El Ejecutivo ha rectificado tras su escandaloso error de dejar al juez Llarena en la estacada frente a la maniobra independentista para apartarlo de la causa contra el procés. Pedro Sánchez ha calificado la defensa del magistrado como una cuestión de Estado.
El Gobierno de las ruidosas rectificaciones ha corregido uno de sus más escandalosos errores: tras intentar dejar al juez Pablo Llarena en la estacada frente a una increíble demanda del prófugo Carles Puigdemont ante la Justicia belga, no ha tenido más remedio que asumir su defensa, que puede costar algo más de medio millón de euros. Poco dinero para quienes gobiernan un país en el que el dinero público, como declaró la vicepresidenta Carmen Calvo en otro tiempo, no es de nadie. Poco dinero, en cualquier caso, para neutralizar una insidiosa maniobra independentista que aspira a apartar al juez Llarena del proceso contra el procés. Pero en defensa del juez Llarena ha acudido, además de un prestigioso bufete flamenco, el aliento de la España harta del fanatismo separatista, empezando por las principales asociaciones de jueces y fiscales.
Sorprendentemente, la ministra de Justicia del Gabinete de Pedro Sánchez, Dolores Delgado, ante el clamor que pedía amparo para el magistrado, declaró que en ningún caso se iba a defender al juez, porque la querella de Puigdemont “se basaba en manifestaciones privadas ante las que el Gobierno no puede actuar”. Pero la ministra Delgado ha tenido que tragarse sus palabras.
Una visión sesgada que ha llegado a falsear la traducción
Porque solo desde una visión estrecha y sesgada del asunto se podía calificar de cuestión privada el hecho de que el juez Llarena, a raíz de una pregunta periodística sobre si en España había presos políticos, dijera literalmente de los huidos a Bélgica y demás encausados “que sus comportamientos aparecen recogidos en nuestro Código Penal, si es que eso ha sido así, por lo que tienen que ser investigados”. Pero el “si” condicional había sido cambiado por un “sí” afirmativo en la versión francesa. La traducción había sido falseada, justamente en aquello en lo que se basa la demanda: la posible violación de la presunción de inocencia de Puigdemont y sus consejeros huidos. Como podrían decir los italianos en este caso, “traduttore traditore“.
Las frases de Carmen Calvo: el dinero público no es de nadie y en la era Sánchez se nota
Las declaraciones de la ministra contra la defensa del juez Llarena fueron el jueves 23 de agosto. Al día siguiente estalló la opinión pública judicial: la defensa del juez era la defensa de la Justicia española, una cuestión de Estado. El sábado 25 la vicepresidenta Calvo quiso echar un capote a su compañera de pifias y fatigas: el apoyo a un juez tiene que venir de su propio poder, no del Ejecutivo. Pero ese mismo día comenzaba en la finca Quintos de Mora una suerte de ejercicios espirituales (se supone que laicos) del Gabinete y alguien más experimentado que los demás debió aconsejar al presidente que no podía irse de gira por Iberoamérica, al día siguiente, rodeado de periodistas, llevando en la maleta un asunto que los fiscales habían descrito como un “inasumible intento de enjuiciar su actuación en tribunales extranjeros”.
El CGPJ ultima la contratación de un seguro para cubrir las costas de Llarena. https://t.co/1a61p8Oc1o vía @indpcom
— APM Cataluña (@JuecesAPMCAT) September 3, 2018
Así que una rectificación más, ¿qué importa al mundo? Pedro Sánchez en persona declaró que la defensa del juez Llarena no era una cuestión privada, sino del Estado. La ministra Delgado se plantó en Radio Nacional y protagonizó un insuperable ejercicio de contorsionismo para explicar que desde el primer momento se había defendido la jurisdicción española y al juez Llarena. Nadie la creyó, por supuesto. Hasta sus socios parlamentarios criticaron este cambio de posición.
La defensa del juez Llarena y de la jurisdicción española
Ahora hay que esperar a ver qué hace al juez que debe admitir a trámite –o no- la demanda de Puigdemont. El despacho belga, que tiene nombre de bufete de serie de TV –Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick—y, en concreto, su abogado Hakim Bourlarbah, experto en derecho procesal y de origen marroquí, ya se han puesto manos a la tarea de defender al juez Llarena y, de paso, la soberanía e inmunidad de la jurisdicción española.
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El Ministerio de Justicia se ha vengado del ridículo haciendo pública la provisión de fondos de este pleito: 544.982 euros, exactamente. El Mundo no ha pasado por alto este último gesto de la ministra Delgado: “Astucia desleal propia de un político vengativo, capaz de disfrazar de honestidad la filtración demagógica de una cantidad de dinero público destinada a un asunto de justificada envergadura”.
Es urgente esperar. Pero en Flandes, pese a las malas experiencias que tiene España con su Justicia, no se ha puesto el sol del todo.
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