Diario de análisis, reflexión y valores    

 

Baleares en pie de guerra . La imposición del catalán es una discriminación social y laboral

El Gobierno de Baleares ha echado marcha atrás y finalmente ha aplazado su intención de imponer el catalán en el Servicio de Salud público, lo que a todas luces supondría una auténtica discriminación y una violación del artículo 3 de la Constitución.

En Baleares, el Gobierno ha intentado imponer el catalán en el sistema de salud a médicos y enfermeros, lo que ha puesto a la sociedad en pie de guerra. En una comunidad autónoma donde los precios del suelo y la vivienda están disparados por el boom turístico, resulta cada día más difícil conseguir un fontanero, un carpintero o incluso un médico dispuesto a vivir allí. La razón va más allá del sueldo y la dificultad de encontrar alojamiento a un precio razonable en relación al salario (recuérdese que en Ibiza se alquilan incluso balcones a 600 euros y hay quien recurre a techos de furgoneta para dormir). El motivo del enfado popular ahora versa en torno a la lengua de comunicación entre los sanitarios y los pacientes. El Gobierno balear quiere imponer el catalán en el Servicio de Salud público, lo que supone una discriminación y una desigualdad de facto entre los ciudadanos.

El artículo 3 de nuestra Constitución establece como lengua oficial (que deben conocer todos los españoles) la lengua castellana. El Estatuto de Autonomía de las Illes Balears de 1983 supuso el establecimiento de un sistema de autogobierno en la comunidad insular y la protección del catalán al más alto nivel. Tras su reforma, el Estatuto de Autonomía de 2007 dispone en su artículo 4 que la lengua propia es el catalán, la cual a su vez tendrá carácter oficial junto a la lengua (que consideran “ajena”) castellana, como ocurre en Cataluña. Por consiguiente, en teoría, todos tienen derecho a usar y conocer el catalán, y nadie podrá ser discriminado por razón de idioma. Sin embargo, la teoría dista de la realidad.

La Ley 3/2007 de 27 de marzo, de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, dispone en el artículo 50 que “entre los requisitos generales de acceso a la función pública autonómica se incluye: acreditar el conocimiento de la lengua catalana que se determine reglamentariamente, respetando el principio de proporcionalidad y adecuación entre el nivel de exigencia y las funciones correspondientes”. En esta línea, las condiciones y los efectos de la movilidad interadministrativa están condicionados por el tema lingüístico, ya que el artículo 96 de la citada ley de función pública señala que “el personal funcionario que no pueda acreditar el nivel mínimo exigido de conocimiento de la lengua catalana queda obligado a alcanzarlo y acreditarlo, en los plazos que se establecen reglamentariamente”.

El desarrollo reglamentario de la cuestión lingüística en la función pública ha ido más allá en los últimos meses, provocando una auténtica revolución social en el ámbito público de la salud. La razón es la dificultad para ejercer allí la medicina, la enfermería y otros servicios relacionados, ya que el Servicio de Salud (IBSalut) planteó en 2017 la exigencia de acreditar el nivel B2 de catalán para el acceso a plazas de médicos, enfermeros y farmacéuticos.

El adoctrinamiento en las aulas catalanas: un drama que no puede arreglar un efímero 155

El borrador del controvertido decreto lingüístico fue aprobado por la Mesa Sectorial de Sanidad el 17 noviembre de 2017, pese a la oposición del Sindicato Médico de Baleares (Simebal) y el Sindicato de Enfermería (Satse), mayoritarios en el sector. Tras las protestas sociales de diciembre de 2017 y los meses siguientes, tuvo lugar un arduo proceso de negociaciones entre los partidos políticos y sindicatos afectados. El resultado ha sido que, en enero-febrero de 2018, se anunció una ligera rebaja del imperativo catalanista, de modo que (de aprobarse el decreto lingüístico) los médicos y enfermeros podrían presentarse a las oposiciones sin el certificado del catalán, pero dispondrían de dos años para adquirirlo, aunque no perderían la plaza en caso de no obtenerlo. En el primer borrador del decreto estaba además previsto que los médicos y los enfermeros deberían acreditar un nivel B2 —avanzado— de catalán. En la segunda propuesta de decreto (pendiente de aprobación), es suficiente con tener un nivel B1 —básico— de dicho idioma. Sin embargo, los que no acreditaran el citado nivel no podrían cobrar ciertos complementos ni optar a procesos de movilidad interna dentro del sistema sanitario balear, lo que los dejaría fuera de toda promoción/cambio en su carrera profesional, por ejemplo. Por ello, el catalán sería requisito para consolidar la plaza y tener derecho a la carrera profesional.

Baleares, un nuevo ejemplo de laboratorio lingüístico

Esta rebaja es, a todas luces, insuficiente, porque afecta al principio de igualdad entre los ciudadanos y provoca una situación de discriminación por razón de lengua, lo que va en contra del propio estatuto balear. En consecuencia, el 2 de marzo de 2018, el presidente del movimiento ciudadano Valores en Baleares, Juan José Tenorio, registró en el Parlamento regional una proposición no de ley, avalada por 36.000 firmas, contra la implantación de la futura norma lingüística en la sanidad pública, tras la cual el Gobierno balear ha anunciado el aplazamiento sine die de la aprobación del futuro decreto autonómico que regularía el conocimiento de catalán exigido a los médicos y enfermeros de Baleares por falta de consenso político y social.

La sociedad balear ha ganado el pulso al Gobierno autonómico, pero ¿por cuánto tiempo? España se ha convertido en un auténtico laboratorio lingüístico, olvidando que no son las lenguas las que tienen derechos, sino al revés, somos las personas quienes tenemos el derecho (y no la obligación) de expresarnos en la lengua que deseemos, teniendo únicamente el derecho y deber de conocer una lengua, la oficial, es decir, el castellano.

Imagen de portada: Manifestación organizada  para protestar contra el proyecto de decreto que aprobará el Govern balear para exigir la acreditación del conocimiento del catalán a los trabajadores de la sanidad pública de las islas | Agencia EFE
Tags publicados
Escrito por

Vicedecana de la Facultad de Derecho de la USP CEU y Profesora titular de Ciencia Política. Doctora en Estudios Europeos por CEU Cardenal Herrera, máster en Ayuda Internacional Humanitaria por la Universidad de Deusto y experta en sistemas políticos comparados y procesos electorales.

...

Deja tu comentario

Simple Share Buttons
Simple Share Buttons