El Debate de hoy

Hay jinetes de luz en la hora oscura

Resulta difícil encontrar un historial de puntos negros más clamoroso que el observado en los últimos días. En los últimos, y en los previos, porque más importante que detener a los autores de un atentado es evitarlo.

El Gobierno asegura que “ha habido coordinación y eficacia” en la actuación de los Mossos, tanto antes como después de los atentados de Barcelona y Cambrils. Que “ya habrá tiempo” de analizar lo ocurrido, según palabras del presidente. El consejero de Interior catalán, Forn, por su parte, afirma que la Policía autonómica ha actuado de forma ejemplar. Tanto, que las condecoraciones del Parmalento catalán solo han ido a este cuerpo y a la Guardia Urbana de Barcelona -pese a que una detención fue efectuada por la Guardia Civil, al igual que parte de la labor de protección posterior a los atentados-. Para Forn, todos los datos que se han puesto encima de la mesa y que atestiguan la falta de coordinación y preparación son, simplemente, un intento de “ensuciar” a los Mossos y a su Ejecutivo regional. Y para Puigdemont, directamente, “el Gobierno hace política con la seguridad de los catalanes”.

Puigdemont acusa a Rajoy de “hacer política con la seguridad” por el rechazar que los Mossos ampliaran su plantilla https://t.co/gHPLSuaaVq pic.twitter.com/t2In6JQZ5w

— eldiario.es (@eldiarioes) August 25, 2017

A nadie se le escapa que la cercanía del 1-O y el golpe separatista han viciado todas las reacciones. Rajoy no quiere dar un solo argumento que los separatistas puedan ampliar para alentar su victimismo y su manido ‘España nos roba, España nos ataca’. Y los partidos independentistas, todo lo contrario: quieren combatir de cualquier forma el listado de muestras de descontrol de la seguridad que estos atentados han dejado a la vista y que se puede convertir en un fatal anuncio de su incapacidad de Gobierno de cara al referéndum separatista.

Porque lo cierto es que resulta difícil encontrar un historial de puntos negros más clamoroso que el observado en los últimos días. En los últimos, y en los previos, porque más importante que detener a los autores de un atentado es evitarlo.

Falta de bolardos

La primera polémica en saltar fue la de la falta de bolardos en Barcelona. La alcaldesa, Ada Colau, argumentó que fueron los Mossos quienes lo desestimaron. Cierto. Tanto como que su Pleno municipal, con o sin dictamen de los Mossos, podría haber puesto los bolardos porque tiene competencia plena para ello. El 20 de diciembre de 2016, la Policía Nacional así se lo recomendó. A su ayuntamiento y al resto de municipios de toda España. Lo hizo por escrito y de forma razonada. Pero ella prefirió apoyarse en la negativa de los Mossos que, encabezados por Josep Luis Trapero, afirmaron que no eran necesarios. “Postureo”, lo calificó el jefe policial Trapero. Un obstáculo “a la libertad de movimiento” de los ciudadanos, añadió Colau.

La Generalidad acusa al Ayuntamiento de Barcelona de "mala fe" por responsabilizarla de la no colocación de bolardoshttps://t.co/7iwksiI6pL

— Luis del Pino (@ldpsincomplejos) August 19, 2017

La idea del “postureo” debió calar con fuerza. Y es que Cambrils tampoco tenía bolardos. O, mejor dicho, carecía de bolardos antiterrorismo. Porque los bolardos para impedir aparcar sí existen. Esos, por lo visto, no eliminaban la “libertad de movimiento” que argumentó Colau.

La casa de Alcanar

Pero fue la casa de Alcanar, una pequeña localidad pesquera de Tarragona, la que despertó más incógnitas sobre la supuesta “ejemplaridad” en la actuación policial de los equipos del consejero Forn. La casa se encontraba en lo que se denomina Alcanar Playa. Una zona con abundantes casas okupas y donde los propios ciudadanos afirman que “no hay el más mínimo control policial”. La alcaldía, en manos de ERC, por lo visto, ha hecho caso a la petición de la CUP -con quienes comparten alianza en la Generalitat- y ha dejado que esas casas sigan sin presencia policial.

