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La ley de la verdad que quiere Carmen Calvo sería una ley contra la libertad de información

Amparada en una supuesta lucha contra las fake news, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha deslizado una serie de propuestas que chocan contra la libertad de información.

La vieja proposición liberal que sostiene que “la mejor ley de Prensa es la que no existe” resulta un ensueño pese a que todas las ideologías se han servido del liberalismo y se dicen campeonas de la libertad. Hasta los partidos comunistas cantan a la libertad, aunque en alguna ocasión los abandone el aroma y confiesen que lo que realmente persiguen es maniatar a los periodistas, como Pablo Iglesias cuando proclamó su deseo de controlar a la Prensa privada, o como cuando organizan razzias en los medios públicos, que no quieren llamar purgas ni depuraciones. Carmen Calvo no es comunista, creo, pero quiere encerrar a los medios entre las páginas de unas leyes, más leyes, en las que se imponga por el Gobierno qué es la verdad. En seguida la secundó la portavoz Isabel Celaá y hasta intervino desde el extranjero el presidente Pedro Sánchez, lo que da a la tentativa política por imponer una determinada verdad toda la categoría de una campaña previa a una coerción. El Gobierno ha decidido combatir la no verdad, las que ahora se llaman fake news, con armas legales, un propósito nada inocente que suscita un problema, una sospecha y una duda. Vayamos por partes.

El problema

Carmen Calvo es profesora de Derecho Constitucional, creo, y en calidad de tal sabe que nuestra Constitución reconoce y protege el derecho “a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”; información veraz, dice la ley, con el evidente propósito de situar a la mentira al margen de la protección, pero no con la intención imposible de definir en cada caso la verdad. Calvo conocerá la extensa doctrina del Tribunal Constitucional sobre la verdad en la información. Recordaré solo dos de sus afirmaciones, en las que salta a la vista la dificultad de establecer un taxativo procedimiento. Una: “La comunicación que la Constitución protege es […] la que transmita información «veraz», pero de ello no se sigue [….] que quede extramuros del ámbito garantizado […] la información cuya plena adecuación a los hechos no se ha evidenciado […]”. Y dos: la Constitución, al requerir que la información sea «veraz», no priva de protección a “las informaciones que puedan resultar erróneas”, sino que establece “un específico deber de diligencia sobre el informador, a quien se le puede y debe exigir que lo que transmita como «hechos» haya sido objeto de previo contraste con datos objetivos”. Difícilmente con estos mimbres se podría construir la roqueña ley de la verdad que pretende Carmen Calvo.

La sospecha

En el fondo de la iniciativa yace una trampa: la de impedir, bajo apariencia de una cruzada en pro de la verdad, la información molesta para el Gobierno. Lo que ha puesto en marcha Carmen Calvo es una respuesta impaciente por la proliferación de noticias que sacan los colores al presidente y sus ministros, lo que ocurre en todos los países democráticos donde la Prensa es suficientemente libre. Lo que no ha calculado Calvo es el efecto traumático de su autodefensa: si se saliera con la suya, el Gobierno podría vivir tranquilo, pero el precio sería la derrota de una institución básica de la democracia: la libertad de información.

La libertad de prensa es un baremo infalible de la democracia, que está lejos de ser universal

La duda

Si lo que quiere perseguir el Gobierno es la mentira de los medios, ¿perseguirá también la mentira del Gobierno, su presidente y sus ministros? La respuesta de un demócrata de pedigrí sería indubitablemente afirmativa. ¿Sí? Pues empecemos por ahí, que es mucho más grave la mentira de un Gobierno que la mentira de un periódico. Sánchez mintió cuando plagió su tesis, cuando afirmó que no había plagiado nada, cuando pactó con Podemos después de prometer que no lo haría, cuando se negó a convocar elecciones después de basar en ello su moción de censura, cuando se niega a aplicar con sus ministros el baremo ético que él mismo estableció, cuando… el lector recuerda otras innumerables del presidente y de varios de sus ministros. ¿La vicepresidenta acaso las ha olvidado?

Es hipócrita anhelar una ley para controlar la información cuando en España y en la Unión Europea hay leyes sobre la información y los medios como para parar un tren. El anhelo liberal de que no exista una ley de Prensa es un imposible hoy porque no es que ya exista una ley sino que el código de leyes sobre la información es voluminoso, minucioso y reiterativo. ¿No lo conoce Carmen Calvo? Lo conocen todos los juristas, todos los políticos orientados, todos los profesores enterados, todos los jueces… Lo que no quiere Carmen Calvo es una ley sino que al Gobierno lo dejen en paz los informadores (que no son todos, porque una parte no pequeña está con él, incondicionalmente). El objetivo es posible, por supuesto, pero entonces que no hablen de libertad ni de democracia.

Imagen de portada: La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en el pleno del Congreso de los Diputados | congreso.es
Escrito por

Periodista. Ex director de Diario 16, columnista de El Mundo, tertuliano en TVE, Telecinco, Onda Cero y RNE en diferentes etapas. Profesor emérito de la USP CEU. Editor de El Debate de Hoy.

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