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El éxito de la huelga de jueces y fiscales pone en evidencia el conflicto de poderes del Estado

La primera huelga general de jueces y fiscales ha tenido un gran seguimiento. Las reformas que reivindican afectan a sus tareas profesionales pero también al sistema democrático constitucional. La independencia del Poder Judicial es una asignatura pendiente. 

El 22 de mayo de 2018 ha tenido lugar la anunciada huelga de jueces y fiscales. Y ha sido un éxito, al ser seguida por -parece- más de un sesenta por ciento de los jueces y magistrados, y por más del cincuenta por ciento de los fiscales. Máxime si tenemos en cuenta que este colectivo no tiene formalmente reconocido el derecho de huelga, aunque tampoco prohibido, como ya indiqué en mi artículo del pasado 14 de marzo en EL DEBATE DE HOY.

La huelga ha sido precedida de concentraciones, manifiestos y otras medidas encaminadas a las reivindicaciones de este colectivo. Estas son de índole profesional (módulos de carga de trabajo, retribuciones, vacaciones y permisos, sustituciones, medios humanos y materiales, y semejantes), pero también político-estatutarias (más y mejor garantizada independencia -nombramiento del Consejo General del Poder Judicial, dedicación de sus miembros y fin del sistema presidencialista-, nombramiento y autonomía del Fiscal General del Estado, política de designación de los altos cargos de ambas carreras y otras reivindicaciones en la misma línea, siendo muy importante la autonomía presupuestaria respecto del Ejecutivo).

El conflicto de poderes del Estado

La huelga en un colectivo tan singular pone en evidencia que hay un conflicto entre los poderes del Estado. La parte del conflicto que es de tipo profesional es de más fácil solución para “reconciliar” a jueces y fiscales con el Gobierno, el cual puede resolver varias cuestiones con simples decretos u órdenes ministeriales, y con el Consejo General del Poder Judicial, que puede resolver los módulos de trabajo, permisos y similares mediante acuerdos plenarios del Consejo.

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Pero las cuestiones más importantes político-estatutarias (forma de designación y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, autonomía presupuestaria, nombramiento de independencia del Fiscal General del Estado, entre otras) exigen reformas mediante ley o ley orgánica e -incluso- en algunos extremos deberían ser contempladas en una futura reforma constitucional, si esta llegara a producirse.

Es importante no olvidar que la verdadera independencia del Poder Judicial es una de las asignaturas pendientes de nuestro sistema constitucional.

La sospecha de los nombramientos del CGPJ 

Hay cuestiones que no han terminado de cerrarse ni solventarse, como la elección de los miembros judiciales del Consejo General del Poder Judicial y que están bajo una permanente sospecha desde 1985, cuando al reformar el sistema de la elección de estos miembros afirmó muy gráficamente el entonces vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, que “Montesquieu ha muerto” (reforma que el Partido Popular no se atrevió nunca a contrarreformar, a pesar de haberse comprometido a ello).

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Lo importante, en cualquier caso, es que todas las asociaciones de jueces y fiscales se han unido, con bastante éxito, para reivindicar unas reformas normativas que les afectan en sus tareas profesionales como colectivo, indudablemente, pero que también afectan -y mucho- a todos los ciudadanos y al mismo sistema democrático constitucional.

Imagen de portada: Sede del Consejo General del Poder Judicial en Madrid
Escrito por

Abogado. Magistrado excedente de lo Contencioso-Administrativo. ​

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