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“La conjura de los irresponsables” . Una crónica del ‘procés’ y de los que se saltan las reglas

Jordi Amat publica una interesante crónica donde busca la ecuanimidad. Trata de repartir culpas en la irresponsabilidad sin pararse a diferenciar entre el juicio que merece la conducta antijurídica ilegal y el juicio sobre errores de estrategia política.

Jordi Amat publicó en Anagrama una interesante crónica del procés catalanista (pues no es catalán) hacia la independencia titulada La conjura de los irresponsables. Su conclusión es pesimista: “El consenso constitucional ha saltado por los aires”. Podría ser, pero ni ha ocurrido ni es probable que ocurra. Su crónica, de lectura obligada, trata de ser distributiva, no equidistante. No pretende situarse entre dos bandos, sino dar a cada uno lo suyo. Es obligado estar de acuerdo con el punto de partida: la causa de la actual situación procede de la ambigüedad e imprecisiones del texto constitucional. Lo he suscrito en EL DEBATE DE HOY varias veces. Pero añado ahora que, si la ambigüedad es fruto del consenso constituyente, también hay procedimiento de desambiguación. No hay otro que recurrir al ofertado por el mismo marco constitucional, es decir, el Tribunal Constitucional.

LA CONJURA DE LOS IRRESPONSABLES | JORDI AMAT | ANAGRAMA | 2017 | 112 páginas | 7,90€ |

Por supuesto, el Tribunal Constitucional puede contribuir a su propio desdoro. Inició una andadura polémica con la sentencia de Rumasa. Aunque Montesquieu hubiera muerto un poco aquel día y otro poco más el día en que falleció su expresidente en tierras venezolanas, la sentencia no cegó el camino. El país, la convivencia, el ordenamiento, los tribunales, la sociedad española, la Constitución, estaban conminados a sobrevivir al óbito de Manuel García-Pelayo. La España constitucional, en ella Cataluña y el tribunal, sobrevivió.

Después, Felipe González, hastiado por la interposición de recursos previos por una oposición que entorpecía la acción legislativa, modificó las condiciones al eliminar la interposición previa del recurso de constitucionalidad. Pretendía facilitar la labor de su mayoría absoluta. ¿Abusaba la minoría al no encontrar mejor forma de oposición que interponer recurso tras recurso? Si no abusaba, erraba: quien tiene mayoría abrumadura podía modificar las condiciones de interposición del recurso. Y lo hizo, eliminando el carácter previo. Se rectificaron las condiciones, pero se aplicaron las reglas consensuadas. Fue una respuesta política para impedir que el recurso condicionara su política.

El Tribunal Constitucional fue entonces, y lo es actualmente, el órgano de adaptación del texto constitucional a la equivocidad del tiempo.

¿Qué decir sobre el cambio de elección del Consejo General del Poder Judicial que sustrajo la elección interna de consejeros a los jueces? Fue una decisión legislativa cuya idoneidad solo podía decidir el Tribunal Constitucional. Una sentencia extraña daba la razón moral a unos sin quitar la decisión política abonada por los otros. Pero, al cabo, el tribunal delimitó las posibilidades compatibles con la Constitución.

La conjura de los irresponsables busca ser ecuánime

No hay duda. Los vaivenes del procés proceden de la ambigüedad del título octavo. Una vez que se reconoce esa ambigüedad, solo queda una vía para resolverla mientras no se modifique la Constitución. Recurrir al Tribunal Constitucional para que la precise cuando sea necesario.

Y no hay un tertium quid, ni para independentistas ni para constitucionalistas. Esta es la cuestión. Que no puede haber otras opciones de ajuste democrático de la acción política en la sociedad abierta del Estado de derecho.

La crónica de Amat en La conjura de los irresponsables busca ser ecuánime. Trata de repartir la estopa de la irresponsabilidad, pero no se detiene a distinguir entre el juicio que merece la conducta antijurídica ilegal y el juicio sobre errores de una estrategia política que se puede juzgar equivocada, incluso subjetivamente irresponsable si se quiere, pero que objetivamente cumple la legalidad.

