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Devoluciones en caliente. El Gobierno pasa la patata a los jueces

El PSOE cambia de criterio una vez más y posterga el asunto de las devoluciones en caliente. No llegará una nueva regulación hasta que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronuncie sobre el recurso presentado por el anterior Ejecutivo.

La reforma de la regulación legal de las llamadas devoluciones en caliente de inmigrantes que saltan la valla en Ceuta y Melilla irrumpe de nuevo en el escenario político envuelta en la polémica. Se trata de una cuestión compleja, no solo desde el punto de vista jurídico, sino también desde el ético o moral.

Por devolución en caliente se entiende la expulsión de facto de un inmigrante en el momento en el que intenta cruzar la frontera, sin las garantías que reconoce la legislación de extranjería del Estado al que trata de acceder. También se conoce como devolución automática o sumaria y repatriación exprés.

La disposición final primera de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana añadió la disposición adicional décima de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (conocida como ley de extranjería) del siguiente tenor: “1. Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España. 2 En todo caso, el rechazo se realizará respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte”. Esta norma pretende que la entrada ilegal se considere no consumada, aunque se haya atravesado la frontera, mientras los agentes de la autoridad intentan impedirla. Recuérdese que el art. 58.3 b) de esta ley establece: “No será preciso expediente de expulsión para la devolución de los extranjeros… que pretendan entrar ilegalmente en el país”. Luego es necesario procedimiento de expulsión si han entrado.

El PSOE posterga la regulación de las devoluciones en caliente

El Grupo Socialista ha presentado una enmienda a la reforma de la ley de seguridad ciudadana (denominada “ley mordaza”) para mantener por ahora las devoluciones en caliente de inmigrantes. Alega que esta “modificación requiere una reflexión” y debe plantearse en una próxima reforma de la ley de extranjería. Aparte de entrañar un ejemplo más de cambio de criterio entre lo sostenido estando en la oposición y lo que mantiene estando en el Gobierno, se une de nuevo el propósito de postergar la regulación de este vidrioso asunto hasta que resuelvan los jueces (es inevitable que venga a la memoria lo sucedido recientemente con el impuesto de actos jurídicos documentados).

Inmigración ilegal, un drama cuya solución es perseguir a las mafias, no avivar la xenofobia

La sentencia de la Sección Tercera del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de 3 de octubre de 2017 (caso N.D. y N.T. contra España) rechazó que la expulsión de los dos demandantes, junto con unos 80 inmigrantes subsaharianos, realizada en Melilla en 2014 no ocurriese en territorio español, al no haber traspasado completamente la estructura protectora (se ha hablado de “frontera móvil”), considerando que “se encontraban bajo el control continuo y exclusivo de las autoridades españolas” y que han sido expulsados y devueltos contra su voluntad. Por ello, declaró violados el artículo 4 del Protocolo número 4 del Convenio Europeo de Derecho Humanos, que prohíbe las expulsiones colectivas de extranjeros, y el artículo 13 del CEDH, que garantiza a toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el convenio hayan sido violados el derecho a un recurso efectivo ante una instancia nacional, incluso cuando la violación haya sido cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales, dado que “han sido rechazados inmediatamente por las autoridades fronterizas y que no han tenido acceso ni a un intérprete ni a agentes que pudieran aportarles las mínimas informaciones necesarias sobre el derecho de asilo y/o el procedimiento pertinente contra su expulsión”.

Pese a ello, una nueva regulación no llegará hasta que la Gran Sala del TEDH se pronuncie sobre el recurso –presentado por el anterior Ejecutivo y mantenido por el actual– frente a la sentencia antes referida. Se ha argumentado que los demandantes eran “inmigrantes económicos” y sabedores de que no podían solicitar asilo ni obtener la condición de refugiados, que la sentencia producirá el clásico “efecto llamada” y un aumento de las mafias (a las que hay que combatir con más recursos), en perjuicio principalmente de los derechos de los inmigrantes y que debe buscarse una política común en la Unión Europea.

Imagen de portada: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados (31 de octubre de 2018) | Pool Moncloa-J.M. Cuadrado
Escrito por

Profesor Titular de Derecho Procesal de la Universidad de Extremadura.

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