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Sánchez reforzará la presencia del Estado en Cataluña . PP y Ciudadanos deben ser leales

PSOE y PP han comprendido que el Estado debe tener presencia sólida en toda España, lo contrario de lo que ha sucedido en los últimos 40 años. Es necesario que el Partido Popular y Ciudadanos apoyen al Gobierno para caminar por la senda constitucional.

El Estado aumentará su presencia visible en Cataluña con una estrategia consensuada entre el PP y el PSOE en los meses anteriores a la moción de censura y que Pedro Sánchez aplicará en sus líneas más importantes para hacer lo contrario de lo hecho en los últimos 40 años y que fue lo impuesto por Jordi Pujol: evitar que las instituciones del Estado estuviesen presentes en Cataluña; evitar que el Gobierno y sus miembros la visitasen por cuestiones de trabajo, y ser él el que viajase a “Madrit” como si fuese una visita de Estado, rodeado de cámaras de TV3, micrófonos de RAC1 y fotógrafos de la Agència Catalana de Notícies, para arrancar nuevas competencias y declarar después, victorioso en Barcelona y con el Ejecutivo central mirando para otro lado, que “gracias a mí” traigo esto y lo otro y lo de más allá porque es de los catalanes.

Y para empezar con la nueva estrategia, la sede del Gobierno Central en Barcelona dejará el palacete de la calle Mallorca, nº 278, bautizado por los independentistas como “El despachito”, para menospreciar todo lo que es representación del Estado, y se trasladará al imponente edificio de la Aduana del Puerto de Barcelona, con planta en forma de H y situado ante las Atarazanas del barrio del Raval, delante del Port Vell y en medio de la zona más turística. El Ministerio de Fomento, titular de la impresionante construcción, paga la remodelación tras salvar las zancadillas que ha puesto a las obras el Ayuntamiento de Barcelona, capitaneado por Ada Colau y el argentino Gerardo Pisarello. Y cuando esté listo y se trasladen sus ocupantes, una bandera de España ondeará en el punto más alto del inmueble construido entre 1896 y 1902 por el arquitecto Enric Sagnier i Villavecchia. ¿Seguirán llamándolo “El despachito”?

Meritxell Batet, una negociadora con el separatismo que quiere el derecho a decidir

Y esto no será ni lo primero ni lo último. Lo primero fue el anuncio del expresidente Mariano Rajoy de inversiones del Estado en infraestructuras en Cataluña por valor de 4.200 millones de euros. Lo segundo, por boca del exministro de Fomento Íñigo de la Serna, en Barcelona, del nuevo servicio de alta velocidad de Renfe en España, bautizado como EVA, que empezará a funcionar entre el Aeropuerto del Prat de Llobregat y Madrid en el primer cuatrimestre de 2019, con precios entre un 20 y un 25% más baratos que el actual AVE y dirigido a nuevos viajeros, sobre todo jóvenes siempre conectados, porque el nuevo tren será “inteligente”. Lo tercero fue la declaración de que en 2026 entrará en funcionamiento una nueva terminal satélite para vuelos internacionales en el aeropuerto Barcelona-El Prat y una conexión por tren de alta velocidad entre esa instalación y su homónima en Gerona. Lo cuarto, el macrocomplejo de oficinas, hotelero y logístico en 328 hectáreas de terrenos próximos a El Prat. De la Serna hizo estas notificaciones en la capital condal de una manera inédita hasta entonces: sin ningún cargo ni político secesionista que chupase cámara en primer plano y pudiese declarar cínicamente que ha sido la Generalitat y no el Gobierno de España la que lo ha decidido. El nuevo titular de Fomento y hombre capaz y cabal, el socialista y secretario de organización José Luis Ábalos, tiene previsto continuar con todos estos proyectos porque tanto el PSOE como el PP, hasta ahora los únicos partidos de gobierno, han terminado por comprender que el Estado tiene que tener presencia sólida en todas las partes de España, incluidas el País Vasco, Navarra, Baleares, Galicia, Valencia y en cuantas comunidades pueda anidar el separatismo y su atrabiliario derecho a decidir como desafío a la unidad de España, a su convivencia democrática y a su paz civil.

