EL PAISAJE NACIONAL | Las reacciones a la retirada en la feria Arco de una supuesta obra de arte que proclamaba la existencia de presos políticos en España han insistido en rechazar una censura pero han eludido denunciar la mentira que se propagaba, que es un insulto a la democracia española.
Instituciones políticas, sociales y culturales de todo el mundo, preocupadas por la proliferación de noticias falsas, llevan un tiempo buscando modos eficaces para combatirlas. Angela Merkel y Emmanuel Macron en Europa han liderado la necesidad de encarar seriamente el problema. En diversos ámbitos jurídicos se estudian formas de aplicar la ley bajo una premisa de sentido común: despreciar la mentira y proteger la verdad. Los medios de comunicación lamentan que las “fake news” ocupen un espacio que siempre fue del periodismo responsable y veraz. Pero este sentimiento ha demostrado ser muy débil: en determinadas circunstancias, las mentiras se hacen respetables; por ejemplo, cuando aparecen cubiertas por un manto balsámico llamado creación artística.
La promoción de una mentira cuidadosamente planeada
La retirada de una obra expuesta en la feria Arco de Madrid ha sido un suceso desagraciado por varios motivos, entre los que no son menores que haya ocultado la dimensión de esa exhibición artística anual y que haya centrado la atención en un producto inane pensado sustancialmente para la provocación. Lo peor de todo es que el barullo originado por lo que se ha denunciado como censura haya resultado una promoción de una mentira cuidadosamente planeada. Nadie ha reprobado claramente, que yo haya conocido, el contenido de esa obra titulada por su autor “Presos políticos en la España contemporánea”, que es una rotunda falsedad que ataca la valía de la democracia española, donde las ideas no se persiguen.
Defender que es lícito sostener que en España hay presos políticos (incluyendo entre ellos además a condenados por violencia) equivale a colaborar con una agresión a nuestro sistema. Se podrá aducir que esa expresión está todos los días en boca de personajes y personajillos adeptos al independentismo catalán y al populismo más activo, y es verdad que la respuesta política y la necesaria clarificación mediática a esa provocación son endebles e insuficientes. Pero el apoyo al derecho de un agitador a exponer su mensaje falaz produce el efecto de un impulso al embuste y al atraco. Aprendan la lección los autores falsarios que están detrás de las “fake news”: provéanse de un disfraz de creatividad artística y caso resuelto.
La libertad de expresión está en la base de la democracia, por eso los dictadores se ocupan de coartarla hasta hacerla desaparecer, como la historia demuestra (no hace falta ir muy lejos: la Alemania nazi y la Rusia comunista) y el mundo ilustra hoy a quien no cierra los ojos (Cuba, China, Venezuela y tantos países donde los derechos humanos son aclamados y simultáneamente violados). Pero no es una patente de corso que ampare la mentira, el insulto, la calumnia ni la amenaza (y menos a las víctimas). Los límites constitucionales a las libertades de expresión, información y creación son los mínimos indispensables (art. 20), pero son límites que deben ser respetados para proteger precisamente la libertad y la convivencia.
La víctima también goza de derechos y libertades
Aprovechando el escándalo en torno a la bravata artística, se ha criticado también que un rapero haya sido condenado por sus intimidaciones y amenazas y que una juez haya ordenado el secuestro de un libro por denuncia de una persona que se sentía injustamente agredida en su honor. A veces, la defensa de la palabra no valora el contenido de lo dicho ni tiene en cuenta el derecho de los ofendidos. Si solo se atiende al derecho de quien habla, no se defiende en serio la libertad de expresión porque a la víctima también le corresponde la libertad de hablar y el derecho a defenderse. La libertad de expresión no consiste en decir sin responsabilidad, en decir unos y aguantar el resto. Es algo más serio, más justo y más humano.
ARCO . Profesionales y políticos analizan la polémica retirada de la obra de Santiago Sierra
Yo he echado de menos una reprobación pública del argumento de la llamada obra artística, como hicieron al día siguiente los miembros de la cúpula judicial en Cataluña al abandonar el acto en el que el mendaz presidente del Parlament insistía en la existencia de presos políticos en España. Antes, los responsables de la galería tendrían que haberse planteado si era conveniente su exhibición. Nadie está obligado a colaborar en la difusión de una obra ajena: ni el exhibidor cinematográfico tiene el deber de proyectar todas las películas, ni la librería tiene la obligación de exponer todos los libros, ni una galería está exigida para colgar todos los cuadros que le envíen. A la libertad de creación corresponde la libertad de colaborar o no en su difusión. Pero una vez expuesta la provocación, se podía suponer que descolgarla iba a favorecer la difusión del embuste.
En todo caso, habría sido deseable que los que se han echado las manos a la cabeza, por lo que han calificado como una intolerable censura, hubieran puesto el mismo esfuerzo en desmontar la patraña del artista. En defensa de la verdad y de la legalidad. Como los magistrados en Cataluña.
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