Mariano Ayuso Ruiz-Toledo | 24 de septiembre de 2018
La Justicia belga vuelve a desafiar a España, esta vez negando la extradición de Valtonyc. El tribunal alega que los delitos por los que ha sido condenado no están castigados en ese país.
La extradición de Valtonyc fue denegada por el tribunal de primera instancia de Gante fundándose en el principio de “doble incriminación” y afirmando, sorprendentemente, que los delitos por los que ha sido condenado el rapero José Miguel Arenas, alias Valtonyc, no están castigados penalmente en Bélgica.
Digo que “sorprendentemente” porque los delitos por los que ha sido condenado José Miguel Arenas con carácter firme (confirmada la sentencia por el Tribunal Supremo de España) a tres años y medio de prisión y para cuyo cumplimiento se pide la extradición del rapero de Valtonyc son los de enaltecimiento del terrorismo y humillación a sus víctimas, injurias graves al Rey y amenazas no condicionales a un particular.
Un examen, incluso superficial, de la legislación penal belga permitiría entender cumplido el requisito de la doble incriminación (que los delitos por lo que se le ha condenado en España estén también castigados en Bélgica).
El delito más polémico de aquellos por los que se deniega la extradición de Valtonyc es el de injurias graves al Rey. Pero lo cierto es que en Bélgica está vigente desde 1847 la ley que pena los delitos de lesa majestad -entre los que se incriminaría perfectamente el delito de Valtonyc-, una ley que propuso derogar hace cuatro años el partido independentista flamenco N-VA sin conseguirlo y, por tanto, sigue incriminado en Bélgica.
Los otros dos delitos por los que ha sido condenado y se pide la extradición de Valtonyc -enaltecimiento o apología de terrorismo y amenazas a un particular- obviamente podrían incriminarse en delitos análogos de la legislación penal belga, siendo particularmente llamativo lo relativo al terrorismo, ya que, con ocasión del atentado terrorista del 20 de junio de 2017 en la Estación Central de Bruselas, la Fiscalía belga promovió la persecución de la apología del terrorismo islámico en las redes sociales, según se hizo público en los medios de comunicación.
La denegación de la extradición de Valtonyc -que espero sea revocada por el tribunal de apelación al que va a recurrir la Fiscalía- pone de manifiesto un viejo recelo que lleva décadas persiguiendo en Europa a la Justicia española y que es herencia de una obsoleta visión totalitaria de esta y -por qué no decirlo- de la “leyenda negra” que nos persigue desde la supremacía hispánica en los fragmentados campos europeos de la reforma y de la contrarreforma.
Debemos recordar el asilo -cuando no la complicidad- en varios países europeos con los terroristas españoles; en especial, en los que se conocían como “santuarios” de ETA , en los que los asesinos preparaban sus atentados y encontraban luego refugio e impunidad.
Esto fue -afortunadamente- superado en Francia, cuya colaboración en la lucha antiterrorista en las últimas décadas ha sido encomiable y de verdadero hermanamiento entre las fuerzas y cuerpos de seguridad de ambos Estados.
Pero parece, a salvo la estimación del recurso de la Fiscalía contra la denegación de la extradición de Valtònyc, que en Bélgica se sigue considerando mal a España y su Justicia, como si no fuéramos un socio destacado de la Unión Europea y un adelantado en el reconocimiento y tutela de los derechos humanos.
Estas actitudes -probablemente trasunto en cuanto a Bélgica de sus propios conflictos separatistas internos, pero con manifestaciones en otros países como Alemania con la reciente frustrada extradición de Carles Puigdemont– ponen de manifiesto hasta qué punto la Unión Europea nos es incómoda políticamente, a pesar de nuestra lealtad y europeísmo, y lleva a considerar una necesaria reforma de las instituciones europeas en la cooperación judicial.
Quim Torra ha ordenado descolgar los lazos amarillos de los edificios públicos. El presidente de la Generalitat dispara para seguir haciendo ruido y se esconde tras el humo. Sánchez no da la cara y es el Poder Judicial el que defiende el Estado de derecho.
