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Al retirar la euroorden, Puigdemont y los suyos serán juzgados por los delitos más graves

Si la euroorden no hubiera sido retirada, el expresidente catalán y sus compañeros de fuga no podrían ser juzgados ni condenados por los delitos de sedición y rebelión, entre otros. Solo seguirán disfrutando de su exilio dorado mientras permanezcan en Bélgica. Si deciden salir del país, cabría tramitar una nueva solicitud de detención.

Como es de dominio público, la magistrada de la Audiencia Nacional en la que recayó la competencia para enjuiciar a los miembros del Govern ‘indepe’, ante la fuga a Bruselas de su presidente y de una parte de sus consellers, emitió una euroorden solicitando de las autoridades belgas la entrega de quienes habían eludido comparecer al ser citados para ello. Acumuladas todas las causas ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el magistrado instructor ha retirado la mencionada euroorden. Como esta última no es sino un procedimiento ultrasimplificado de extradición, cuya decisión recae exclusivamente sobre jueces y magistrados, la retirada acordada por el señor magistrado instructor supone que el Estado español renuncia a la persecución internacional de los fugados, con lo cual el Sr. Puigdemont y sus compañeros dejan de ser perseguidos judicialmente en Bélgica, el procedimiento allí iniciado se archiva y los afectados dejan de estar sujetos a medidas cautelares y pasan a la situación de un ciudadano europeo normal. Todo ello sin perjuicio de que contra los mencionados permanezcan abiertos procedimientos en España por la imputación de delitos de suma gravedad.

A primera vista, pudiera parecer que la decisión del magistrado instructor de retirar la euroorden y, con ella, de renunciar a la persecución en Bélgica de los consellers fugados supone una suerte de dimisión del deber de persecución del delincuente, pero no es así. Paradójicamente, una decisión que parece puede ser acusada de lenidad constituye una verdadera trampa para elefantes de la que los fugados tienen mala escapatoria. Veamos.

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La euroorden trae causa de una directiva europea, cuyo núcleo es común a todos los Estados que la han suscrito y que entre nosotros viene regulada en lo esencial en una ley de 2003 (exactamente, la ley 3/03). Para lo que aquí interesa resulta esencial tener en cuenta las reglas sobre los supuestos en los que procede la euroorden, que figuran en el art.9 de la citada ley y las normas de aplicación, de las que, por lo que aquí interesa, es relevante sobre todo la previsión del art.12.2 a) de aquella. El sistema, que sigue la regulación europea y, en su consecuencia, la española, es relativamente simple: no procede en los delitos menores a los que se anudan sanciones bajas o muy bajas, procede en los casos de los demás delitos, pero hay que diferenciar dos supuestos distintos: en primer lugar, están los casos de los delitos que son perseguibles en otro Estado de la Unión sin necesidad de que estén contemplados en la legislación penal del Estado en el que el perseguido se haya refugiado, de tal modo que basta con que el delito sea tipificado por la legislación española para que el presunto delincuente pueda ser perseguido en otro Estado de la Unión, a ello obedece el extensísimo listado del art.9.2. de la ley que transcribe la directiva. Pero hay, en segundo lugar, un grupo residual de delitos -los que no figuran en el listado citado- en los que la posibilidad de persecución depende de que el delito esté tipificado en términos similares por las legislaciones penales de los dos Estados afectados.

Cuando un investigado es perseguido en España por la comisión de una pluralidad de posibles delitos y se fuga a otro Estado, la euroorden le será de aplicación por la posible comisión de alguno o algunos de los delitos en los que no concurre la exigencia de doble incriminación, pero no lo será por los delitos en los que se exige ese requisito. Más claro: si el delito o delitos están en la lista, la euroorden procede; si no lo están, no.

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En el caso de los consellers fugados, se da la circunstancia de que son investigados por algunos delitos que sí figuran en el listado (en términos generales, los de contenido económico) y por otros que no lo están, y es el caso que entre estos últimos no están los más graves: rebelión y sedición. Si la euroorden se hubiera mantenido y Bélgica hubiera entregado al president y sus ‘colegas’, estos solo podrían ser procesados y, en su caso, condenados en España por los delitos incluidos en la lista, pero no podrían ser ni juzgados ni, por ello, condenados por los de mayor gravedad, porque mientras en el caso de los primeros la extradición es procedente, en el de los segundos no.

En otras palabras, si la euroorden no se hubiere retirado, el Sr. Puigdemont y sus compañeros no podrían ser ni juzgados ni condenados por sedición, rebelión y delitos conexos. Se produciría, así, la paradoja según la cual una parte de los investigados (los que no se dieron a la fuga y comparecieron ante el juez) podrían ser condenados a penas muy elevadas, en tanto que quienes se sustrajeron a esa obligación de comparecer solo serían susceptibles de condena por delitos secundarios. Resultado: por los mismos hechos cometidos, los que acataron la orden judicial y comparecieron, a riesgo de medidas cautelares, podrían ser condenados a penas privativas de libertad a contar en décadas, en tanto que los fugados podrían ser condenados a penas de prisión a contar en años. Muy razonable y justo no parece, ¿verdad?

La retirada de euroorden solo los ampara en Bélgica

Más no acaba aquí la historia. Una vez retirada la euroorden, el Sr. Puigdemont y sus compañeros no pueden ser perseguidos en Bélgica, pero solo en Bélgica. Si salen de ese país para trasladarse a otro miembro de la UE, serían susceptibles de nueva emisión de una euroorden y esta podría ser de aplicación a los delitos de mayor gravedad si estos estuvieran previstos en el derecho penal del país en cuestión. Lo que en la práctica se parece mucho a estar prisionero dentro de las fronteras belgas, de las que solo puede salir para retornar a España o para trasladarse a otro país que no contemple en su derecho penal cosas parecidas a la sedición y la rebelión.

Por ende, si, como parece, resulta electo como diputado al Parlament, podrá tomar posesión del cargo, porque las leyes españolas no exigen que la toma de posesión se haga personalmente ni que se haga en territorio nacional, pero no podrá ejercerlo, porque para ello tendrá que entrar en territorio nacional y, en consecuencia, será susceptible de detención, primero, y de prisión provisional, después. Lo que tendrá dos consecuencias políticas nada desdeñables: de un lado, el Sr. Puigdemont no podrá ser candidato a president, porque para ello debe personarse en el Parlament y exponer en su Pleno el programa que piensa formar, salvo que el magistrado instructor lo autorice y, en todo caso, no podrá ejercer; del otro, ni el expresident ni sus consellers podrán ejercer cotidianamente de diputados, lo que asegura que o los “indepes” obtienen 74 o más escaños o, en la práctica, no habrá mayoría nacionalista en el Parlament.

Imagen de portada: El expresident Carles Puigdemont durante una rueda de prensa que ofreció en Bruselas, Bélgica | Agencia EFE
Escrito por

Jurista y analista político. Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad CEU Cardenal Herrera. Fue senador por el CDS.

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