Hay jinetes de luz en la hora oscura
Ferdinand Van der Gracht | 29 de noviembre de 2017
El pasado 5 de noviembre un juez de instrucción bruselense declaró la orden de detención de Puigdemont y sus cuatro exconsejeros (Clara Ponsatí, Antoni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig). Dicha orden fue más adelante revocada al considerarse que no había riesgo de fuga. La banda de los cinco tendrá una segunda cita con la justicia belga.
La acogida glacial a Carles Puigdemont . El Gobierno de Bélgica no quiere más problemas
En virtud de la euroorden de 2002, cuyo objetivo es facilitar la extradición entre estados miembros de la Unión sin intervención del poder político, la Cámara de Consejo ante la que los fugitivos tuvieron que comparecer debía pronunciarse sobre la ejecución de la misma. Para garantizar el normal desarrollo de las sesiones, este tipo de audiencia ante la Cámara se tiene que llevar a cabo a puerta cerrada y dentro de un plazo de quince días a partir de la emisión de la orden de detención.
En este caso, la portavoz del ministerio fiscal bruselense, Ine van Wymersch, declaró el viernes por la tarde a los medios presentes ante el Palacio de justicia: «la Cámara del Consejo ha decidido posponer la causa hasta el 4 de diciembre con el fin de permitir a las partes preparar sus informes orales (…). El ministerio fiscal no hará ningún comentario que concierna a los argumentos de las partes o al desarrollo de la audiencia».
Que alguien rescate a Puigdemont de ese videojuego en el que cree ser un superhéroe
Sabiendo lo difícil que es que la Cámara del Consejo se oponga a la ejecución de la orden europea de detención y entrega por el principio de confianza mutua entre sistemas judiciales que se suponen próximos, uno de los abogados defensores especificó ante los medios que el fiscal siempre reclama al juez que ésta se ejecute. El equipo de abogados de Puigdemont y sus exconsejeros -la banda de los cinco- deberá defenderlos el 4 de diciembre teniendo esto muy en cuenta.
Principales cargos y posiciones
Inicialmente inculpados por corrupción, se han reconducido a los cargos de coalición de funcionarios públicos y malversación, ambos reglamentados por el Título IV del Código Penal belga titulado «Crímenes y delitos contra el orden público cometidos por funcionarios de la Administración Pública o por ministros de cultos religiosos en el ejercicio de su ministerio», aunque son objeto de capítulos distintos. El primer cargo se describe en el artículo 233 (sección 1) “cuando se han concertado medidas contrarias a las leyes, ya sea mediante una reunión de personas o entidades depositarias de alguna parte de la autoridad pública, o por depuración o correspondencia”; mientras que el cargo de malversación se encuentra descrito en el artículo 240, “cuando personas que desempeñan una función en la administración pública desvían fondos públicos o privados en virtud de sus funciones».
El daño ya está hecho . Puigdemont ha incitado la división social con su ilegal referéndum
En previsión de la audiencia del próximo 4 de diciembre, Mariano Rajoy recordó una vez más desde Gotemburgo que acataría la decisión de la justicia belga, afirmando que confiaba en el poder judicial y, por encima de todo, lo respetaba porque “Como empecemos a poner eso en tela de juicio, me parece que no vamos por buen camino.”
En cambio, los abogados de Carles Puigdemont, Antoni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Lluís Puig cuentan con agotar todos los recursos posibles si la demanda de extradición de Madrid sale adelante. Así, la banda de los cinco se muestra dispuesta a recurrir ante el Tribunal Supremo belga, jugando hasta el final la carta del proceso político que constituye en realidad su única defensa.