La noche previa a los atentados, cerca de las once y cuarto, la casa desapareció, literalmente, fruto de una explosión. La versión oficial aseguró que se trataba de una fuga de gas. Esa misma noche, los vecinos, asustados por un temblor que hizo vibrar todas las ventanas del pueblo, fueron a ver lo ocurrido. Una columna de humo de cuarenta metros de altura y completamente blanca se elevaba sobre un amasijo de ladrillos destrozados y decenas de bombonas de gas. Daños en las casas cercanas, un muerto -de origen marroquí- y hasta siete heridos, uno de ellos, ocupante de la propia casa. Al día siguiente y cuando la Policía autonómica comprobaba lo ocurrido, de nuevo, otra explosión. Otra vez humo blanco.

La célula del imán de Ripoll traficaba con drogas para financiar los atentados https://t.co/4UslfdCc3i vía @okdiario

— carlos cuesta (@carloscuestaEM) August 27, 2017

La Guardia Civil no pudo verificar nada porque literalmente no fue avisada ni se le permitió colaborar en la investigación. Pero las fotos de los propios vecinos no tardaron en salir publicadas. Los policías nacionales y guardias civiles al corriente del suceso y las fotos fueron contundentes en su dictamen: “No es una fuga de gas. Es explosivo. El humo blanco y la destrucción absoluta del inmueble no se consiguen con gas”. Pero la versión de los Mossos se mantenía oficialmente: eran los competentes.

Las primeras fotos mostraban ya 26 bombonas. El recuento final -que tardó tres días- sumó cien y otros dos muertos. El inventario publicado el miércoles posterior a los atentados del jueves permitió comprobar la existencia de un cinturón de explosivos, TATP -explosivo usado por el Daesh y más conocido como “la madre de Satán”-, TNT, 500 litros de acetona, una carta del Daesh, páginas del Corán y metralla.

Pero esa información no llegó a la Policía Nacional y a la Guardia Civil hasta mucho después de los atentados.

La casa okupa, propiedad del Banco Popular, no había tenido el más mínimo seguimiento. Como tantas otras en una Cataluña bajo presión de los postulados de la CUP. Las denuncias de los vecinos del pueblo y estaciones de servicio cercanas delatando los continuos robos de bombonas de gas, tampoco. La entrada y salida del imán de Ripoll en el inmueble, menos aún. Y la evidencia de que aquello no había sido una explosión de gas, sino de explosivo, quedó exclusivamente para los oídos de los Mossos.

Hasta doce personas -no se descarta una más- habrían pasado por la casa en un periodo de seis meses, según los testimonios de unos vecinos que ya lo habían comentado con anterioridad. Un largo periodo en el que se prepararon los atentados y se acumuló TATP y TNT suficiente para 15 bombas. Las bombonas de gas se pretendían usar para multiplicar el daño y algunos envases manipulados estaban preparados para insertar el explosivo fabricado. Cuando la casa estalló, el TATP estaba a punto de terminar de secarse: el momento en el que se habría usado.

«Señoría, no exagere»

Pero nada de todo ello pudo servir para alertar a los cuerpos de seguridad nacionales: al declararlo como fuga de gas, el caso no llegó a la Audiencia Nacional -competente en terrorismo-, con lo que la competencia plena quedó para los Mossos y la Policía urbana. Tras llegar a la Audiencia, una semana más tarde, el juez Andreu tomó una primera medida: relegar a los Mossos y centralizar todo en el Citco -el sistema de coordinación del Ministerio de Interior-.

Por el camino, aún había tiempo para una irregularidad más: ¿por qué no se interrogó esa misma noche o la mañana siguiente al herido de la casa de Alcanar?

Su nombre es Mohamed Houli Chemlal y permaneció todo un día sin ser interrogado. Su conexión con la célula yihadista llegó tarde. Tras la masacre. Cuando en una de las furgonetas se encontró la documentación de Mohamed Houli Chemlal, el mismo joven herido en la explosión de Alcanar y que pasó 24 horas en el hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Es más, ni siquiera tras la segunda explosión en la casa -también previa a los atentados- fue interrogado de urgencia. Y es que la versión de la Policía autonómica insistía: una retroexcavadora trabajaba retirando escombros y “una bolsa de gas activada por una chispa de la pala” provocó una segunda explosión que hirió a seis agentes de los Mossos, dos bomberos y al propio operario de la máquina. Tampoco entonces se interrogó a Chemlal. Tampoco entonces admitieron o se percataron de que un segundo hongo blanco no podía ser gas.

