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Ley de símbolos: el Gobierno la rechaza y se hace cómplice de los rupturistas

El PSOE votó en contra de la ley de símbolos, una norma que garantiza el respeto y destierra conductas contrarias a la Constitución. Los que juegan a la ruptura son una minoría ruidosa y la formación que gobierna los apoya tácita o expresamente.

Es posible que sea fruto de la casualidad, pero no deja de ser curioso que, en la misma semana en la que se votó en el Congreso el proyecto de Ley de defensa de la convivencia social, la neutralidad institucional y los símbolos nacionales, el denominado proyecto de ley de símbolos, promovido por el Partido Popular, un grupo de independentistas radicales marcara por segunda vez en unos meses con tinta amarilla la vivienda de Pablo Llarena, nada menos que un juez del Supremo, el instructor del golpe separatista en Cataluña. Seguramente en contra de su voluntad, su acción supremacista contribuía a cargar de razón a la portavoz en el Parlamento del partido que preside Pablo Casado: urge regular el uso de los símbolos en el espacio público compartido por todos los ciudadanos para garantizar el mínimo respeto a los que ha votado la mayoría y desterrar los que promueven actitudes que, además de incívicas, promueven la ruptura y contrarían el espíritu de la Constitución. Una Carta Magna que, a fuerza de violentarla y ante la pasividad de los primeros que deben cumplirla, los servidores públicos, se está convirtiendo en papel mojado.

Cualquier escolar sin nociones básicas de derecho que se detuviera a leer la Constitución, una materia que debería ser de estudio obligatorio en todos los colegios, llegaría, para su desgracia o regocijo, a las mismas conclusiones. Propongo al lector que eche un rápido vistazo. El artículo 3, por ejemplo, reza que todos tenemos el derecho a conocer el español y el deber de usarlo. ¿Se cumple en las aulas de Cataluña? ¿Acaso lo garantizan o, simplemente, promueven su cumplimiento los poderes públicos? El artículo 16 dice que se garantiza la libertad ideológica. ¿La tienen los que no comulgan con los separatistas? ¿Pueden expresar su pensamiento sin el temor a ser insultados o agredidos?

Otra mentira de Sánchez. El PSOE y el PSC son la mayor fábrica de independentistas

“Los españoles tienen el derecho a elegir libremente su residencia”, garantiza el artículo 19. ¿Podría decirse que el juez Llarena puede, con toda libertad, seguir residiendo en una vivienda señalada como objetivo, marcada para ser atacada? Leer la Carta Magna es un ejercicio útil, pero descorazonador. Una mente biempensante podría llegar a la conclusión de que hay un derecho, fundamental y básico, que prevalece por encima del resto: el que en el artículo 20 consagra la libertad de expresión. Nada más lejos de la realidad, porque el filtro que garantiza esa derecho está viciado por la comúnmente conocida como ley del embudo: ancha, cada vez más, para los que atentan contra los símbolos que nos unen; estrecha, reduciéndose paulatinamente, para los separan y señalan al disidente de la verdad políticamente correcta.

Rechazar la ley de símbolos es apoyar a los rupturistas

Y, sin embargo, esos que juegan a la ruptura son solo una minoría. Ruidosa, sí, prepotente también. Y, además, dueña de unos altavoces mediáticos cada vez más distantes de la realidad social. Sospecho que la gran mayoría de los españoles, que hasta el más reacio a coger la bandera y sacarla a la calle lo han hecho al sentirse agredidos por ese discurso dominante de un puñado de violentos, ruidosos, que tratan de arrinconarlo. La prueba fehaciente son las manifestaciones celebradas en Barcelona, que sorprendieron con el pie cambiado a la mayoría de partidos políticos, demostrando una vez más que, acostumbrados a las lecturas amaestradas del CIS, desconocen lo que está ocurriendo en el país que quieren gobernar. Los mismos partidos que, esta semana, en el Congreso, han rechazado una ley de símbolos.

En cualquier Estado verdaderamente democrático, en el que el respeto sea la norma básica de convivencia, como lo son la mayoría de nuestro entorno, una normativa así sería innecesaria, porque la quema de una bandera, la pitada a un himno o al jefe del Estado se señalaría y rechazaría públicamente. Pero, en España, al que lleva la bandera constitucional lo tachan de facha y al que la quema lo califican como demócrata. Y lo lamentable es que, por conveniencia, convicción o necesidad partidista, la formación que gobierna apoya tácita o expresamente a esa minoría. El PSOE, el partido que ostenta la presidencia del país, votó contra la ley de símbolos, contra una ley que no solo promueve el mínimo decoro ante lo que nos une, sino que además rechaza el uso del espacio público para exhibir los lazos amarillos que marcan la vivienda de los jueces, que señalan como delincuente al que cumple la ley, que nos separan.

Imagen de portada: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión de control en el Congreso de los Diputados | congreso.es
Escrito por

Periodista. Actualmente presentadora de 'TRECE al Día' en 13TV. Ha sido también coordinadora de Economía de los Servicios Informativos de Telemadrid. Autora del libro "Gabinete de crisis" y "Ana Botín, nacida para triunfar".

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