Las funciones y desafíos del Tribunal Constitucional

Remontémonos. Del pacto del Majestic entre José María Aznar y Jordi Pujol al pacto del Tinell, de todos contra el PP, hay una línea de continuidad. La continuidad de motivaciones que ya estuvieron presentes en el juicio de Banca Catalana, al que Amat no alude. La derecha nacional y la nacionalista se alinearon contra un socialismo parlamentariamente hegemónico. La derecha cometió el error de propagar que la Fiscalía estaba motivada por intereses políticos: el socialismo trataba de doblegar al nacionalismo catalán, el principal bastión de la derecha española hasta que Aznar ganó las elecciones y firma el pacto del Majestic. Hay que admitir, en honor de Felipe González, que no obstaculizó el aterrizaje a La Moncloa de su contrincante Aznar. El pacto del Tinell de 2003 expresa la pretensión opuesta de la izquierda de acabar con la hegemonía de la derecha tras la mayoría absoluta de Aznar. Como, tratándose de elecciones autonómicas, el objetivo es que el oponente no llegue al gobierno, los tripartitos y cuatripartitos son posibilidades legales. Si fueran aplicadas a las elecciones generales, alguien las interpretaría razonablemente como una implícita cancelación del consenso constitucional. Pero, en la práctica de la política autonómica y local, valía todo, no hay consensos implícitos que valgan. No lo hubo, por supuesto, para el pacto del Tinell.

Saltarse las reglas constitucionales, que constituyen el pacto de soberanía del Estado, es el límite objetivo del consenso originario establecido. Lo que venga sin contrariarlo son variantes de su aplicación. Pero si este límite se traspasa, no caben simetría entre irresponsabilidades políticas –las torpezas de uno u otros- y las responsabilidades subjetivas –los sentimientos de unos y otros-.

Fue un error político llevar a referéndum un Estatuto sobre el que no había consenso social ni político. Y da igual el refrendo popular que tuviera, porque no expresa soberanía alguna. La cuestión está en que la interposición del recurso de inconstitucionalidad mostraba que lo que debió ser consensuado no lo fue.

Cada cual es dueño de sus sentimientos siempre que no trate de imponerlos a los demás. Las pretensiones subjetivas no justifican el asalto a las reglas. Si los que pactan un Estatuto llegan a fijar lindes que desbordan incluso las ambigüedades del marco constitucional, esta es una responsabilidad contraída por ellos. También son responsables de someter a referéndum lo que puede presumirse que no puede refrendarse. Si un partido comete el error político de someter a referéndum, arriesgándose a que pueda ser interpuesto un recurso de inconstitucionalidad a posteriori, la responsabilidad objetiva no puede transferirse a quien interpone el recurso por aplicación de una regla previamente consensuada. Llevar el Estatuto al Constitucional podrá ser una torpeza política tan grande como la de exponerse a la interposición de un recurso. Pero no hay simetría entre las irresponsabilidades contraídas. Unas son objetivas y las otras, subjetivas. Unas dependen de la aplicación de las reglas, otras expresan juicios de preferencia, interpretaciones y sentimientos. Con errores, que siempre los habrá, y aciertos, que también los puede haber, el Tribunal Constitucional va delimitando la zona de las competencias regladas. Mientras no haya una reforma constitucional, ese es el único camino que nos hemos trazado los españoles desde que colectivamente, catalanes y vascos incluidos, nos constituimos en Estado democrático de derecho para convivir en una sociedad abierta y plural.

Imagen de portada: Manifestantes acuden con pancartas y ponen lazos amarillos en distintos edificios de Barcelona, durante la concentración convocada por los Comités en Defensa de la República (CDR) a favor de la independencia de Cataluña | Agencia EFE
Escrito por

Periodista y escritor. Profesor emérito de la USP CEU.

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