El Gobierno de Nicaragua implanta un estado de terror generalizado. La ONU denuncia
Pedro González | 03 de septiembre de 2018
La ONU denuncia la violación de los Derechos Humanos por parte del régimen de Daniel Ortega y pide que se tomen medidas, a lo que el presidente ha respondido expulsando del país a la delegación del Alto Comisionado de esta organización.
Demoledor informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que acusa al Gobierno de Nicaragua, y más en concreto al régimen dictatorial de la pareja Daniel Ortega-Rosario Murillo, de haber implantado un clima de terror generalizado, que está obligando a miles de nicaragüenses a escapar del país.
Era el último trabajo de Zeid Ra’ad Al-Hussein antes de entregar su despacho a la nueva comisionada, la expresidente de Chile, Michelle Bachelet. Pero ha sido concienzudo a la hora de consultar y contrastar numerosas fuentes, y plasmar sus conclusiones. Zeid describe cómo los paramilitares han actuado siempre con la aquiescencia del Gobierno de Nicaragua, y a menudo de manera coordinada con la Policía Nacional.
#Nicaragua – La crisis de derechos humanos exige acción y rendición de cuentas, señala informe de @OACNUDH – Lea el informe completo aquí: https://t.co/FvY6MuLonW pic.twitter.com/N0WZuA9WmO
— OACNUDH (@OACNUDH) August 29, 2018
Cientos de detenidos por las protestas han sido torturados con pistolas eléctricas, azotados con alambres de púas y golpeados con puños americanos hasta desfigurarles el rostro. Las mujeres han sufrido violaciones sistemáticas, castigo infligido asimismo a algunos hombres con rifles y palos.
El Alto Comisionado critica severamente la impunidad total de que gozan los paramilitares al servicio del tándem Ortega-Murillo, cuya actuación está calcada en numerosos casos documentados de los tristemente famosos escuadrones de la muerte, que tantas ejecuciones extrajudiciales realizaron en la propia Nicaragua, El Salvador y Guatemala.
El informe denuncia el “generalizado uso desproporcionado de la fuerza, las desapariciones forzosas, las detenciones arbitrarias, la tortura y la violencia sexual sistemática”. Concluye que el grado de represión es tan alto que está forzando al exilio a decenas de miles de ciudadanos por el simple hecho de expresar opiniones contrarias al líder del Gobierno de Nicaragua.
La violencia se apodera de Nicaragua . Ortega se aferra al poder y reprime a la oposición
Gran parte de este exilio forzoso desemboca en Costa Rica, país que ya acogía a 250.000 nicaragüenses, muchos inmigrantes ilegales, pero que en las últimas semanas se ha visto desbordado por una avalancha de jóvenes veinteañeros, que están provocando fuertes tensiones con la población costarricense. El asesinato de dos turistas, una de ellas española, esta al menos a manos presuntamente de un inmigrante ilegal nicaragüense, está desatando la xenofobia.
Desde que Richard Bermúdez fuera el primer abatido el pasado 19 de abril, se han producido 448 muertos (el Gobierno de Nicaragua solo reconoce 195), y más de 2.000 heridos. Lejos de amainar, la represión se intensifica. Para ello Daniel Ortega ha nombrado nuevo jefe de la Policía Nacional a su propio consuegro, Francisco Díaz, que se distinguió especialmente por causar la despiadada masacre de Masaya, una de las ciudades en que las protestas han sido más persistentes y la consiguiente represión, más dura.
Obispos y sacerdotes, que intentaban mediar para evitar más muertes, se han visto también acusados por el dúo Ortega-Murillo de “terroristas y golpistas”, amenazados de muerte por los paramilitares sandinistas por haber socorrido y cobijado en sus iglesias a muchos de los estudiantes heridos.
El régimen dice haber encontrado en Pedro Mena y Medardo Mairena a dos de los líderes, campesino y estudiantil, respectivamente, de las protestas. Sus familias aseguran que están sufriendo brutales torturas. Otra presunta líder, secuestrada y detenida en secreto, es Irlanda Jerez, poseedora de un puesto en el mercado de Managua. Se le acusa de encabezar las protestas de los comerciantes.
Como era de prever, el Gobierno de Nicaragua ha rechazado las conclusiones del informe de Naciones Unidas, al que acusa de “sesgado y parcial”, pero para cuya elaboración puso todas las trabas posibles. Pero los codictadores nicaragüenses recibían otra bofetada de inmediato, cuando Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirmaba su “coincidencia integral” con las conclusiones del informe de Zeid Ra’ad Al-Hussein. Tanto les han escocido las revelaciones del informe que Ortega ha tirado de manual dictatorial: expulsar de Managua a la delegación de Naciones Unidas