Carlos Cuesta | 28 de agosto de 2018
Pedro Sánchez está dispuesto a hacer lo que haga falta para mantenerse en el poder. Pactar con Quim Torra, remover muertos en el Valle de los Caídos, acercar etarras. Todo con tal de contentar a sus aliados de moción de censura: podemitas, separatistas, golpistas y proetarras. Pero si todo ello es letal para la convivencia de España, un punto lo es para la economía: la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Sánchez quiere aniquilarla para que Podemos -y él- puedan gastar sin más límite que sus pactos políticos.
La fórmula es conocida: la Ley de Estabilidad Presupuestaria fue redactada para que Senado y Congreso tuvieran veto. Es una ley orgánica y fue elaborada para que cualquiera de las dos cámaras pudieran bloquear el techo de gasto público. Una de esas cámaras es el Senado y allí tiene mayoría absoluta el PP. Y el PSOE quiere cambiar ese punto de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para anular al PP.
https://twitter.com/PSOE/status/1033004860747202560El trasfondo de la cuestión es grave: el PSOE insiste en quitar el control del déficit para disparar el gasto y poder aplicar su programa. Y, para ello, quiere tumbar el poder de la Cámara que ahora personaliza ese control. Pero quiere más: dar marcha atrás a la reforma del artículo 135 de la Constitución, punto del que emana el poder de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Se trata nada menos que del artículo que sirvió para firmar la paz con Bruselas en pleno riesgo de quiebra de España en 2010 y que abrió las puertas al inicio de la compra de deuda española por Europa y de asistencia a las cajas de ahorros para evitar el colapso. Los socialistas pretenden que el gasto de su “Estado Social” quede blindado incluso frente a la acumulación de deuda y déficit. Y por ello, consideran que es necesario “introducir en la Constitución mecanismos que garanticen su pervivencia, que lo mejoren y lo desarrollen”, fin con el que quieren anular el control del Senado del techo de gasto y el propio artículo 135.
Pero eso significaría una declaración expresa de desconfianza ante Europa y los mercados en los que colocamos cada año 220.145 millones de euros de deuda, de los que 40.000 millones son deuda nueva -emisión neta-. Sin ellos, España no puede financiarse. Ese artículo 135, origen de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, plasmó el poder de Europa. Y lo hizo para que “todas las Administraciones Públicas” adaptasen “sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. […] El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros”.
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Por eso se estableció un mecanismo de doble veto en las Cámaras legislativas españolas. Para que solo un amplio consenso pudiese romper la norma. Porque romperla significa decir a Europa que estamos dispuestos a desafiar sus normas de control del gasto y a entrar en déficit masivo. Algo a lo que Europa contestará cortando nuestras facilidades de financiación. Y a lo que el mercado responderá disparando nuestra prima de riesgo y encareciendo notablemente la factura de 31.547 millones anuales que ya pagamos por los intereses de la deuda pública.
El 135 incluía una última y decisiva garantía: “Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta”. Sin todo ello, la recuperación económica emprendida en 2012 está bajo clara amenaza. Porque se hizo con el apoyo de lo que ahora desafía el PSOE: Uión Europea y mercados.
Pero a Sánchez eso no parece importarle demasiado con tal de seguir en el poder.
Quim Torra ha ordenado descolgar los lazos amarillos de los edificios públicos. El presidente de la Generalitat dispara para seguir haciendo ruido y se esconde tras el humo. Sánchez no da la cara y es el Poder Judicial el que defiende el Estado de derecho.
