El Debate de hoy

Hay jinetes de luz en la hora oscura

El Gobierno de Rajoy pretende que los independentistas lleguen exhaustos al 1 de octubre y se guarda la baza de la Ley de Seguridad Nacional. Sánchez ha dejado claro que no respaldará al Ejecutivo para frenar iniciativas que abran el melón de la reforma constitucional. 

El Gobierno insiste, una y otra vez, en que no va a haber referéndum el 1 de octubre en Cataluña. Cuando se pregunta en Moncloa por el asunto, responden que habrá “folklore y nada más”. Tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anula los 6 millones de euros presupuestados para la ocasión, el asunto todavía pinta más negro para los impulsores de la secesión. Cada euro que destinen al evento será un delito de malversación de caudales públicos.

La presentación de la llamada Ley del referéndum en el Teatro Nacional de Cataluña, y antes en una sala del Parlamento autonómico, no fue más que un acto de representación sin validez legal. Otra prueba más de la endeblez del órdago. El propio Consejo de Garantías Estatutarias, una especie de Tribunal Constitucional de andar por casa, acabó de desmontar la farsa, al negar la constitucionalidad del método empleado para colar la citada reforma por la vía de urgencia. Todo es un cúmulo de actos fallidos que le hace pensar al Gobierno que el 1 de octubre habrá mucho ruido y muy pocas nueces: “Esa ley no se va a aplicar. Es otra operación de imagen para aparentar que el proceso sigue vivo cuando en realidad está liquidado. Con el acto del Teatro pretenden hacer olvidar que no tienen ni urnas, ni censo, ni siquiera funcionarios. Nadie se atreve a poner la firma en la convocatoria.”

La destitución del consejero Jordi Baiget por dudar de la celebración del referéndum puso al descubierto el miedo, especialmente en Convergencia, a jugarse hasta el patrimonio en un acto inútil. Quien estampe su firma en la convocatoria del referéndum estará más que acabado políticamente y, en esta ocasión, no solo habrá delito de desobediencia. Hay juristas que no comparten el criterio del Supremo y el Superior de Justicia de Cataluña al no condenar a Artur Mas y los otros tres consejeros por malversación de caudales públicos, lo que les hubiera mandado a la cárcel. Hay un ajuste fino en las sentencias, como dejando una puerta abierta a la marcha atrás de todos aquellos que pretendan intentarlo otra vez.

Los dos esfuerzos del PP y la Ley de Seguridad Nacional

En el PP saben que esta legislatura solo tiene dos esfuerzos. Uno es sacar el presupuesto de 2018 para ganar terreno hasta 2019. Y otro, como dice un veterano diputado del PP en el Congreso, “lo de Cataluña, que le tiene preocupadísimo al jefe”. Salvo para desatascar la negociación del techo de gasto cediendo más de la cuenta, es lo que toca con 137; el presidente del Gobierno trata de coger aire internacionalmente mientras mide las decisiones para que al 1 de octubre los independentistas lleguen aburridos, exhaustos y completamente desactivados. El Gobierno de Rajoy apuesta por ese camino y se guarda la baza de la Ley de Seguridad Nacional, que pondría a la policía autonómica bajo el mando del Ministerio del Interior, para proteger la autonomía y la Constitución.

Ni siquiera ya es el referéndum lo que más preocupa en cuanto a la respuesta. La cuestión es si ese folklore se va de las manos y hay una proclamación de independencia y disturbios organizados por quien ahora mismo tiene el poder real en Cataluña, es decir, la CUP, la batasuna catalana a la que se ha entregado de manera inexplicable la antigua Convergencia. El plan del Gobierno tiene, a pesar de todo, respuesta para cualquier escenario. Pero no van a decir nada. Ni para dar pistas ni para alimentar el victimismo, único sustento actual del separatismo.

El acto de los expresidentes

No estuvo el Gobierno en el acto de los expresidentes organizado por Vocento. Ni siquiera quisieron formar parte de esa foto de Estado. En el escenario quedó claro que el PSOE de hoy viene del relativismo de José Luis Rodríguez Zapatero sobre la nación y la Constitución. Lo de cumplir la legalidad pero haciendo política es una doblez que nace entonces y que Pedro Sánchez ha hecho suya bajo la dirección espiritual del líder de lo que queda del PSC, Miquel Iceta. El PSOE está con el Gobierno, pero quiere entregar al independentismo alguna presa para calmar su apetito. Si es más dinero, habrá lío con el resto de autonomías. Pero como “la nación es un sentimiento que tienen catalanes y vascos”, tal y como le dijo Sánchez a Patxi López en el debate de las primarias, estaremos hablando de algo mucho más grave que pone en cuestión el modelo constitucional de 1978.

Sánchez dejó el aviso saliendo del Palacio de la Moncloa tras reunirse con Rajoy. El cierre de filas fue un enunciado. No estará con el Gobierno, salvo en lo obvio. Es decir, no se pueden permitir los delitos en un hecho concreto como es el referéndum. En lo demás, no hay tregua al desgaste de un Gobierno que no lleva ni un año. No hay una mayoría, como ocurre en el debate presupuestario, para frenar iniciativas que abran el melón de la reforma constitucional. Sin duda, por Cataluña pasa la legislatura. No es tan sencillo como permitir más déficit a las autonomías o bajar un pellizco el IRPF. Simplemente es el desafío constitucional más grave de los 40 años de democracia.

Imagen de portada: El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (i), durante un encuentro con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, en el Palacio de la Moncloa | La Moncloa