Con el 155 todo ha funcionado

Durante la aplicación del artículo 155, auténtico bálsamo de Fierabrás, en Cataluña ha funcionado lo que antes no funcionaba: las farmacias han cobrado cada mes, la educación concertada ha recibido a tiempo sus dineros, los proveedores no han tenido que esperar meses para cobrar, los nuevos colegios se han empezado a construir después de años con los alumnos en barracones, las listas de espera en sanidad han descendido, y todo porque el tiempo y el dinero se lo gastaba antes la Generalitat en Diplocat (el instrumento para expandir mentiras por el mundo y reclamar el derecho a un Estado propio, cuyas cuentas entre 2008 y 2018 auditará el Tribunal de Cuentas y de las que nos llevaremos sorpresas mayúsculas y de sonrojo) y en subvenciones para fomentar el independentismo y engordar a los que han vivido del procès (“la feria de los disparates”, como la bautizó Joan Manuel Serrat): catedráticos, profesores, intelectuales, políticos, altos cargos, periodistas, medios de comunicación, agencias de publicidad, Asamblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, etc., etc.

Pedro Sánchez, el gran desconocido . La nueva generación toma el relevo en política

Y la aplicación del 155, “un arma que se ha utilizado por primera vez y que se puede volver a utilizar porque no se han gastado todas las balas”, en palabras de un ex alto cargo, fue más fácil de pactar con el PSOE que ahora gobierna que con Ciudadanos, que solo lo quería para convocar elecciones catalanas. Artículo 155, por cierto, que a Inés Arrimadas, líder de la oposición en esa comunidad, se le olvida citar en Cataluña, como se le olvida recordar que la vencedora de las elecciones fue ella y no Carles Puigdemont. Por culpa de su inacción, en el resto de España y en Europa lo que se ha creído es que el ganador fue Puigdemont y no la candidata de Ciudadanos, un partido que defiende la Constitución y la unidad de España pero cuya vencedora no presiona lo necesario al presidente de la Generalitat, Joaquim Torra Pla, para que deje de viajar a ver a huidos y encarcelados por la Justicia como un mero correveidile y se ponga a gobernar dentro de la ley, del Estatut y de la Constitución, norma máxima que les obliga y que ni él ni sus consejeros han prometido o jurado.

Esta pasividad de Arrimadas ha desperezado al PSC de Miquel Iceta, ahora más fuerte con Pedro Sánchez en Moncloa y dos ministros afiliados al PSC: Josep Borrell, de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y azote de los independentistas, de sus cuentos y de sus cuentas, y Meritxell Batet, de Administraciones Públicas. Sin el 155 en vigor pero con las cuentas públicas controladas por la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño; la pitanza de los independentistas de ocasión, cercenada; Artur Mas sin conspirar todo lo que quisiera porque está apartado de la política por el caso Palau y por sus otras cuitas con la Justicia; y el soporte del independentismo, gente mayor, del interior de Cataluña y reminiscencias carlistas, descomprimiéndose poco a poco, la tensión en Cataluña puede bajar y el panorama aclararse, aunque Torra pregone lo contrario. Y para que las cosas caminen por la senda constitucional es imprescindible que el PP y Ciudadanos sean leales en este punto al Gobierno de Sánchez, que ha configurado un Ejecutivo con vitola feminista, europeísta, efectista y transversal, que busca transmitir confianza con veteranos en varias carteras y sin que denote prisas por convocar elecciones, que es lo contrario de lo que quiere Albert Rivera.

Imagen de portada: Foto de familia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y las ministras y ministros de su Gabinete tras celebrar la primera reunión en La Moncloa | La Moncloa
Escrito por

Ex Vicepresidente de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), articulista de La Voz de Galicia, miembro del Grupo Crónica. Primer director de Noticias de Antena 3 Televisión. Premio Salvador de Madariaga. Antenas de Oro y Plata.

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