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La amenaza constante . Emotivo alegato de un funcionario catalán, que pide ayuda al Estado

Actualmente, en Cataluña el funcionario público constituye el factor más perjudicado, y no como símbolo que gusta a los independentistas, sino en la pura realidad, en el ámbito de la calle, en la ley.

Como funcionario de un Cuerpo del Estado de carácter centenario como es el de Inspectores de Trabajo y de Seguridad Social, y en virtud de mi condición de catalán, asisto atónito en estos últimos tiempos al espectáculo de vileza política y social que se produce, día tras día, en mi querida y maltratada tierra.

En el pasado, fue el fem país (con dinero español) del ideólogo del Espanya ens roba; ayer, el adoctrinamiento y la autocensura de los medios de comunicación en favor del pensamiento único de la independencia. Hoy es la amenaza a los funcionarios públicos lanzada sin tapujos por un señor que ahora disfruta de condición de diputado, mientras ha tenido la desvergüenza de vender libros y canciones para esos pérfidos españoles a los que hay que escupir a la cara. Pero resulta que, tal y como siempre decía mi abuela, “cornuts i pagar el beure”, es decir, no solo se trata de aniquilar cualquier esperanza de sentido común, sino que los propios funcionarios, sean o no creyentes del procés, van a ser los que incumplan las normas del orden constitucional. ¡Grande!, como suele decir el economista Gay de Liébana.

El independentismo recurre al miedo

El señorito Llach y el pseudo-periodista Puigdemont están tan desesperados que ya no se les ocurre otra cosa que volver a extender el miedo entre los funcionarios para que, parafraseando el gag de Mota, “alguien, en algún lugar, haga algo”. Vuelvo al inicio del artículo. Soy catalán, y creo, pese a todo, poder mantener el seny que se ha perdido inexorablemente por muchos, pero también soy un profesional del derecho laboral, con una oposición del Estado ganada con años de sufrimiento que ahora me permite trabajar con vocación de servicio público en favor del control y vigilancia del cumplimiento de la normativa social en España. Esto es muy serio. No debemos tolerar que se ponga en cuestión el Estado de derecho social, porque tan solo el hecho de atisbar que a un compañero en Cataluña le obliguen a aplicar una normativa inventada de seguridad social cometiendo un delito o que, por seguir aplicando la Ley General de Seguridad Social, se vea removido o sancionado por ello debería hacer reaccionar a nuestras asociaciones, sindicatos y Gobierno y partidos políticos en aras de la defensa del funcionario.

Saben perfectamente que la amenaza constante les hace sobrevivir y siempre les queda un Estado débil que ha sacrificado el imperio de la ley en estos últimos treinta años a cambio de miserables pactos políticos con dudoso rédito

Como es natural, siempre se va a poner el foco en los funcionarios policiales, en este caso, los Mossos d’esquadra, por la trascendencia que pueda tener un incumplimiento en el terreno del orden público. Sin embargo, hay que ensanchar la visión a todos y cada uno de los empleados públicos que participan con su gota a gota en mantener la seguridad jurídica cotidiana. Profesores, administrativos, médicos, policías locales, funcionarios de justicia, de empleo, de seguridad social, medio ambiente o de educación, etc. En cualquier caso, la presión política y social del independentismo es a todas luces patente. No existe ya ni un solo resquicio donde el eterno referéndum, y su consecuencia lógica que es la secesión, dejen de asomar como la tierra prometida; pero, mientras tanto, la sociedad necesita del normal funcionamiento de sus instituciones. Este seguro de vida debe ser atribuido y reconocido al funcionariado. Esa parte de la sociedad que tradicionalmente ha sido denostada, paradójicamente se erige en este momento en el punto de mira de los políticos y populistas para que se trague el sapo de toda la pantomima nacionalista. Ya está bien. Ha llegado el momento de parar los pies a la locura secesionista y no se hará solo por medio de grandes soflamas políticas o recursos judiciales. La reacción debe venir de la protección al funcionario y la recuperación del “missing” Estado en Cataluña.

En esta tesitura actual, el funcionario público constituye el factor más perjudicado, y no como símbolo que gusta a los independentistas, sino en la pura realidad, en el ámbito de la calle, en la ley. Coincidí hace muchos años en el mismo colegio con un consejero de la Generalitat actual. Ahora no lo reconozco. Sé que en su fuero interno nunca se habría planteado esta mezcla de populismo y sectarismo que supone el independentismo, pero la bola de nieve es ya enorme. Nadie se va a bajar del carro porque hay un evidente respaldo social tendente al suicidio colectivo. No pueden parar el discurso de un relato romántico decimonónico que, de todos modos, parece imposible de conseguir en el siglo XXI, pero es que tampoco quieren, porque saben perfectamente que la amenaza constante les hace sobrevivir y siempre les queda un Estado débil que ha sacrificado el imperio de la ley en estos últimos treinta años a cambio de miserables pactos políticos con dudoso rédito. La defensa del sentido común, al fin y a la postre, se va a concretar en el funcionario público, por lo que es muy importante el respaldo a los verdaderos garantes de la sociedad. Ubi societas ibi ius.

Imagen de portada: El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas (i), junto al actual presidente, Carles Puigdemont.
Escrito por

Inspector de Trabajo y Seguridad Social. En la actualidad presta servicios como Consejero de Empleo y Seguridad Social en Francia

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