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Lo que buscan los soberanistas catalanes es provocar una reacción desmedida del Estado

Ha salido a la luz un borrador del proyecto de ley de “transitoriedad jurídica”, en el que caben destacar dos cuestiones relevantes: la relación entre secesión y referéndum y la regulación de la “nacionalidad catalana”

En un momento en el que el “procés” muestra claros síntomas de fatiga de materiales, en el que hay indicios de retroceso del movimiento secesionista y en el que se aproxima el momento de la verdad, ha salido a la luz un borrador del proyecto de ley de “transitoriedad jurídica” que, al parecer, se cuece en el seno del Govern. En lo que se conoce, el texto no tiene desperdicio: sobre la base de la “soberanía nacional” catalana (algo que ya ha sido declarado inconstitucional por el TC en, al menos, tres ocasiones), se diseña una serie de normas sobre el destino de organizaciones administrativas y funcionarios, sobre la judicatura, la prensa y los otros medios de comunicación social; se diseñan reglas sobre la nacionalidad catalana, se pretende obligar al “Estado” a negociar el destino de fondos públicos, bienes asimismo públicos y finanzas en general y así sucesivamente. Que el texto publicado constituye un disparate jurídico monumental ya ha sido dicho, y lo ha sido por voces más autorizadas que las mías, por lo que me parece pertinente fijar la atención en dos cuestiones que considero relevantes: la relación entre secesión y referéndum y la regulación de la “nacionalidad catalana”.

Emotivo alegato de un funcionario catalán que pide ayuda al Estado

La primera cuestión se trata en la disposición final. El texto propuesto contiene dos reglas: según la primera, la ley de transitoriedad entra en vigor en el momento en que el cuerpo electoral catalán haya ratificado “la independencia” mediante referéndum; según la segunda, teóricamente subsidiaria de la primera, si el “Estado español” impide la realización de la consulta, se habilita al Parlament para poner en vigor la ley cuando este decida “constatar” ese impedimento. La disposición proyectada merece, cuanto menos, tres observaciones. Primera: para los autores, el referéndum es prescindible, toda vez que no se subordina la proclamación de la independencia a la aprobación del electorado catalán; segunda, si el referéndum no es posible, el Parlament puede declarar unilateralmente la secesión; tercera, esa declaración unilateral de independencia (para la que no se exige mayoría cualificada alguna) puede darse, o no, según disponga la mayoría parlamentaria.

Vistas así las cosas, me parece claro que un referéndum de autodeterminación -porque de eso se trata, según acaba de comunicar en Madrid el Sr. president de la Generalitat-, no parece que sea el mejor método para verificar cuál es la voluntad del pueblo de Cataluña, toda vez que la consulta se hará si el Estado no la impide. Ahora bien, como el Estado no puede no impedirla, so pena de suicidio, y el Estado cuenta con los medios para ello, parece claro que la previsión sobre el referéndum lo es “ad pompam vel ostentationem”. Ya me dirán ustedes en qué posición quedan aquellos que respaldan que haya consulta pero no aceptan la independencia. Ya lo decía el clásico: nadie puede ser protegido de su propia estupidez. Ni siquiera la señora Colau. En pocas palabras, el texto nos dice que no va a haber consulta y que a los abanderados del “derecho a decidir” eso les importa un bledo. La alternativa, pues, es la DUI, la declaración unilateral de independencia. Ahora bien, esta pueda darse o no, según cuente o no con la mayoría parlamentaria suficiente, algo que se parece sospechosamente a amagar y no dar, lo que, si no me equivoco, es un síntoma de las fisuras que de un tiempo a esta parte presenta el “procés”. Es cierto que la previsión puede estar diseñada para consuelo de tontos, pero acredita que estos habitan en el “procés”, y no deben ser pocos. Los redactores conocen, y comparten, los resultados de los sondeos. Por lo demás, el destino de la DUI es el pronosticado, tiempo ha, por el Sr. Iceta: será declarada inconstitucional y a nadie le importará lo más mínimo.

Cualquiera puede ser privado de la nacionalidad catalana si atenta contra la “independencia del Estado” o comete traición

La segunda cuestión tiene que ver con la regulación de la nacionalidad catalana. En principio, esta sigue el sistema estatutario: quienes tienen la condición jurídica de catalanes pasan a ser ciudadanos del nuevo estado, pero contiene dos reglas interesantes. Según la primera, la obtención de la nacionalidad catalana no implica renuncia de la española; según la segunda, se establece la privación de nacionalidad por motivos políticos. La primera es interesante porque revela inseguridad: es claro que los redactores piensan que, si la erección de la República Catalana conlleva que los ciudadanos de Cataluña pierden la nacionalidad española al adquirir esta última ciudadanía, el apoyo a la secesión va a verse muy seriamente afectado. Pero, además, lo es porque trata de imponer un estatuto de doble nacionalidad masivo sin contar con la otra parte. A nadie se le escapa que eso no es practicable; claro que, de aplicarse, el resultado sería curioso: un Estado en el que la mayoría de sus ciudadanos lo son también de otro Estado, al que se impone la secesión.

El borrador es ciertamente un disparate jurídico monumental, pero tiene una doble función política: permitir a los soberanistas desmarcarse del referéndum como requisito necesario y acumular munición, al efecto de provocar una reacción desmedida del Estado que deslegitime a este y produzca los convenientes “mártires de la patria”

La segunda tiene interés porque revela el lado oscuro del “procés”: cualquiera puede ser privado de la nacionalidad catalana si atenta contra la “independencia del Estado” o comete traición. El borrador retoma, así, la tradición según la cual el movimiento es quien forma y manifiesta la voluntad nacional y que, en consecuencia, quienes se oponen a aquel se oponen a la voluntad de nacionalidad y, por ello, son excluidos del proceso político. En otras palabras, la regla expresa con meridiana claridad que quienes no respaldan el “procés” no son propiamente catalanes y, por ello, pueden ser excluidos de su ciudadanía. Un componente esencial de la concepción fascista del partido, que opera como soporte del monopartidismo, hace su aparición. Como se ve, la sombra del mussoliniano Estat Catalá se proyecta sobre el “procés”.

Hartazgo frente al desafío soberanista

Resumiendo. El borrador es ciertamente un disparate jurídico monumental, pero tiene una doble función política: permitir a los soberanistas desmarcarse del referéndum como requisito necesario y acumular munición, al efecto de provocar una reacción desmedida del Estado que deslegitime a este y produzca los convenientes “mártires de la patria”. La aprobación del proyecto por el Parlament no tiene otra función que esa.

Escrito por

Jurista y analista político. Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad CEU Cardenal Herrera. Fue senador por el CDS.

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