Hay jinetes de luz en la hora oscura
Juan Pablo Colmenarejo | 27 de febrero de 2017
James Robart era abogado, especializado en defender a migrantes asiáticos, antes de ser nombrado juez federal de Seattle por George W. Bush. Desde entonces, tiene competencias en asuntos que afectan a toda la nación. En su fallo, con fecha 3 de febrero de 2017, paraliza el decreto presidencial por el que se suspendía durante 90 días todos los visados de siete países de mayoría musulmana. El juez Robart fundamentó su decisión recordando a Trump, como si fuera un maestro de escuela, el origen de la democracia en América y las funciones del poder judicial. Argumenta la señoría federal que su juzgado es una de las tres ramas del Gobierno, iguales cada una de ellas en su autoridad.
Es por ello que decide intervenir “para cumplir con el papel constitucional en nuestro Gobierno tripartito”. Deja claro que no entra a juzgar una política, sino que su función es la de “asegurarse de que las acciones de las otras dos ramas se ajustan a nuestras leyes y, más importante, a nuestra Constitución”.
Los jueces federales norteamericanos no hacen política ni tienen intención de entrar en ella, porque además su cargo es vitalicio. El nivel de independencia pasó la siguiente prueba en la Corte de Apelaciones de San Francisco. El fallo de Robart fue confirmado por tres jueces federales nombrados por Carter, Bush y Obama.
¿Cómo es posible que el secretario de Justicia de la Junta de Andalucía hasta 2014 sea el que vaya a escribir la sentencia del juicio a quienes, Chaves y Griñán, lo nombraron y mantuvieron seis años en el puesto?
Aquí en España, todavía no hemos alcanzado el grado de madurez política para que el poder judicial ejerza como independiente. Y no es cuestión de más dinero o de más personal. Aunque tampoco estaría mal acabar con la esquizofrenia de tener a los jueces dependiendo del Estado y Consejo General del Poder Judicial y a los funcionarios que les asisten, de las comunidades autónomas. El asunto central es levantar un muro de separación para que los jueces o los fiscales que hayan estado en política no puedan volver a ejercer nunca más. O se está en una rama o en las otras dos. Pero no se salta de una a otra como si nada. A la larga lista de los ejemplos conocidos y sonoros, como el de la socialista Margarita Robles, hay que sumar ahora el de un ex alto cargo del Gobierno socialista andaluz que va a ser el ponente, es decir, el que redacta la sentencia en el juicio a la parte política de los ERES falsos de la Junta de Andalucía.
En mitad de la oleada populista y justiciera tras las sentencias de Nóos y las tarjetas golfas de Cajamadrid, ha aparecido esta muestra de no separación de poderes. En vez de discutir sobre los años de cárcel a Urdangarín, como si fuera un penalti dentro o fuera del área, deberíamos hacer un examen general a nuestro Gobierno tripartito, volvemos a Robart, y ver que no tiene todavía la calidad suficiente. ¿Cómo es posible que el secretario de Justicia de la Junta de Andalucía hasta 2014 sea el que vaya a escribir la sentencia del juicio a quienes, Chaves y Griñán, lo nombraron y mantuvieron seis años en el puesto? Lo mejor de todo es que le ha correspondido por sorteo y que su señoría, Pedro Izquierdo Martín, no ve motivos para abstenerse. Por mucho que explique que es imparcial nadie le va a creer. Aquí tenemos el verdadero fallo del sistema. Lo demás es ruido procedente de la imagen partidaria de la justicia, que alimentan situaciones escandalosas como la de Izquierdo Martín.
El origen del problema está en la confusión entre poderes. No acaban los poderes ejecutivo y legislativo de soltar amarras con el judicial
La evacuación por parte de los tribunales de las sentencias de Urdangarín y Rato-Blesa, junto con las posteriores decisiones sobre dónde esperan los condenados la casación ante el Supremo, si en la calle o en prisión, han levantando una polvareda justiciera que demuestra que la falta de independencia del poder judicial le hace increíble a los ojos de la opinión pública. Tras conocerse el fallo de Nóos, se produjo una inmediata oleada de opiniones en las redes sociales y demás medios en internet, más propia de un Real Madrid-Barcelona que de una sentencia de casi mil folios. Los penalistas de circo romano empezaron a rasgarse las vestiduras porque la Infanta era absuelta y a su marido, en vez de 19 años, le mandaban solo 6 a prisión.
No había más que decir. Ni por supuesto que leer. El origen del problema está en la confusión entre poderes. Resulta esperpéntico escuchar al PSOE bramar contra el PP, porque ha sustituido, en realidad lo ha hecho el Consejo Fiscal por mayoría, a fiscales nombrados en 2005 por Conde Pumpido, elegido por el mismo órgano en minoría.
Les tocaba el relevo a todos y se ha ascendido a quien investiga al presidente de Murcia por corrupción. No acaban los poderes ejecutivo y legislativo de soltar amarras con el judicial. Cuando le preguntaron al ministro De Guindos por la condena a su antiguo jefe, Rato, en el juicio de las tarjetas black, respondió con frialdad que no le dolía. Se limitó a decir que “el tiempo pone todo en su sitio”. Esperemos que con nuestro Gobierno tripartito pase lo mismo. A pesar de las presiones de las otras ramas, los tribunales van haciendo su trabajo con lentos y pesados procesos. Si consiguen ganar en agilidad, además de independencia, pasaran a ser solo noticia, sin escándalo. Estarán en su sitio. Como Robart, en su juzgado
Quim Torra ha ordenado descolgar los lazos amarillos de los edificios públicos. El presidente de la Generalitat dispara para seguir haciendo ruido y se esconde tras el humo. Sánchez no da la cara y es el Poder Judicial el que defiende el Estado de derecho.