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La escala de la izquierda . El máster de Cifuentes se condena, el independentismo no

Cristina Cifuentes ha sido la última política en comprobar la escala de la izquierda. Este tipo de partidos decide qué actitudes y actos son condenables y cuáles no dependiendo de sus autores y los intereses políticos que puedan obtener a cambio.

Cristina Cifuentes está experimentando estos días la diferencia entre un tipo de votante y otro. Entre la forma de entender una ideología y otra. La presidenta de la Comunidad de Madrid intenta defenderse estos días de la acusación de haberse inventado un máster. De haber usado presuntamente sus influencias para obtener una titulación que no se ganó. De haberse beneficiado supuestamente de manipulaciones de notas y privilegios varios para tener una titulación oficial de posgrado universitario que no merecía.

La crítica es obvia. Y, a la espera de que se aclare judicialmente el asunto, la exigencia de responsabilidades es lógica desde todos los rincones ideológicos. Porque, en caso de confirmarse, implicaría un privilegio ilegal, un engaño a los electores que analicen su curriculum y una afrenta a todo el resto de personas que se esfuerzan por obtener una titulación. Esa crítica se ha visto en todos los ámbitos ideológicos. De hecho, ha sido prácticamente imposible encontrar una versión que rebajase el nivel de exigencia a la presidenta madrileña. La izquierda lo ha hecho, con razón. Y la derecha, exactamente igual.

Inventarse un máster ilegalmente es inadmisible, ¿y el inventarse un país?

Viene siendo ya habitual observar cómo el votante liberal conservador ejerce una crítica dura hacia sus representantes electorales. Una actitud totalmente elogiable y defendible. Porque esa crítica es la mayor expresión de los derechos políticos de los ciudadanos al margen del voto. La mayor expresión de la libertad.

Una crítica que, de hecho, le ha costado al PP -a causa de sus incumplimientos- pasar de 186 diputados a 137, por ahora, y perder buena parte de su control territorial, pese a haber generado un entorno de estabilidad económica. Pero eso a sus votantes no le ha bastado: porque no ha bajado los impuestos, tal y como prometió; porque no ha defendido -según lo comprometido- a las familias y a las clases medias; porque no ha resuelto el desafío catalán en profundidad; o porque no ha mantenido un ideario que implica mucho más que puras medidas técnicas. Implica una visión humanista que no se ha plasmado en la práctica. Y así debe ser la crítica. Porque, en ausencia de ella, la política se convierte en pura partitocracia.

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Pero esa misma crítica no se ejerce de igual modo en los distintos posicionamientos ideológicos. Y de hecho desaparece y llega a la parodia en la extrema izquierda. Porque, si todos criticamos la creación ilegal de un título, por qué no todos criticamos igualmente la creación ilegal de una supuesta nación?

Violar la normativa universitaria es grave. Pero, evidentemente, violar todo el orden constitucional lo es mucho más. Y, sin embargo, la extrema izquierda y parte de quienes dicen no militar en ese extremismo pero sí en la izquierda han admitido con normalidad la violación de todo el esquema de protección de derechos y libertades de los ciudadanos. Incluida, por supuesto, la utilización de las universidades y cargos públicos para primar a los nacionalistas y pretender adoctrinar al resto.

Desde el PSC y el PSOE se han hecho guiños. Y desde Podemos se ha vitoreado a colectivos enteros que han puesto el presupuesto de forma ilegal a disposición de la construcción de estructuras radicalmente inconstitucionales y suicidas para sus territorios.

Dinero gastado en crear barreras

Desde partidos que dicen defender la prioridad social, se ha respaldado activamente a gobernantes y partidos que pretenden eliminar los derechos políticos de la inmensa mayoría de los españoles representados en la soberanía nacional. Se ha robado presupuesto público de la sanidad, la educación o los servicios sociales para crear barreras y generar estructuras donde todos los protagonistas del separatismo, casualmente, han encontrado lucrativos destinos laborales y, por supuesto, promociones profesionales, concesiones ilegales y, por supuesto, facilidades académicas.

Se ha destruido empleo y espantado empresas bajo la farsa de que años después se lograría atraer a muchas más, mientras todas las compañías advertían de que no volverían si prosigue el desafío a la legalidad. Se ha coaccionado a familias enteras que no han aceptado la dictadura nacionalista. Se han violado la libertad de educación, la de opinión, y hasta la de acceso a puestos y contratos públicos en igualdad. Y se ha reventado la convivencia pacífica bajo una colección de mentiras que han sido sistemáticamente desmontadas por Europa, los grandes países, y toda una avalancha de advertencias económicas materializadas en los días de máxima efervescencia del golpismo rupturista.

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Y, pese a ello, la izquierda radical no ha dudado en defender un supuesto derecho a decidir que no es tal, sino la negación de ese mismo derecho en toda la población no nacionalista. Es más, esa extrema izquierda ha criticado las violaciones de las normas de títulos universitarios en Madrid, cuando toda la educación y la mayoría de la universidad está pervertida en Cataluña y, encima, con el objetivo de adoctrinar a generaciones enteras. De robarles su libertad.

Solo cabe una explicación a esta ausencia de crítica: que lo que mueve a esta ideología no es un logro. Que su proyecto no es constructivo, sino destructivo. Que no buscan que sus representantes funcionen o cumplan con lo prometido, sino que acaben con lo que odian: que sustituyan el poder ejercido por cualquiera que no sean los suyos. Por eso todo vale. Por eso todo es creíble de los suyos. Porque en el fondo, en la extrema izquierda tan solo se busca hoy en día barrer al divergente. Por eso ahora son sectarios contra el PP y lo serán más tarde con Ciudadanos. Porque los de Albert Rivera, evidentemente, tampoco son de los suyos.

Los falsos títulos que no importaron

Por eso da lo mismo que Patxi López inflase su currículum; o que lo hicieran José Blanco o José Montilla. O que medio Podemos cuente con títulos regalados por profesorados y claustros enteros que forman parte de su partido. Da lo mismo porque hoy en día no se analiza a los miembros de los partidos que pueden ser la plataforma de pactos desde la que echar a “la derecha”.

Pero esta evidencia no debe ser un motivo para desanimar la crítica entre el colectivo liberal conservador. Al revés. Porque de esa crítica saldrá una depuración que permita albergar un formación cualitativamente mejor y más coherente. Y porque, en el fondo, esa crítica no es sino la prueba de la independencia y la libertad en la que siempre ha creído este colectivo: la antítesis del estatismo en el que creen otros.

Escrito por

Periodista.

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