El Debate de hoy

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El auto que impone prisión preventiva a los miembros del Govern saliente no peca de falta de proporcionalidad, pero no es oportuno desde una perspectiva política. Viene a dar un balón de oxígeno a un independentismo en horas bajas. Hubiera sido mejor dilatar las elecciones del 21 de diciembre hasta que se enfriaran las emociones o actuar ante los tribunales pasados los comicios. Alegar que se les persigue por sus ideas es sospechosamente un chiste de mal gusto.

Tras el sábado 28 de octubre, el tiempo de la impunidad ha terminado y ha comenzado el de las responsabilidades. Aunque yo creo que de estas las más serias son las políticas, resulta claro que aquellas no eximen de las penales que se puedan exigir. Y en eso estamos. Vaya por delante que un servidor tiene en muy baja estima la figura de la prisión preventiva, entre otras razones porque, o bien se traduce en la práctica en una especie de pena anticipada (si al final del procedimiento hay condena) o bien en una lesión de la libertad personal cuyo daño resulta difícilmente reparable (si no la hay). En razón de ello, no resulta difícil de entender que vea con simpatía el que el recurso a la misma sea administrado con sumo rigor y espíritu garantista. En todo caso, aun cuando proceda, me parece una indecencia la propuesta que circula en las redes sociales de brindar con champán por la prisión provisional que se ha impuesto a una parte de los miembros del extinto Govern del procés. Gozarse en la desgracia ajena no me parece noble precisamente. Ni muy cristiano, dicho sea de paso. Y, además, no es inteligente.

En el procedimiento abierto contra los miembros del extinto Govern, se les considera investigados por un conjunto de delitos de los cuales el principal es el de rebelión. Material para sustentar al menos una parte de los cargos no es lo que falta precisamente. Los señores consellers salientes han impulsado y dirigido un movimiento político mediante el cual una parte de la población de Cataluña, los “indepes”, oprime a otra parte de esa misma población, los “unionistas”, a los que se les ha negado lugar en el espacio público, voz y legitimidad. En sí mismo, eso no constituye un delito, al no estar tipificado en el Código, pero me parece un crimen de la mayor gravedad. Reducir a la mitad o más de la mitad de los catalanes realmente existentes de la condición de ciudadanos a la súbditos es, repito, un crimen de lesa democracia. No resulta precisamente casual que haya sido operado por una organización golpista en la que no faltan componentes que, en buena ley, debieran vestir camisa negra. La señora magistrada que dirige la instrucción ha actuado y sigue actuando a partir del supuesto según el cual no nos hallamos ante un grupo más o menos relacionado de personas que, bien aisladamente, bien en colaboración, cometen ilícitos penales; antes bien, nos encontramos ante una organización bien estructurada en la que hay un estudiado reparto de papeles y funciones y que comprende asociaciones civiles (agitación y movilización), instituciones públicas (medios y fondos), partidos e instituciones de gobierno (adopción y oficialización de decisiones), dirigidas por un “núcleo duro” compuesto de dirigentes políticos, miembros del Govern, dirigentes de asociaciones y miembros de la dirección parlamentaria, que opera como órgano rector, informal pero efectivo. En esa organización, el Govern saliente ocupa un lugar central, no solo porque en él se sienta una parte relevante de los miembros de la dirección del procés, sino también porque, en su condición de órgano rector de la Administración catalana, le corresponde en el reparto de papeles un lugar central, como proveedor de medios, de un lado, y como impulsor de políticas, del otro.

No ha sido una reacción desproporcionada

Como la justicia opera según el principio de “justicia rogada”, la intervención del juez no suele ser inicial, y, en todo caso, no lo es en el caso que nos ocupa; obedece, de un lado, a la existencia de notitia criminis y, del otro, al ejercicio de la acción penal por el Ministerio Público. Es este el que acusa de rebelión, delito como es obvio de suma gravedad, en el caso en intento de romper la unidad del soberano constitucional y separar a una parte de los ciudadanos y del territorio del resto mediante una serie de actos de fuerza, eso sí, revestidos de un lenguaje pacifista y civilista que podemos tomar como un buen ejemplo de fariseísmo. Me parece claro que la organización citada constituye una facción que organiza lo que es una rebelión en toda regla, en el sentido que el término tiene en el lenguaje vulgar. Empero el lenguaje vulgar no es el del Código Penal y, en este último, para que haya rebelión-delito es indispensable que haya violencia, no presión o intimidación, violencia. Y me parece que, dado que violencia no parece haber habido mucha, no ha estado acertado el Ministerio Público al acusar de tal delito. Especialmente si se considera que, constatada la existencia de un organización y de la actividad de esta, la existencia de la conspiración para la rebelión cae por su propio peso. El comportamiento de los intervinientes y, entre ellos, de los investigados, es de suma gravedad. Tal vez sea bueno recordar en este punto que el procés, en su fase final al menos, encaja en el diseño de la situación de hecho que legitima el recurso al estado de sitio en el art.31.1. LODES. No parece que se pueda acusar al Gobierno de la Nación y a los partidos que lo apoyan de que se hayan adoptado una reacción desproporcionada. Con razón al menos, claro.

"Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen". Junqueras publica un artículo tras su ingreso en prisión https://t.co/QIDbi3yC8c

— EL PAÍS (@el_pais) November 3, 2017

Los miembros del Govern, como ya se ha dicho, han tenido un papel central en la organización sediciosa, hasta el punto de que, sin ellos y su actividad, la organización se hubiere visto paralizada y el proceso secesionista hubiera sido imposible. En estas condiciones, alegar que se les persigue por sus ideas se parece sospechosamente a un chiste de mal gusto. La mera constatación de que el Sr. Tardá, la Sra. Colau, el Sr. Rufián y afines estén actuando con plena libertad desmiente la existencia de “presos políticos”. El Sr. Iglesias ha perdido una magnífica oportunidad de callarse.

Prisión preventiva, comunicada y sin fianza

Como es del dominio público, la magistrada instructora ha dictado auto por el que se impone a los miembros del Govern que se personaron el 31 de octubre en la Audiencia, prisión preventiva, comunicada y sin fianza. Si consideramos que la misma afecta a personas sin cuyo concurso la secesión no hubiera pasado de las palabras a los hechos, que ocupan, reitero, un rol central en la organización separatista, en las que concurren tanto la posibilidad de fuga como la disposición de los medios para ella, como acredita, si falta hiciere, el ejemplo del Sr. Puigdemont y de los consellers, a día de hoy en Bruselas, que su libertad facilitaría la conservación y funcionamiento de la organización que es la responsable última de un proceso sedicioso en el curso del cual se han cometido actos que parecen encajar, y encajar muy bien, en una amplia variedad de tipos penales, no me parece que el auto decretando prisión provisional peque de falta de proporcionalidad precisamente. Hasta aquí la Ética y el Derecho.

Carles Puigdemont se entrega a la policía belga tras la orden de detención de la Fiscalía de Bruselas https://t.co/UlC3IuRAKc

— Soc. Civil Catalana (@Societatcc) November 5, 2017

Los tiempos de la justicia y de la política

Como gusta decir mi amigo Vicente, el tiempo de la justicia y el de la política son distintos. Y tiene razón. Precisamente por ello, porque la justicia es independiente y es esa independencia la que hace posible que su tempo sea distinto, puede haber interferencias entre uno y otro. Y algo de eso sucede en el presente caso. Desde una perspectiva política, no parece que el auto de prisión provisional sea oportuno precisamente. En efecto, la entrada en prisión de una parte de los miembros del Govern saliente ha venido a dar un balón de oxígeno a un independentismo en horas bajas, facilita el recurso al discurso victimista, que tan rentable ha sido para el secesionismo, y puede facilitar el retorno de la coalición independentista de cara a las elecciones de diciembre, con las ventajas que la normativa electoral da a las candidaturas de mayor votación. En este sentido, facilitar, una vez más, que una minoría de votantes obtenga la mayoría de los escaños, y en beneficio del secesionismo, no parece un prodigio de oportunidad. Es más, puede dar lugar a situaciones esperpénticas, toda vez que es perfectamente posible que los internados en prisión preventiva puedan ser válidamente candidatos en las elecciones autonómicas ya convocadas, que puedan por ello ser elegidos, puedan tomar posesión de sus cargos e incluso que uno de ellos pueda ser candidato a la Presidencia de la Generalitat y, encima, recibir la confianza de la mayoría del Parlament y resultar electo como tal. A mi ver, un riesgo innecesario.

¿En qué consiste el delito de usurpación de funciones? Lo explica el jurista Juan Luis Jarillo. #Cataluña #db pic.twitter.com/kg2EgSXQYU

— El Debate de Hoy (@eldebatedehoy) November 2, 2017

Vistas así las cosas, y desde una perspectiva prudencial, hubiera sido mejor o bien dilatar las elecciones hasta que las emociones se enfríen y la situación procesal de los investigados tuviera un horizonte claro, o bien actuar ante los tribunales pasadas las elecciones del día 21 de diciembre. No se ha hecho así, y, al no hacerlo, el choque entre la lógica política y la propia de la independencia judicial se puede producir, no haciendo ninguna falta. Tan indeseable posibilidad forma parte del precio a pagar por la división de poderes, claro que, sin esta, ya me contarán ustedes qué puede quedar de la libertad.

Imagen de portada: El exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras (c), a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar, el 2 de noviembre de 2017. | Agencia EFE