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No judicializarás en vano . La inhabilitación, un premio al victimismo de un político mediocre

Fernando Jáuregui | 15 de marzo de 2017

Nacional

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Las sentencias judiciales, cuando afectan a temas catalanes, no son recibidas de la misma manera, obviamente, en Barcelona que en Madrid. Sobre todo, si implican una cierta judicialización de la vida política, derivada de las ‘desobediencias’ de los rectores de la vida pública catalana a los dictados del Tribunal Constitucional

Así ha sucedido, obviamente, con la sentencia que inhabilita por dos años al expresidente de la Generalitat Artur Mas, por ser el principal impulsor de la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014. Una sentencia que, en lo tocante a las relaciones de la ‘oficialidad’ catalana con el resto de España, va sin duda a empeorar las cosas, precisamente porque en ambos polos se entiende de modo muy diferente y porque ambas partes creen tener el cien por cien de la razón.

Corriendo hacia ninguna parte

Manuel Martínez Sospedra analiza el ‘procés’ catalán, que comenzó como un proyecto político que parecía serio y resultaba ilusionante para una gran parte del electorado de esa comunidad, está transformándose en un disparate cada vez más.

Comprendo que el tema es altamente polémico, pero no puedo dejar de abordarlo tal y como lo veo, alejado de ambos extremos. Las sentencias judiciales no pueden empeorar las situaciones que tratan de corregir o mejorar. Y las ‘desobediencias’ de los impulsores del secesionismo catalán no se arreglan ni a golpe de Tribunal Constitucional ni de sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. De la misma manera que, en un dilema judicial clásico, hay que compatibilizar el derecho a la libertad de expresión con el respeto a la buena fama de las personas, me parece que hay que hacer compatible el respeto a la ley con el ejercicio de algunas libertades políticas, incluso aunque estuvieren cuestionadas desde una visión estricta de la literalidad constitucional, que es la peor forma de entender nuestra norma fundamental.

Espero explicarme bien, porque entiendo que la línea que separa los conceptos ‘summa lex, summa iniuria’ y la sensación de desgobierno saltándose las leyes a la torera no siempre es demasiado nítida ni está tan en las antípodas, como pudiera pensarse. Creo, en cualquier caso, que ningún bien se va a derivar de la aplicación estricta de la normativa penal ahora a Mas, luego a Homs, después a Carme Forcadell, cuando estas sentencias van a contemplarse desde un punto de vista victimista en Cataluña; sí creo que las leyes pueden aplicarse con gradaciones, con diálogo –sí, con diálogo— y con prudencia y generosidad.

Creo que hay que hacer compatible el respeto a la ley con el ejercicio de algunas libertades políticas, incluso aunque estuvieren cuestionadas desde una visión estricta de la literalidad constitucional

Sé que el concepto es polémico, pero las normas son interpretables y, sobre todo, son modificables cuando así conviene a la ‘pax publica’. Flexibilidad y la conllevanza que predicaba Ortega y Gasset en lo referente a las relaciones entre Cataluña y el resto de España son las cualidades que deben primar en el tratamiento público, y creo que en el judicial, de las cuestiones más espinosas.

¿Estoy diciendo que Artur Mas no debería haber sido sancionado por haber organizado aquella consulta en la que participaron más de dos millones y medio de catalanes? No estoy seguro de estar diciendo eso. Ni mucho menos. Digo, simplemente, que esta sentencia, en particular, beneficia mucho más que perjudica a un Artur Mas que, en cualquier caso, cercado por los casos de corrupción que no supo o no quiso evitar, no podría haberse presentado a una nueva presidencia de la Generalitat y que, de todas formas, aun presentándose, hubiese perdido en unas elecciones anticipadas frente a Oriol Junqueras. Esta inhabilitación no es un castigo, sino un premio al victimismo que convierte a un político mediocre y sin ideas como Mas en un adalid de la independencia, sojuzgado ‘por Madrid’.

Cataluña y el derecho a decidir

cataluñaAinhoa Uribe, en su artículo, pone de manifiesto la moda del «derecho a decidir» usado para todo. Ni los españoles aguantamos todo ni se puede obviar la vigencia de la Constitución y las leyes.

La política del ‘palo’, el agitar la amenaza de la aplicación de un artículo 155 de la Constitución que nada, bien lo saben todos, iba a resolver, no está contribuyendo precisamente a acortar la distancia, ya enorme, entre la Barcelona independentista y el Madrid más riguroso. A este paso, quienes quieren hacer imposible la ‘operación diálogo’, que es la que debería imponerse mucho más que la ‘operación tribunales’, van a ver triunfar sus tesis y entonces el choque de trenes ya no podrá pactarse para evitar víctimas.

¿Estoy diciendo que Artur Mas no debería haber sido sancionado por haber organizado aquella consulta en la que participaron más de dos millones y medio de catalanes? No. Digo que esta sentencia le beneficia mucho más que le perjudica

Nos estamos, a pasos agigantados, metiendo en el peor de los escenarios posibles. Hemos hecho un héroe, para los suyos, a ¡Artur Mas! Un individuo que, si visitase los tribunales, debería ser por razones mucho más ‘porcentuales’ –tiene mucho que explicar sobre las comisiones— que por haber organizado una falsa consulta con falsos pretextos que no sirvió ni a las falsas razones con las que fue convocada.

Y esto, quizá, y no me siento capaz de dar lecciones a nadie, desde luego, también debería haber sido contemplado por unos jueces que, al final, se han quedado entre Pinto y Valdemoro, pero mirando, por si acaso, hacia la Plaza de Sant Jaume. Sin contentar a nadie, lo cual no sé si es bueno o, probablemente, malo.

Foto de portada: Artur Mas tras declarar como testigo en el juicio por desobediencia contra su compañero de partido y diputado Francesc Homs. Agencia EFE.
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