Hay jinetes de luz en la hora oscura
Carlos Cuesta | 22 de mayo de 2018
Pablo Iglesias e Irene Montero se compran una mansión en Galapagar. Dotada de piscina con cascada, casita de servicio, 2.500 metros de finca, dormitorios y salones con techos a doble altura, zona de huerto y granja privada, urbanización de lujo con zonas deportivas privadas, etc. Y todo ello le vale, obviamente, una crítica moral por haber atacado a quienes consiguieron eso antes que él, gracias al esfuerzo y el trabajo, y han tenido que aguantar las peticiones de parte de Pablo Iglesias y de Podemos, su partido de okupación, y las acusaciones de especuladores, ultracapitalistas, culpables de la pobreza ajena, etcétera.
La concejala de Podemos (Ahora Murcia) en el Ayuntamiento de Murcia y número dos de la formación morada, María Ángeles Moreno Micol, reconvierte, tras llegar al cargo, su casa de pueblo en toda una mansión con piscina de 50 metros cuadrados, finca de 5.500 metros cuadrados, avenida de acceso, jardines, zona de solarium, portón motorizado, escalinata de acceso, casita refugio, etc. Moreno Micol, además, si se cansa de su mansión o le estresan las críticas, siempre podrá darse un paseo en su velero para relajarse.
Y, de nuevo, todo ello se convierte en motivo fundado de crítica moral a Moreno Micol, que siempre militó como defensora de la huerta de Murcia, ecologista y podemita, y no ha visto ahora problema en rehacer la casa talando árboles por todas partes para mejorar su estatus de vida como los ricos a los que tanto critica.
Pero ella, con diez inmuebles y un velero, no ha dejado de denunciar de manera continuada los problemas de agua de la huerta (y concretamente en zona de la Senda de Granada) y la tala de árboles y de impulsar actuaciones contra ello a través de la asociación HUERMUR (Asociación para la Conservación de la Huerta y el Patrimonio de Murcia) y ahora descubrimos que ella lo hace sin problema alguno estando en el ayuntamiento como concejala. Y eso, de nuevo, salta del terreno de la crítica moral al de la crítica política: por autoconcederse como política derechos de los que pretende privar a los demás.
Porque si la crítica moral es necesaria, igualmente lo es en estos casos el análisis de si la gente de Podemos está utilizando su fuerza como partido para obtener favores personales.
Porque, volviendo al caso de Pablo Iglesias y su casa, hay una cuestión especialmente delicada: ¿cómo ha conseguido el líder de Podemos un crédito que Caja de Ingenieros no comercializa en esos términos entre gente corriente?
Porque el crédito explicado por Pablo Iglesias e Irene Montero para justificar la compra de su casa de lujo no es un crédito habitual, ni mucho menos. De hecho, el propio simulador empleado por la caja que les ha concedido el préstamo -la citada Caja de Ingenieros- no lo acepta. Cuando se introducen en él los datos comunicados por Pablo Iglesias oficialmente como descripción del crédito, la respuesta es simple: no puede ser concedido, porque “el importe de la hipoteca no puede superar el 80% del valor del inmueble”, tal y como señala expresamente y en rojo una alerta del simulador.
Según Iglesias, la casa ha costado algo más de 600.000 euros. Y ha señalado que tanto él como Montero “pagaremos en 30 años, algo más de la mitad de esa cantidad cada uno. Y lo pagaremos para comprar una casa en la que vivir, no con la que especular”, han afirmado. Y ha ofrecido los siguientes detalles: lo harán con una hipoteca de Caja de Ingenieros por valor de 540.000 euros a 30 años. Y con un pago de 800 euros al mes cada uno. Y ese crédito, la realidad es que o se ha concedido con algún tipo de ayuda o negociación adicional -influencias- o directamente lo rechaza el propio simulador del banco.
Es más, para pagar la cuota mensual descrita por Pablo Iglesias, el tipo de interés debería rondar el Euribor más 0,5%. Y ese tipo, una vez más, no es habitual. Al revés, se reserva para operaciones de clientes muy selectos.
Pero analizando la entidad, además, resulta que la coalición Unidos Podemos comunicó al Tribunal de Cuentas que su cuenta electoral es precisamente la de la entidad bancaria Caja de Ingenieros con número ES 4530 25 0006 221433269978, tal y como fue comunicado oficialmente el 26 de octubre de 2016. El escrito lleva la firma del tesorero del partido de Iglesias, Daniel de Frutos Ramírez, y de la administradora general de Izquierda Unida, Dolores Sánchez Tudela.
Y eso supuso que Unidos Podemos ha ingresado en concepto de subvenciones más de 3,6 millones de euros en esa entidad, un motivo más que suficiente para sospechar de una posible influencia. De hecho, en ninguna empresa privada se dejaría percibir a un directivo un beneficio personal procedente de una empresa con la que contrata la compañía del citado directivo que, además, elige el destino de los fondos. Y menos en operaciones de semejante cuantía.
Por si fuera poco, Caja de Ingenieros es la entidad en cuyo equipo directivo se encuentra, por ejemplo, Joan Vallvé i Ribera, vicepresidente segundo de Òmnium Cultural y miembro del patronato de la Fundación Caja de Ingenieros.
A su vez, la Caja de Ingenieros fue la entidad que emitió el cheque para hacer frente a la fianza de Carme Forcadell, expresidenta del Parlament. Este importe fue de 150.000 euros, recaudados íntegramente por Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana, según aseguró esta última.
Es decir, que más allá de la triste defensa empleada por Pablo Iglesias e Irene Montero sobre su supuesta violación de la intimidad, de lo que se está hablando aquí es de casos de posible uso de influencias como políticos. De relaciones privadas con deriva en comportamientos públicos. Y eso siempre ha sido el campo de actuación de la prensa.
Hasta tal punto es así que ellos han sido los primeros que han pedido el análisis de las relaciones económicas privadas de los políticos del resto de partidos. Porque, evidentemente, son el primer indicio de un posible lucro irregular.
Y hasta tal punto que por eso se hace una declaración de bienes en los parlamentos españoles. Por el mismo y decisivo argumento.
Y por eso no valen sus explicaciones. Y menos aún su argumento victimista.
Quim Torra ha ordenado descolgar los lazos amarillos de los edificios públicos. El presidente de la Generalitat dispara para seguir haciendo ruido y se esconde tras el humo. Sánchez no da la cara y es el Poder Judicial el que defiende el Estado de derecho.