitter.com/0AcDtIOA7E

— Ministerio Interior (@interiorgob) July 9, 2018

Las medidas para salvar la comarca están recogidas en un documento de la plataforma por la seguridad en la zona y son: 700 agentes más, nuevos medios materiales, la implantación de Unidades de Prevención y Reacción (UPR) en La Línea, condenas contundentes y ejemplarizantes, un juzgado especializado en narcotráfico, ampliación de la plantilla de fiscales, una nueva comisaría en La Línea, eliminación de las “narcolanchas” (como hizo Gibraltar en los años 90 y que el Gobierno de Pedro Sánchez parecer ser que hará) y medidas sociales y de empleo por parte de la Junta de Andalucía. José Chamizo, presidente de la Federación contra la Droga, ha declarado al respecto que Vigilancia Aduanera y la Agencia Tributaria deben luchar más contra el blanqueo de capitales porque “hay cabecillas que son detenidos, pasan por la cárcel un par de años y cuando salen siguen teniendo todo su patrimonio. Personas sin oficio que tienen grandes propiedades, coches de lujo y un tren de vida asombroso y nadie hace nada”. Es como si algunos irresponsables en dos poderes del Estado pretendiesen convertir esa zona de Andalucía en Guerrero, Colima o Sinaloa, el hit parade mexicano de la inseguridad y la impunidad.

Imagen de portada: Agentes de la Guardia Civil recogen parte de la droga arrojada al mar por miembros del narcotráfico durante una de las persecuciones en la zona de Algeciras | Agencia EFE