Imán de Ripoll

Pero es, quizás, el caso del imán de Ripoll el más inexplicable de todos. Un imán con conexiones yihadistas investigadas desde 2003 que no dejaba de entrar y salir de la casa de Alcanar y al que nadie siguió. ¿Por qué? Posiblemente porque todos esos datos de seguimiento figuraban en las bases de datos europeas y nacionales, donde se encuentran los historiales terroristas en todos los países del mundo.

Abdelbaki Es Satty, imán de Ripoll. Una persona que presenta conexiones con el yihadismo que se remontan al año 2003, cuando compartía piso en Vilanova i la Geltrú con Belgacem Bellil, un argelino que posteriormente se inmoló en Iraq matando a 28 personas. La documentación sospechosa de Es Satty fue completada, en 2006, en el domicilio de Mohamed Mrabet Fhasi, presunto reclutador de Bellil, condenado por la Audiencia Nacional inicialmente y absuelto años más tarde por el Tribunal Supremo por “insuficiencia” en las pruebas presentadas contra él.

Y es que el historial de Es Satty es inacabable: fue investigado y pinchado telefónicamente en la operación Camaleón en 2005. La sospecha era seria: trabajar para Al Qaeda. Fue posteriormente investigado en la operación Chacal contra el yihadismo en 2006. Años después, Es Satty entró en prisión por tráfico de drogas y abandonó la cárcel en 2014. Mientras tanto, entabló contacto en la penitenciaria de Castellón con Rachid Aglif, condenado a 18 años por su participación en el 11-M.

Pero su periplo no fue exclusivamente nacional. Viajó a Bélgica de forma frecuente y, de nuevo, de forma sospechosa. El alcalde de la localidad de Vilvoorde, Hans Bonte, confirmó que el imán permaneció allí entre enero y marzo de 2016 y avisó de sus actividades a las autoridades de Barcelona. La propia Policía local de la ciudad belga solicitó información a los Mossos sobre Es Satty, aclarando que el imán pensaba viajar a Barcelona. La solicitud de datos partía del aviso de la mezquita local, que negó trabajo a Es Satty tras pedirle los datos penales y negarse a entregarlos. La Policía regional contestó afirmando que carecía de información. Pero, en ningún caso, la solicitó al CNI, Guardia Civil, Policía Nacional o Citco.

Policía y Guardia Civil analizan los fallos de los Mossos para crear un protocolo de acción conjunta https://t.co/qzyaSJ1uL7 vía @okdiario

— carlos cuesta (@carloscuestaEM) August 26, 2017

La advertencia de la Policía belga se cumplió y llegó a Barcelona. Y la propia Mezquita de Ripoll avisó de ello a la Generalitat. Tampoco sirvió para desatar las alarmas.

Pese a sus antecedentes, los agentes no vigilaron a Es Satty, que pudo ejercer su labor y viajar libremente también a Francia, donde participó en un curso para elaborar explosivos.

El cúmulo de despropósitos se completa con la aparición de una segunda base de operaciones de la célula en Riudecanyes, tampoco descubierta ni controlada previamente; con la inexistencia de comunicación de los Mossos a la propia Guardia Urbana de Barcelona de lo que ocurría en el momento del atentado (los policías locales confundieron a miembros de los Mossos con pasamontañas y en los tejados con “francotiradores con turbante negro”); y con la ausencia, de nuevo, de comunicación a la Guardia Civil, que empezó a refugiar ciudadanos en su cuartel sin saber que escapaban de un atentado con furgoneta en La Rambla.

Esos son los hechos. Cada cual que juzgue. Cada cual que politice lo que quiera.

Foto de portada: Estado en el que quedó la casa de Alcanar (Tarragona) tras la explosión ocurrida la noche previa al atentado de La Rambla | Agencia EFE.