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Cuando el mismo PSOE de los 55 millones condonados insiste en los ordenadores del PP

Carlos Cuesta | 20 de noviembre de 2017

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La investigación en torno a la trama Gürtel sigue generando titulares y causando problemas al Partido Popular. El resto de partidos usan este caso de un modo político y olvidando sus propias sombras de posible corrupción. 

El caso Gürtel vuelve a la actualidad. Vuelve, con razón, porque la Justicia ha encontrado indicios de corrupción y debe investigarlos y juzgarlos. Y vuelve, sin razón, porque desde 2007 -fecha en la que la Fiscalía Anticorrupción inició sus trabajos-, el caso se ha ido dilatando y estirando como un chicle por fines difícilmente encuadrables en la función puramente judicial. Por fines que tienen más que ver con los tiempos políticos y electorales que con los puramente procesales. Por presiones que tienen más que ver con el linchamiento mediático que con la información u opinión.

Tan solo daré dos datos:

  • Caso Madoff. En diciembre de 2008, el banquero más polémico de los últimos tiempos fue detenido por el FBI acusado de fraude. El juez federal Louis L. Stanton congeló sus activos de inmediato. El fraude se cuantificó e investigó en dos meses: 64.800 millones de dólares, alzándose como el mayor fraude llevado a cabo por una sola persona en toda la historia. Y el 29 de junio de 2009 -seis meses después-, el caso fue cerrado y sentenciado: 150 años de prisión. Es decir, que el mayor fraude personal de la historia con implicación directa en la mayor crisis financiera desde el crash del 29 se saldó judicialmente en 1/20 veces lo que dura ya Gürtel. Y suma y sigue. ¿Tiene algún sentido?
  • En los últimos cinco años, el número de casos de corrupción procesados judicialmente con respaldo de la acusación por parte de la Fiscalía se elevan a casi 350. De ellos, el número que ha acabado en sentencia condenatoria se reduce a 22. El resto fueron disparos al aire. ¿Tiene algún sentido?
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Y tan solo expondré una serie de valoraciones y datos. Juan Carlos Monedero no ha dado ni una sola explicación lógica a su famoso ingreso de 425.150 euros por, supuestamente, realizar un informe que nunca ha aparecido y, pese a habérsele pillado comprando posteriormente un informe paralelo por 69.000 euros para hacerlo pasar por el estudio reclamado. Pero no está en los tribunales. Pablo Iglesias y el resto de sus amigos de la Fundación Ceps cobraron -dependiendo de las fuentes- cerca de cinco millones procedentes de Venezuela. Pero no pasa nada. Íñigo Errejón siguió con las rutas de dinero con otra fundación desde Ecuador. Pero tampoco tiene relevancia. Iglesias ha logrado ingresos elevados y recurrentes desde Irán que, de hecho, financió su lanzamiento televisivo inicial. Pero ningún fiscal se ha interesado por ello. Y todo ello ocurrió en la fase inmediata al lanzamiento de su partido o, en el caso de Irán, incluso en los años posteriores. Pero nada de todo ello ha cruzado el umbral de la Justicia. No lo ha hecho, ni siquiera, tras haber sido recordado esta semana pasada en la Comisión de Investigación del Senado.

Hablemos del PSOE. Se ha convertido en una de las grandes estrellas de esa misma Comisión de Investigación. El Senado, de hecho, reclamó la presencia de representantes de algunos de los grandes bancos españoles para que aclarasen la razón del perdón de 55 millones de euros en créditos a los socialistas. Pero no pasa nada. El portavoz del PP, Luis Aznar, preguntó ya el verano pasado al entonces gerente del PSOE, Xoan Manuel Cornide, por una condonación en diciembre de 2004 de un préstamo de La Caixa por valor de 7,1 millones al PSC; por otra de marzo de ese mismo año, del entonces BBK y actual Kutxabank, de 21 millones para el PSOE; y por otra, de mayo de 2006, del Banco Santander de 12 millones también para el PSOE. Y las explicaciones de Cornide, básicamente, equivalieron a nada. Pero tampoco todo ello interesó demasiado a la Justicia. Más bien nada.

Pero, sin embargo, según el PSOE, la Justicia tiene que seguir interesándose eternamente por los famosos ordenadores del PP. Aunque solo lo solicite la acusación popular mantenida por Izquierda Unida, el Observatori DESC (Asociacio Observatori de Drets Humans) y ADADE, una asociación cercana al PSOE liderada por Javier Ledesma y Mariano Benítez de Lugo.

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Porque lo cierto es que ni el Ministerio Fiscal, ni el supuestamente perjudicado, Bárcenas, se encuentran ya en esa acusación. Y porque durante años, en toda la fase inicial del caso, ni el Ministerio Fiscal, ni la UDEF, ni ninguna de las muchas acusaciones populares personadas en las actuaciones abiertas en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, ni los jueces de instrucción que han intervenido desde la apertura del caso Gürtel consideraron nunca que los referidos ordenadores fueran relevantes para la causa. Todo ello pese a que, desde 2009, los ordenadores de Bárcenas han estado a disposición de la Justicia y, hasta 2013, ningún tribunal se interesó por ellos.

Pero si la Justicia decide, por una vez, dejar de estirar el caso, entonces el PSOE, Podemos o alguno de los partidos separatistas que desafían a diario la Constitución afirmarán en infinidad de medios que la Justicia está amañada a favor del PP.

De hecho, muchos de ellos lo harán mientras reclaman que salgan de prisión preventiva los golpistas separatistas que han televisado sus delitos, que han quebrado una región entera que era rica y próspera hasta su llegada y que anuncian ya en todos los medios que piensan seguir destrozando el presente y futuro de toda España saltándose sin cesar las normas, malversando fondos públicos, adoctrinando a los niños en los colegios, realizando listados de periodistas incómodos, usando a los Mossos como Policía política, obligando a las empresas a incumplir las normas fiscales, generando barreras identitarias en el acceso a los puestos públicos, subvencionado a los medios que les sigan en la propaganda golpista, intoxicando desde los medios públicos, exigiendo controles ilegales a las empresas, etc. Porque, según la extrema izquierda y el nacionalismo, eso es la democracia.

Pero, digan lo que digan, la evidencia demuestra que la Justicia es una para un partido. Y otra para el resto. Y eso es algo sobre lo que deberán reflexionar los partidos de izquierda y nacionalistas. Y algo sobre lo que deberá reflexionar, y mucho, el PP. Porque resulta increíble haber llegado a una situación así tras una mayoría absoluta suya y un segundo mandato también suyo.

Ilustración de portada: Pablo Casado
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