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El independentismo pasa por el aro del Tribunal Supremo

El juicio del procés demuestra que el Estado de derecho y la división de poderes se imponen al independentismo. Solo si un Gobierno debilitado indulta a los pirómanos se volvería al inicio para repetir un referéndum y recomenzar la historia.

Lo que menos se ve del juicio está al alcance de todos. El independentismo pasa sin rechistar por el aro de la ley. Pasa por el aro al responder a sus abogados defensores ante un tribunal al que reconocen y acatan día a día. Pasa cuando contestan las preguntas de VOX, acusador particular. Los acusados y los testigos del independentismo tienen que soportarlo, les guste o no. Alguno decidido a no contestar pasa por el aro al afrontar la deducción de testimonio por negarse a responder.

Para gente como Ada Colau, Gabriel Rufián y colegas, es humillante. Lo admitió la alcaldesa sin pudor. Tienen que hablar en español sin fingir que no entienden lo que entienden y que no hablan lo que hablan. El Estado de derecho se impone cada vez que se responde a un fiscal, a abogados de la defensa o de la acusación, cada vez que el presidente recuerda a uno u otro que no existen testimonios de calificación de circunstancias, sino testigos de los hechos a probar o desmentir.

La división de poderes rezuma

Al sujetarse a la disciplina del proceso, aceptan la imparcialidad del juicio y la independencia judicial. No es un espectáculo politizado, aun cuando así quisieron presentarlo los independentistas en sus soflamas iniciales. La división de poderes rezuma en cada sesión. Las cámaras televisivas exponen a espectadores nacionales e internacionales la templanza jurídica del Supremo. Nadie podrá reprochar la ecuanimidad de este tribunal de justicia.

No sabemos qué dará de sí el juicio. Por lo visto hasta ahora, puede que no salga la rebelión. Las elusivas respuestas de tres testigos fundamentales, el presidente, la vicepresidenta y el ministro del Interior, devalúan la adscripción al tipo penal. No porque no haya argumentos para mantenerla, sino porque lo atestiguado no parece definitivo para encajar sus testimonios en el tipo. ¿Por qué los más altos representantes del Gobierno delegan responsabilidades durante una crisis de Estado? ¿No hay un Gobierno de crisis que siga los acontecimientos?

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El encaje en el tipo se revalúa luego con la contundente precisión de los testigos a los que fue delegada la responsabilidad durante la crisis: el delegado del Gobierno, Enric Millo, el responsable de Interior en Cataluña, Antonio Puigserver, y el coronel López de los Cobos. Han desmontado el relato pacifista del independentismo y reconstruido con evidencias el de la violencia durante el falso referéndum.

Es probable que, si no por rebelión, haya condena por sedición y malversación. Lo decisivo es que hay juicio, habrá sentencia. Cualquiera que sea la condena, el tribunal pone en jaque a la independencia, cuyo exhibicionismo retórico pasa a diario por el aro del Supremo. Los políticos sentados ante los jueces quedan a la vista de todos como lo que son, demandados ante un tribunal por fundadas sospechas de haber contravenido las leyes que se aplican a delincuentes. Podrán ser políticos, pero no reos de una justicia politizada.

El triunfo del derecho contra los políticos procesados

El valor más ejemplar del juicio radica en que estén pasando por el aro los que rechazan el aro. Se está juzgando a los políticos que ponían en duda la competencia del Estado. Ahora, como ocurre con cualquier investigado, no les cabe más salida que someterse al procedimiento que repudian y al que no se atravesará a exponerse el fugado Carles Puigdemont. Es lo que quedará establecido cara al futuro.

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No se podrá poner en tela de juicio una sentencia tras un proceso que cada día revalidan cuando aceptan sus reglas. Es con lo que no contaban, pues se rebelaron contra esa competencia. Los juicios de valor, las interpretaciones posteriores, los arrebatos de uno u otro signo solo tendrán valor confirmatorio de la ejemplar aplicación del reglamento procesal. La independencia judicial, la idoneidad profesional de los magistrados y la decisión judicial que se adopte, cualquiera que sea, entrañan el triunfo del derecho contra los delincuentes que lo cuestionan. Eso es, a corto, medio y largo plazo, lo que importa.

Un indulto a los pirómanos nos llevaría al inicio

Después, la política tendrá que volver a tomar la palabra, pero los jueces habrán cumplido con su función demostrando que han tenido que plegarse y claudicar, pasar por el aro del derecho, y no por la manga ancha o estrecha de la política. La fuerza del Estado, por débil que sea su Gobierno, se habrá impuesto definitivamente. A menos que…

…Un Gobierno debilitado decida pactar con los instigadores de su debilidad y, dispuesto a lo que haga falta para gobernar, indulte a los pirómanos. Sería más desestabilizador que una sentencia exculpatoria, pues nadie dudará de que una sentencia de este tribunal no es una confabulación políticamente mediatizada. Libres e indultados, los procesados renovarían con júbilo su causa y enlazarían con la situación anterior a un juicio amortizado. Volveríamos al inicio para repetir un referéndum y recomenzar la historia con viento a favor de la causa tras la sentencia evaporada. Cómo sea lo que venga lo empezaremos a saber al finalizar abril.

Imagen de portada: El portavoz y diputado de ERC en el Congreso de los Diputados Gabriel Rufián, a su llegada al Tribunal Supremo para declarar como testigos en el juicio del procés. | Agencia EFE
Escrito por

Periodista y escritor. Profesor emérito de la USP CEU.

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