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Judicializar la política: actuar a tiempo o aplicar la ley para combatir al independentismo

Judicializar la política o recurrir al diálogo tienen defensores y detractores. Los que echan en falta no haber actuado a tiempo y tener que llegar a juicios, y quienes echan en cara al Ejecutivo implicar a la judicatura porque no se acepta el entendimiento.

Tras la decisión de la audiencia de Schleswig-Holstein, el desafío catalán muestra su aspecto más problemático. Puede decirse que independentistas y constitucionalistas quedan pendientes de decisiones judiciales que, por definición, han de ser o deben ser incontrolables por las Administraciones políticas.

Algunos reprochan al Gobierno que no se anticipase para evitar el simulacro de referéndum del 1 de octubre. Interpretan que la intervención de los jueces es consecuencia de la pusilanimidad gubernamental, incapaz de comprometerse políticamente cuando, en su momento, pudo adoptar decisiones preventivas para impedirlo. Otros reprochan lo contrario: que al hacer intervenir a los jueces, en lugar de resolver mediante el diálogo un conflicto político, haya “judicializado la política”. ¿Cuál fue el momento para esa anticipación? Que se hubiera reformado a tiempo la ley cuando se tenía fuerza legislativa para hacerlo. Eso puede reprocharse a Mariano Rajoy, a José María Aznar y a Felipe González. Y, sobre todo, a José Luis Rodríguez Zapatero, que dio auge a una reforma inconstitucional del estatuto catalán. Es comprensible que, más por prudencia política que por pasividad, Rajoy no se atreviera a atizar las ascuas cuando pudo hacerlo, ya en una época de profunda crisis económica y en circunstancias enrevesadas después de que la inconstitucionalidad del estatuto quedara en evidencia tras haber sido refrendado por la mayoría de los catalanes.

¿Qué implica, según estas dispares opiniones, “actuar a tiempo” para no llegar a los jueces, como algunos reprochan a Rajoy, o dialogar en lugar de judicializar, como le exigen otros? Si significa aplicar la ley, como no puede ser de otro modo en un Estado de derecho, estamos comprobando ahora mismo la dificultad de que su aplicación se atenga al gusto de quienes se escandalizan por el avance del independentismo o de quienes reprochan que los jueces intervengan cuando las decisiones políticas entran en el campo de la ilegalidad. ¿La trifulca producida en la Asamblea de Madrid por el máster de la presidenta Cristina Cifuentes que acaba en querellas judiciales es un modo de judicializar la política? Sin duda, no lo es, pero tampoco cabe duda de que la inspiran motivaciones políticas. Pero, a la vez, actuar a tiempo para aplicar la ley es un asunto que debe ponderarse, como lo prueban las sentencias del Tribunal Constitucional sobre la ley Wert con relación a la enseñanza del castellano por invadir competencias comunitarias. Por eso, el reproche a Rajoy de que se debió actuar a tiempo es más voluntarista que objetivo. “Actuar a tiempo” no ha de pasarse de frenada, pero solo los tribunales pueden frenar al poder cuando quien lo ejerce se pasa. No conviene “actuar a tiempo” arriesgándose a que el tribunal desautorice la ley, y no se puede reprochar que se judicialice la política cuando alguien la obvia.

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Involucrar a los jueces es una decisión tan arriesgada como su contraria. Puede comprobarse tras la resolución de la audiencia territorial del land Schelewig-Holstein. Aplicar la ley supone que Bildu y Arnaldo Otegi puedan sacar pecho ante la situación catalana, y que el PNV aproveche su oportunismo decisorio para no aprobar los presupuestos. Pero también lo es aplicar el 155 y llevar a los tribunales a los que se han excedido en sus competencias y atribuciones, como ha ocurrido con el independentismo. El argumento sobre judicializar la política o recurrir al diálogo tiene, pues, anverso y reverso. El de quienes echan en falta no haber actuado a tiempo y tener que llegar a juicios, y el de quienes, tras haber desbordado los cauces legales, echan en cara al Gobierno haber implicado a los jueces porque no dialoga con ellos.

Es un argumento sospechoso compartido por quienes critican a este y a los gobiernos anteriores por haberse dejado prender en una telaraña trabada por el secesionismo laboriosamente, más ante sus narices que tras sus espaldas, y por quienes le reconvienen que lleve a los tribunales asuntos decidibles políticamente, como hacen los secesionistas tras haber traspasado las reglas de juego. La confusión entre “judicializar” y “dialogar” culmina cuando las centrales sindicales reclaman que se aplique la ley, mientras se manifiestan contra los tribunales junto a quienes hablan de “presos políticos” por la encarcelación preventiva decidida por la competencia jurisdiccional.

El único modo democrático, objetivo, de contrarrestar la exacerbación nacionalista es aplicar la ley. Pero el título octavo es impreciso, como ha puesto en evidencia el Tribunal Constitucional. ¿Cómo frenar, aplicando la ley, la connivencia del PSOE en Baleares y en la Comunidad Valenciana con normas de signo nacionalista que imponen el catalán para el ejercicio de funciones profesionales en orquestas y hospitales? Si no hay fuerza política para frenar esa estupidez, el único procedimiento es recurrir a los jueces o al Constitucional. Pero esa decisión es arriesgada, hay que ponderarla políticamente. El juicio profesional y objetivo de los tribunales puede dar la razón tanto como quitarla.

Hay más motivos para reflexionar que para aterrarse

Se puede usar a la justicia estratégicamente, para presentar querellas infundadas o sin base suficiente. Aceptadas por los tribunales, sirven de plataforma para la “pena de telediario”. Esto sí es “judicializar” la política aprovechando resquicios para llevar a juicio casos que no lo merecen. Pero presentar a los jueces la extralimitación de competencias, la desobediencia pasiva o activa, el derroche presupuestario, la corrupción, no es judicializar, sino satisfacer la obligación de dilucidar si ha habido extralimitaciones que solo pueden ser decididas por los jueces.

Emiliano García-Page dijo recientemente que “el problema de Cataluña es grave y tenemos una emergencia. Discrepo con los que dicen, incluso en mi partido, que los jueces deben mirar para otro lado, que no se puede afrontar el problema en términos judiciales… Me sentiría un ciudadano de segunda si viera que a otros que incumplen la ley no se les aplican las mismas reglas”. Este es un lenguaje coherente. Comentando el mismo escenario, Arturo Pérez Reverte escribió que “más que el problema lo que me aterra es la incompetencia de este Gobierno de mediocres ineptos. Su incapacidad para desmontar en el extranjero la campaña de desprestigio contra el Estado español”. Puede que tenga razón. A cada uno lo suyo, pues se han cometido errores y ha quedado en evidencia la pusilanimidad comunicativa. El Gobierno, a la defensiva, se llama ahora a andana. Pero hay más motivos para reflexionar que para aterrarse. Reflexionar sobre lo que digan los jueces. Un riesgo que ha afrontado el Gobierno arrastrando al PSOE a asumirlo. Porque lo decisivo es la independencia judicial, tanto en España como en Europa, y no lo que opine o deje de opinar la rectora de una universidad escocesa, los sindicatos manifestándose junto a los secesionistas o un periódico, sea The Times o el Bild. Atentos, pues, a lo que todavía queda pendiente tras las resoluciones del land.

Escrito por

Periodista y escritor. Profesor emérito de la USP CEU.

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