Hay jinetes de luz en la hora oscura
Carlos Cuesta | 07 de noviembre de 2017
El 21 de diciembre se celebrarán las elecciones catalanas. Una elecciones convocadas sin tiempo para poder diluir los nocivos y extensivos efectos de un nacionalismo que lleva causando estragos desde hace décadas en Cataluña y en las que toda España se jugará algo más que el poder en esta comunidad autónoma. Se jugará la posible extensión del desafío separatista a todo el resto de plazas españolas con tendencia nacionalista. Desde País Vasco, hasta Navarra, pasando por Baleares, Valencia e incluso Galicia.
Fueron muchos los que se rieron cuando algunos, ya en la época de José Luis Rodríguez Zapatero, advertimos de que el camino abierto por la reforma del Estatuto de Cataluña acabaría en un desafío constitucional y una amenaza a la unidad de España. Fueron, de hecho, los mismos que ahora se callan y prefieren no recordar aquello.
Ha pasado más de una década de aquel triste momento. Y ahora volvemos a vivir otro momento decisivo. Porque, o se corta de raíz el avance del separatismo o su efecto supondrá un potente catalizador para todas las formaciones nacionalistas e independentistas que se extienden por el resto de España.
Es el caso de Navarra, una comunidad donde el Ayuntamiento de Pamplona se encuentra controlado por EH-Bildu y donde la misma autonomía está gobernada por Geroa Bai dentro de un conglomerado de partidos que suma a PNV, Podemos y Bildu. Un territorio en el que los padres han tenido que salir ya dos veces a la calle: la primera, para protestar por la política -ya impulsada- de sustituir el inglés por el eusquera en las escuelas. La segunda, por la reforma de la normativa de símbolos impulsada para incluir la bandera regional vasca como símbolo en los edificios públicos navarros.
VÍDEO | García-Margallo: "El nacionalismo siempre necesita mártires" https://t.co/rUeUDrdqZM #L6Nhorapuigdemont pic.twitter.com/bUdb4wMNDa
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Es el caso del País Vasco, donde el eje de gobernabilidad pasa por un delicado equilibrio del PNV, que coquetea con la independencia, mientras le pisa los talones un matrimonio anunciado de EH Bildu y Podemos, que sueña con romper la Constitución y la unidad de España.
Es la situación de Baleares, donde la alianza del PSOE con Mes y Podemos ha llevado ya a políticas lingüísticas anuladoras de los derechos de niños y padres a ser educados en castellano y donde alcanzar un puesto de trabajo en la Administración autonómica sin saber “catalán” -ni siquiera mallorquín- es ya pura utopía.
Es el de Valencia, donde el Gobierno de Ximo Puig y Mónica Oltra acaba de cerrar un acuerdo de promoción de la cultura catalana y de expansión del catalán dentro del marco de desarrollo de lo que ellos llaman los Países Catalanes. Y donde las subvenciones de la Generalitat catalana se han dedicado a explicar una contra-historia diseñada con el único objetivo de adoctrinar a los niños y romper sus lazos naturales con el resto de España.
La violencia del delito de rebelión comprende la intimidación, y en el caso de Cataluña existió https://t.co/kFJK7SJhbk vía @eldebatedehoy
— CEU Ediciones (@CEUEdiciones) November 3, 2017
E, incluso, aunque en menor grado, es el caso de Galicia, donde las fuerzas nacionalistas y la penetración de las Mareas coaligadas con Podemos han mantenido el sentimiento nacionalista y anticonstitucional.
Es el caso de todas las fuerzas nacionalistas e independentistas de cada una de estas plazas, que observan con gran atención lo que ocurre en Cataluña porque saben que si, tras un golpe como el presenciado, sus responsables no son castigados con severidad y sus iniciativas legislativas anuladas por completo, el mensaje de debilidad nacional dará alas a sus formaciones antiespañolas. Porque la moraleja será obvia: ‘Podemos imitarlo, que el castigo no es tan firme como se podría imaginar’.
Eso es lo que está en riesgo en Cataluña, en especial, el próximo 21 de diciembre, fecha de las elecciones autonómicas. Porque es más que probable que el triunfo vuelva a ser para los separatistas -cuentan con los grandes medios de comunicación allí para lanzar una potente campaña de victimización, empezando por TV3 y la radio pública catalana que todos pagamos- y con el sedimento de tres décadas de adoctrinamiento en las escuelas. Y que en ese momento nos tengamos que hacer la pregunta obvia: ¿y ahora qué?
#ÚltimaHora ? La Fiscalía de Bruselas ordenará detener a Puigdemont y sus ex consellers antes de designar juez. https://t.co/hOPlmDenuF
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Una preocupación que ya comparte, por ejemplo, el propio PNV, nacionalista y gran culpable de la situación actual pero que ahora ve cómo el independentista y abertzale puro, heredero de Batasuna, Bildu, puede ser el gran beneficiario si parte de los votantes de PNV se hacen la siguiente pregunta: “Y si lo ha intentado Cataluña, ¿por qué no nosotros?”. Un momento en el que parte del voto más radical de PNV, especialmente el más joven, puede migrar a Batasuna y extender el golpismo al País Vasco.
Y una preocupación que viven día a día, por ejemplo, en el PP o Ciudadanos de la Comunidad Valenciana y Baleares, donde ya han comprobado en carne propia cómo el Partido Socialista, pese a todas sus declaraciones en favor de la Constitución e, incluso, el apoyo al 155, lo cierto es que en cada plaza con tendencia nacionalista no tiene ni el más mínimo problema en abrir las puertas a los pactos con las corrientes abiertamente nacionalistas y camufladamente separatistas.
¿En qué consiste el delito de usurpación de funciones? Lo explica el jurista Juan Luis Jarillo. #Cataluña #db pic.twitter.com/kg2EgSXQYU
— El Debate de Hoy (@eldebatedehoy) November 2, 2017
Por eso es importante que, tras esas elecciones del 21-D, gane quien gane, el control sobre el uso de los fondos nacionales sea estricto: para confirmar que ni un solo euro acaba en proyectos identitarios y separatistas. Por eso es vital que el Ministerio de Educación cumpla de una vez con su función exigida constitucionalmente de garantizar, como señala el artículo 149.1.1 de nuestra Carta Magna, que “el Estado tiene competencia exclusiva sobre […] la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales”. Y, entre esos derechos, está, por supuesto, la Educación. Y, por supuesto, el derecho a recibirla “en igualdad de todos los españoles”, en Murcia, Alicante, Logroño, Gijón o Gerona. Por eso es decisivo que cualquier organización con fines ilícitos, dedicada a la generación del odio y constituida con el único fin de hacer saltar por los aires nuestra Constitución sea pasada por el filtro de la Justicia. Se llame como se llame. Y por eso es vital que los golpistas tengan un juicio sin intermediación ni presión política. Y que sus castigos sean los propios de quienes han pretendido acabar con todo nuestro marco de convivencia pacífica, desarrollo social y económico y respeto de derechos y libertades. Porque, en caso contrario, su virus seguirá latente.
Y nuestra amenaza de haber iniciado un proceso de contagio será obvia.Quim Torra ha ordenado descolgar los lazos amarillos de los edificios públicos. El presidente de la Generalitat dispara para seguir haciendo ruido y se esconde tras el humo. Sánchez no da la cara y es el Poder Judicial el que defiende el Estado de derecho.